Francisco González, expresidente del BBVA, dice sin rubor que se enteró de la contratación de Villarejo por la prensa

"En mayo de 2018 tuvimos conocimiento de que el Grupo Cenyt había prestado algunos servicios al Grupo BBVA. Inmediatamente abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente, se abrió una pieza judicial", ha explicado antes los medios de comunicación congregados.

Francisco González también ha afirmado que supo por la prensa de la existencia de contratos entre la entidad y las empresas del comisario jubilado y ahora en prisión provisional José Manuel Villarejo en mayo de 2018, ya que nunca vio ningún expediente porque las relaciones con proveedores no pasaban por su mesa, a pesar de que el gabinete de comunicación del banco le mantenía informado de muchas de las operaciones que realizaba la entidad de menor importe, tal y como publicamos en elcierredigital.com.

González se ha explicado así ante el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción en su declaración de más de dos horas y media en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el contexto de la pieza separada número 9 de la causa Tándem, centrada en los contratos entre el BBVA y Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.

Se enteró por el periódico

González ha defendido que no tuvo conocimiento de la existencia de ninguna relación de BBVA con la empresa Cenyt ni el comisario Villarejo hasta mayo de 2018, cuando un medio de comunicación se hizo eco de los pagos del banco a esa mercantil. Fue entonces cuando ordenó abrir una investigación interna al despacho Garrigues, según ha explicado durante su declaración.

El excomisario Villarejo.

Los primeros resultados le llegaron en septiembre de aquel año, cuando tuvo por primera vez constancia de la existencia de los negocios con Cenyt, dado que él no supervisaba las contrataciones ni facturas ni con este ni con ningún otro proveedor, pues no pasaban por su mesa. En todo caso, ha dicho que no le consta ninguna actuación ilegal o irregular encomendada desde el banco y que los sistemas de control y cumplimiento normativo de la entidad jamás detectaron conductas de este tipo en las contrataciones.

Además, ha insistido en que nunca ha conocido a Villarejo ni a su socio en Cenyt Rafael Redondo ni a ningún otro miembro de este grupo empresarial, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas. No obstante, tuvo conocimiento de la intervención de Redondo en un asunto privado, pues según ha dicho a juez y fiscales, descubrió que el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, recurrió a él como asesor para solucionar un problema de seguridad que tenía con una vivienda en Málaga. Ha señalado que, en todo caso, esto fue después de que saltase el caso.

Tras la comparecencia, en la que ha respondido a un extenso interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, González se ha dirigido en una breve declaración sin preguntas a los medios y ha restringido el alcance del 'caso Villarejo' en el BBVA a "alguna conducta irregular de carácter individual" que él, "en este momento", ha dicho desconocer.

Libre sin medidas cautelares

La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado la interposición de medida cautelar alguna, decisión que de entre la decena de directivos y exdirectivos del banco que han pasado ya por la Audiencia Nacional, sólo se ha acordado en el caso del que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, a quien se fijó una fianza de 300.000 euros y del que se presume era el interlocutor de Villarejo.

Javier Ayuso, que fue director de comunicación del BBVA.

En la jornada de este lunes comparecían además el que fuera director de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, como testigo. Ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales durante unos 45 minutos. A continuación, ha sido el turno del policía que en segunda actividad trabajaba para las empresas de Villarejo, Antonio Bonilla. Según informaron en fuentes jurídicas, se ha acogido a su derecho a no declarar por estar la causa bajo secreto.

El policía retirado Antonio Bonilla en una imagen de archivo.

Este martes será el turno de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman y de Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA.

Asimismo, están citados en posteriores días el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos de cohecho y revelación de secretos.

El miércoles 20 de noviembre será la representación legal del banco la que acuda a la Audiencia Nacional, pues BBVA está imputado como persona jurídica por cohecho y también por corrupción en los negocios en relación a este asunto.  En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, así como la sustituta de Corrochano en Seguridad Inés Díaz Ochagavia y el jefe de grupo en este área, Nazario Campo Campuzano.

También han comparecido como investigados el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas; y el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el único de todos los imputados junto a Francisco González que ha optado por responder al interrogatorio en lugar de acogerse a su derecho a no declarar.