16 de septiembre de 2019
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FIN DE SEMANA

El juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga las conversaciones halladas en una pieza del caso Lezo

La UCO de la Guardia Civil implica al exministro Piqué en amaños para conseguir contratos de la Ciudad de la Justicia en Madrid

El exministro Josep Piqué.
El exministro Josep Piqué.
El juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid de la Audiencia Nacional investiga al exministro de Industria, Ciencia y Exteriores Josep Piqué después de que la UCO de la Guardia Civil encontrase unas grabaciones en el caso Lezo. Las conversaciones en las que también aparecen el expresidente Ignacio González y el exconsejero de OHL Javier López Madrid, tratan sobre la adjudicación de un contrato de construcción para la Ciudad de la Justicia de Madrid, cuyo valor ascendería a 750 millones.

El caso Lezo va dejando damnificados conforme avanzan las investigaciones. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron documentos en una pieza dentro del sumario Lezo varias conversaciones en las que se menciona a una persona Josep Piqué, referencia que relacionan de forma directa con el político, según adelantó la cadena Ser.

Las conversaciones, en las que también aparecen como protagonistas el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero de OHL Javier López Madrid, tratan sobre la adjudicación de un contrato de construcción para la Ciudad de la Justicia de Madrid, cuyo valor ascendería a más de 750 millones. El caso ha caido en el Juzgado Central e Instrucción número 5 de José de la Mata porque ya investiga las supuestas irregularidades en el campus de la Ciudad de la Justicia en Madrid.

Piqué es actualmente miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa. El 13 de octubre de 2017 fue nombrado consejero independiente de Aena.​ El 19 de diciembre de 2017 fue nombrado presidente de la compañía aeronáutica ITP Aero, del grupo Rolls Royce.

La Audiencia Nacional en Madrid.

La UCO remitió un oficio al juzgado titulado "Hallazgo casual de información obtenida durante el análisis de la documentación", mediante el que comunican la existencia de un supuesto amaño en la adjudicación del contrato para la ejecución, construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que la Mesa de Contratación propuso adjudicar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre OHL y Acciona en 2015, con un valor de 771 millones de euros.

Los agentes basan sus sospechas en dos cadenas de correos electrónicos cruzados entre los sospechosos en abril de 2015, que han sido descubiertas en un pendrive intervenido a Javier López Madrid entonces consejero de OHL. El 21 de abril de 2017 el juez Eloy Velasco decretó la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Javier López Madrid en el marco de la Operación Lezo. El 18 de diciembre de 2017 este empresario compareció en calidad de testigo, junto a Ignacio González y Eduardo Zaplana, en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional para ser interrogado acerca de otras grabaciones del caso Lezo.

Según la cadena Ser, en la primera de las cadenas de mensajes, escrita entre el 7 y el 8 de abril de 2015, el entonces presidente-director general de la actividad de OHL en España, Rafael Martín de Nicolás, comunicó a Josep Piqué que se habían presentado en UTE con Acciona al concurso, que creen tener muchas posibilidades para la adjudicación por las "conversaciones mantenidas previamente" con los servicios técnicos, pero que aún así sería "muy importante hacer gestiones al más alto nivel" y para ello expone un nombre, el de quien era entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Para la UCO, estos correos electrónicos "pudieran ser indicativos de posibles intentos de manipulación de la adjudicación" de este contrato millonario. La Mesa de Contratación propuso adjudicar la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid a la UTE OHL-Acciona, tal y como pretendían los sospechosos.

Josep Piqué se defiende

Sin embargo, aquel mismo mes, Cristina Cifuentes relevó en la presidencia de la Comunidad de Madrid a Ignacio González y el 15 de julio, por orden de la Consejería de Presidencia, quedó en suspenso la adjudicación del contrato.

Fue entonces cuando las empresas OHL y Acciona iniciaron entonces un procedimiento judicial para reclamar una indemnización a la Comunidad de Madrid por el perjuicio provocado al no concederles finalmente el contrato de 771 millones. La resolución del caso está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo.

La Cadena SER contactó con el exministro y exvicepresidente de OHL Josep Piqué, quien "no recuerda" haber remitido los correos. Ahora, "con el paso de los años y vistas muchas cosas", estos correos pueden interpretados como un supuesto tráfico de influencias, ya que le pedían contactar con Ignacio González para hablar de la adjudicación, pero sostuvo que "jamás se le pasó por la cabeza" amañar el contrato y recalcó a la SER que durante su mandato en la empresa puso en marcha iniciativas para evitar este tipo de prácticas. Asimismo, el exministro afirmó que "hace años" que rompió su relación con Javier López Madrid.

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