Funcionarios de prisiones se movilizarán hasta que el ministro Marlaska "cumpla su palabra"

En rueda de prensa, Jorge Vilas, responsable de prisiones de CSIF y José Ramón López, presidente del sindicato ACAIP-UGT, acompañados por Carlos Álvarez, Secretario Federal del sector AGE de UGT y José Francisco Lama, Secretario de Acción Sindical de CSIF, han expuesto los motivos que han llevado a estas organizaciones sindicales a declarar la situación de conflicto colectivo en el ámbito de Instituciones Penitenciarias.

En este sentido, las organizaciones representativas del colectivo han negado la capacidad de interlocución con Instituciones Penitenciarias bajo la dirección de Ángel Luis Ortiz, que "resulta insostenible", y que les ha llevado a tomar la firme decisión de romper todas las relaciones ante "la falta de confianza hacia los interlocutores que tenemos en la Administración Penitenciaria". 

Por ello, instan a Grande-Marlaska para "cumpla su palabra" de que este año sería el de las mejoras con la nueva Ley de Función Pública o el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad.

Sin descartar la convocatoria de una nueva huelga general, ACAIP-UGT y CSIF esperan a ser convocados por el ministro del Interior, un encuentro al que irán con "la mejor voluntad" para retomar la negociación a partir de la propuesta que se trasladó por la Administración en septiembre de 2018, y que luego retiró, de destinar 123 millones de euros para la subida salarial. 

"Mala fe negocial" 

Los representantes de los trabajadores de prisiones denuncian "una mala fe negocial", que ilustran con ejemplos como "la interpretación torticera del acuerdo del baremo para el concurso de traslados, la nula atención que se presta a la Comisión de Igualdad dependiente de la Mesa Delegada con constantes incumplimientos en esta materia, en el proceso de estabilización no se ha tenido en cuenta a la parte social para su desarrollo, en la comisión del seguimiento del protocolo de agresiones se produce una total falta de respeto al colectivo con constantes incumplimientos de este, no se facilita la cobertura jurídica y psicológica del funcionario agredido, no se facilitan los medios coercitivos suficientes  ni tampoco adecuados, tampoco prendas de protección, no se califica adecuadamente la gravedad de los daños sufridos por parte de los funcionarios agredidos, entre otros"

"Somos el patito feo del Ministerio del Interior; somos necesarios pero no nos dan importancia", se han quejado, recordando que su función está regulada por normativas preconstitucionales a pesar de que hacen frente a realidades como la de los internos condenados por yihadismo o por crimen organizado.