Fraude criptomonedas: Piden el ingreso en prisión de la mujer de Biosca por su posible coautoría

La Asociación de afectados por inversiones en criptomonedas ha solicitado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional la prisión provisional de Paloma Gallardo, mujer de Javier Biosca, investigado por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que, según estimaciones de los afectados, podría superar los 475 millones de euros.

En un escrito al que ha tenido acceso elcierredigital.com, estiman "necesario volver a tomar declaración a la querellada" así como que se "practique diligencia de prueba en la instrucción de la causa, prueba testifical". En este sentido, en el citado documento constan una serie de testimonios que sitúan a Paloma Gallardo en el centro de las operaciones, por lo que piden, asimismo, que también se los cite a declarar. "Si se cita a todas las personas mencionadas como testigos en las presentes Diligencias Previas, al objeto de ratificarse y en su caso ampliar las declaraciones que en el mismo constan, creemos que ampliamente se acreditará la coautoría de Dª Paloma Gallardo Leal, de los delitos por los que se presentó la querella iniciadora".

Y es que de estos testimonio, tal y como recoge el escrito, se extrae que Paloma "realizaba operaciones en las wallets desde su propio teléfono y pagaba en criptomonedas desde su teléfono artículos de lujo. Así mismo era la encargada de planificar y realizar las numerosas fiestas que se celebraban para la captación de clientes, siendo la encargada además de dar imagen de estabilidad frente a los clientes, poniéndose de ejemplo para lo que podían llegar a conseguir mediante las inversiones en criptomonedas a través de ellos".

Javier Biosca y Paloma Gallardo. 

"En todas las reuniones con inversores o futuros inversores, siempre estaba ella con su hijo, por lo que los dos participaban de todo el negocio, no solo en las consecuencias de la actividad delictiva, es decir el lucro, sino que ambos, junto con Javier Biosca, sabían todo acerca del negocio y como se llevaba a cabo la actividad fraudulenta, participando así de todos y cada uno de los elementos que componen los distintos tipos delictivos por los que se les está investigando" prosiguen en su exposición.

Visitas a la cárcel 

Por otra parte, desde la  Asociación de afectados por inversiones en criptomonedas advierten que Paloma Gallardo visita todos los domingos en la prisión a su marido, "pudiendo perfectamente recibir las ordenes necesarias y la información para seguir moviendo el dinero en el extranjero, impidiendo que desde España se pueda seguir su rastro". 

Existe un precedente, según indican en el escrito, ya que en el momento en que Paloma Gallardo tuvo conocimiento de la detención de su marido, y antes de que se llevara a cabo el registro de la vivienda que Javier Biosca alquiló con una identidad falsa, ésta "se llevó consigo ordenadores portátiles y aparatos móviles de teléfono [...] facilitando haya podido ocultarlos o puestos a buen recaudo con personas de su confianza, obstruyendo con este proceder la investigación, facilitando la destrucción de pruebas, e impidiendo recupera las cantidades estafadas" según el testimonio de diversos testigos. 

Compra y venta de divisas digitales

El negocio de Javier Biosca y su familia consistía en la compra y venta, en tiempo real, de este tipo de divisas digitales tales como Bitcoin, Ethereum o Litecoin con la ayuda de un programa que analizaba el mercado financiero. De este modo, Biosca ofrecía a sus clientes, inicialmente sus vecinos, ganancias semanales de entre un 20% y un 25% por su inversión, operaciones que comunicaba con mensajes personalizados a través de WhatsApp, y cuyos altos beneficios iniciales fueron atrayendo, gracias al boca a boca, a nuevos inversores.

“Su poder de convicción y capacidad de aparentar cercanía, accesibilidad y honradez, conseguían embaucar a todo el mundo sin ningún tipo de escrúpulo ni consideración o lástima”, relata la querella presentada por la abogada Emilia Zaballos, y admitida a trámite el pasado 4 de mayo, dirigida también contra la mujer de Biosca, Paloma Gallardo, y su hijo Sergio. “Los afectados son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”.

Estafa piramidal tipo Ponzi

Javier Biosca, definido en esta causa como un “autodidacta”, se convirtió en un experto estudiando este negocio por su cuenta. En verano de 2019 comenzó con 19 clientes, conocidos de su entorno, y un año después, en 2020, contaba con entre 300 y 500 inversores, una cifra que se incrementó hasta alcanzar los 3.000. Un ‘modus operandi’ que, similar al de las estafas piramidales tipo Ponzi en las que los nuevos clientes pagan las ganancias de los antiguos de modo que es posible ofrecer altas rentabilidades ficticias, comenzó a levantar las primeras sospechas durante los meses de pandemia, precisamente cuando el negocio alcanzó su máxima popularidad.

Fue entonces cuando se produjeron las primeras situaciones de irregularidad, los primeros retrasos y errores en los pagos, llegándose incluso a duplicar transacciones por valor de hasta 200.000 euros. Una mala gestión que sembró las dudas tanto de los inversores como de los intermediarios, y que terminó por desencadenar la huida de Javier Biosca y su posterior detención el pasado mes de junio.

No es este el único caso registrado en España. Las presuntas estafas con criptomonedas han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales de este tipo. El 21 de abril se conocía que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptaba la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife) y se hacía cargo de la investigación de una trama piramidal que usaba la inversión en criptomoneda a través de una mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para estafar presuntamente a sus clientes. Cifraba las víctimas en 1.127 personas y el perjuicio económico en más de 41 millones. 

La abogada Emilia Zaballos. 

Desde el despacho Zaballos Abogados, ponen a disposición su número de teléfono 91 310 30 00 y la dirección donde están ubicados, Calle Luchana 8, Local IZQ | 28010 Madrid. Además, el correo electrónico para cualquier consulta de afectados es asociacionafectadosbiosca@gmail.com y la web para que cualquier persona que haya sido damnificada por el negocio de las criptomonedas se inscriba es: https://www.asociacionafectadosbiosca.es/ o https://www.asociacionafectadoscriptomonedas.es/