27 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

La Justicia revoca el castigo a Amalia Calonge al considerar que los hechos habían prescrito al iniciarse el expediente del 'caso Máster'

El TSJM anula la sanción de la URJC a la funcionaria que modificó las notas de Cristina Cifuentes

El Cierre Digital en Cristina Cifuentes junto a Amalia Calonge.
Cristina Cifuentes junto a Amalia Calonge. / Calonge fue la funcionaria encargada de modificar las notas de Cifuentes.
Tiempo después de estallar el 'caso Máster', la funcionaria encargada de modificar las notas del máster de Cristina Cifuentes, Amalia Calonge, fue sancionada por la URJC, suspendiendo sus funciones durante un año. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras un recurso de la defensa de Calonge, ha considerado que el castigo no procede, ya que los hechos habían prescrito al iniciarse el expediente del caso.

Hace unos años, la opinión pública estallaba contra Cristina Cifuentes al conocer que su Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid estaba repleto de irregularidades. Desde una fecha incorrecta en el título hasta la modificación de la nota de dos asignaturas en el expediente, el título de la expresidenta madrileña perdió toda credibilidad.

La funcionaria que cambió sus notas en 2014, dos años después de haberse matriculado y sin haber vuelto a matricularse, no es otra que Amalia Calonge. La mujer, que ni siquiera trabajaba en el servicio de posgrado ni en el campus donde se impartía, fue sancionada por la URJC por estos hechos suspendiendo sus funciones en la universidad durante un año. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado esta decisión del rector, por prescripción, tras un recurso de la defensa de Calonge.

Sanción anulada

En 2014, Amalia Calonge cambió, desde la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos, las notas de dos asignaturas del máster que Cristina Cifuentes había cursado: ‘La financiación de las comunidades autónomas’ y el ‘Trabajo de Fin de Máster’. Concretamente, las asignaturas pasaron de “No presentado” a “Notable”, algo que ocurrió dos años después de haberse matriculado y sin haber mediado una nueva matrícula.

Cristina Fuentes y Javier Ramos, rector de la URJC.

Amalia Calonge fue la encargada de realizar estos cambios y, un tiempo después, suspendida de sus funciones en la URJC, en una sanción del rector Javier Ramos. El pasado 20 de marzo, sin embargo, el TSJM revocó dicho castigo ya que considera que, al iniciarse el expediente del ‘caso Máster’, los hechos habían prescrito. Aun así, también se descubrió que había modificado las notas del expediente de otro alumno en 2016, así que la sanción impuesta por esos hechos continúa vigente: ha pasado de un año a cuatro meses de suspensión.

Cristina Cifuentes, absuelta

Acompañada por su hijo, Cristina Cifuentes acudió el 15 de febrero de 2021 a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas. Elcierredigital.com reproduce a continuación dicha sentencia:

Acceder a la sentencia pinchando en la imagen.

 

La Fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado para la Fiscalía que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Maite Feito, exasesora de Educación, mientras reclamó 21 meses para la directora del polémico máster Cecilia Rosado; y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, ya fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el Tribunal, algo que también hicieron otros alumnos. "Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas. En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de "presiones" de Enrique Álvarez Conde y de Maite Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor, José Antonio Choclán, reclamó la absolución de la expresidenta autonómica de Madrid, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue "puramente selectiva" y "arbitraria" al no ser "objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia".

El letrado Choclán aludía a las "irregularidades" detectadas en una pieza separada en "todos los alumnos investigados", un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. "Todo se cocinó en la universidad", manifestó.

Feito y Rosado, condenadas

Respecto a otras dos personas implicadas: por una parte, la profesora y exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito, el Tribunal la condenó a la pena de tres años de prisión como autora responsable de un delito de falsedad en documento oficial relativo a la falsificación del acta de Trabajo Fin de Máster (TFM) de la que fuera máxima responsable del ejecutivo regional madrileño.

En cuanto a la tercera acusada, Cecilia Rosado, profesora de la URJC, que en la vista oral reconoció haber colaborado en la falsificación del documento, los jueces la condenan por este hecho a un año y seis meses de prisión, tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia.

El juicio quedó visto para sentencia el 5 de febrero de 2021 y diez días después se ha podido conocer la sentencia. Tanto la Fiscalía como la propia Universidad Rey Juan Carlos estudiaron recurrir dicha sentencia.

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