Juan Carlos I, de jefe del Estado a "comisionista internacional": La Fiscalía mantiene la presión sobre el Rey Emérito

Hace ya más de un año desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumiera la primera de las tres investigaciones que afectan a Juan Carlos I, que acabó por abandonar España rumbo Abu Dabi para, tal y como se desprendía del comunicado que emitió la Casa Real, no seguir dañando a la institución monárquica. Lo hizo con el título de emérito, bajo la sombra de sus cuentas en paraísos fiscales y de los escándalos sobre sus aventuras extraconyugales. Su exilio voluntario en la isla de Zaya Nurai, no acalla, sin embargo, la polémica de estas supuestas irregularidades.

Al Rey Emérito se le investiga por tres causas. La primera, iniciada a finales de 2019, indaga los gastos que, entre 2016 y 2018, realizaron presuntamente Juan Carlos I y algunos miembros de la Familia Real con tarjetas opacas nutridas con dinero del empresario mexicano Sanginés-Krause. La segunda, cuyas diligencias se abrieron el 8 de junio de 2020, el supuesto cobro de una comisión de 65 millones de euros por la adjudicación a doce empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca en 2012. La tercera, anunciada el 6 de noviembre de 2020, por un posible entramado financiero en la Isla de Jersey.

Ninguna de ellas está todavía judicializada, aunque sí comienzan a conocerse los primeros detalles. 

Sin ir más lejos, ayer, El Mundo adelantaba el contenido de la comisión rogatoria trasladada en febrero por el teniente fiscal del Alto Tribunal a la Oficina Federal de Justicia de Suiza. El documento sostiene que, por primera vez, el Ministerio público dispone de elementos para sospechar que la fortuna oculta de Don Juan Carlos habría sido amasada mediante "comisiones y otras prestaciones de carácter similar en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".

De este modo, tal y como recoge el citado medio, el fiscal pide a las autoridades helvéticas la información de todas las cuentas suizas de la Fundación Zagatka, presidida por Álvaro de Orleáns -primo del Rey Emérito-, entre los ejercicios 2016 y 2019. La Fiscalía asegura, asimismo, que cuenta con "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación" proceden de esta actividad ilícita, por la que el Rey podría haber incurrido en cuatro delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".

El Rey Juan Carlos. 

No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo, a través de un comunicado, ha puesto prudencia a las conclusiones sobre el futuro judicial de Juan Carlos I, indicando que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".

Esto supone que con la comisión rogatoria "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".

Regularización ante Hacienda 

La comisión rogatoria enviada por el fiscal del Supremo a Ginebra tiene fecha de 24 de febrero. Curiosamente, el abogado del Rey Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, comunicaba tan solo 48 horas después la regularización efectuada ante "las autoridades tributarias competentes".

"La presentación de las autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por Su Majestad, de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas", explicaba entonces el letrado.

En total, se pagaron 4,4 millones de euros a Hacienda por los fondos de la Fundación Zagatka investigados, en un movimiento que, ahora -y a falta de que se aclare si el Emérito ya había sido notificado cuando tuvo lugar la regularización-, parece destinado a evitar una posible imputación. 

Juan Carlos I responde

Don Juan Carlos, a través de un comunicado firmado por su abogado, Javier Sánchez-Junco, asevera que el informe elaborado por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, "contiene graves afirmaciones e imputaciones de conductas".

El Emérito acusa a la Fiscalía del Tribunal Supremo de "perjudicarle gravemente" y "conculcar su presunción de inocencia" al afirmar que ha ganado su fortuna oculta "a través del cobro de comisiones en negocios internacionales". Según el ex jefe del Estado, estas acusaciones "se realizan", a su juicio, "sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación".

Sánchez-Junco, un duro fiscal reconvertido en abogado de famosos

Javier Sánchez-Junco Mans, el letrado del Rey Juan Carlos, es un brillante jurista, perfecto conocedor del Derecho Internacional y experto en asuntos económicos. En 2001 fundó su propio despacho, Sánchez-Junco Abogados, después de veinte años en la carrera fiscal.

El Fiscal suizo Yves Bertossa. 

Como tal, ejerció en el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y en su homólogo en Madrid. Dio después el salto a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, a la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Pero su fama mediática la alcanzó en 1996 con su llegada a la recién creada Fiscalía Anticorrupción. Allí trabajó duramente, codo con codo, con su jefe superior, el fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

Fue su último cargo en la función pública, donde se mantuvo cinco años. De Javier Sánchez-Junco siempre se dijo que era un fiscal muy duro en la exposición de sus argumentos. Y si no, que se lo pregunten al expresidente de Banesto, Mario Conde, por cierto, amigo íntimo de Juan Carlos I en los años de esplendor del banquero de Tuy. Fue en 1999 cuando mantuvo un duro careo con Conde durante el juicio del Caso Banesto, donde exigió para él 49 años de cárcel.

Mario Conde. 

En 2001 decidió salirse de la carrera fiscal y formar con otros socios su propio despacho de abogados, situado en el número 5 de la calle Fray Juan Gil, de la capital de España. Sánchez-Junco Abogados, según su página web, está especializado en “Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, delitos Societarios, delitos contra el Patrimonio y el orden Socio-económicos, delitos contra la Hacienda Pública, delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, delitos contra el Honor, delitos contra los derechos de los Trabajadores, delitos contra el Mercado y los Consumidores y delitos contra el Medio Ambiente y Urbanismo”.

Javier Sánchez-Junco también se dedica a la docencia y es profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III, como en el Máster de Derecho Penal Económico de KPMG, además de haber impartido clase en ICADE y en la UNED, entre otros escenarios docentes. 

¿Por qué ha escogido el Rey Emérito a este letrado? Fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com, señalan que "como fiscal anticorrupción en excedencia puede conocer los recursos que utilizará su colega de Anticorrupción del país helvético". 

En el polo opuesto, también conoce bien lo que es el estrado mediático. Así, ha ejercido de abogado defensor en casos que salpicaban directamente a la gran banca, como el de los sobresueldos de los banqueros José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui pagados por Emilio Botín. Se trataba del conocido caso Amusátegui, donde se acusaba de percibir indemnizaciones millonarias a los dos primeros tras la adquisición del Central Hispano por parte del Banco de Santander de Botín. 

Emilio Botín. 

También ha trabajado como abogado defensor en casos indirectamente relacionados con miembros de la monarquía española. Así, se encargó de defender a Javier López-Madrid en el caso de las tarjetas black de Bankia. López-Madrid es yerno del dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y es además íntimo amigo de los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, su celebre compiyogui.

Se hizo célebre precisamente por esto. En el sumario del polémico caso de la doctora Elena Pinto se filtraron mensajes, que publicó el periódico El Mundo, en los que la Reina Letizia se dirigía a él como compiyogui.

Más recientemente, en su cartera de clientes figuran nombres relacionados con el BBVA, entidad crediticia para la que ha trabajado como abogado para interponer denuncias contra organizaciones como en su día Ausbanc y Luis Pineda o contra la empresa audiovisual del presentador Risto Mejide. También en esta relación con el BBVA de Francisco González, figura en su lista de clientes Eduardo Arbizu, exresponsable jurídico del BBVA, acusado de delitos de cohecho y revelación de secretos por la Audiencia Nacional en el Caso Villarejo.

Otro nombre, el del excomisario, que como todos los anteriores forman parte de los mayores quebraderos de cabeza del Rey Emérito y, por ende, del actual monarca español Felipe VI.