El juez del "Delcygate" dilata el caso y exige fianzas a los partidos personados mientras decide si admite al PP

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal Domper, ha acordado solicitar la consignación de 5.000 euros al Partido Laócrata y de 20.000 euros a Vox para que estas organizaciones políticas puedan estar representados como acción popular en dicho caso que afecta, por ahora, indirectamente al ministro Jose Luis Ábalos. Un juzgado ordinario madrileño, en el que se ha acumulado toda la investigación sobre el conocido como ‘caso Delcygate’, que parece con estas medidas querer dilatar la causa. 

Mientras tanto, el Partido Popular también espera que el juez aclare su personación como acusación popular en este nuevo Juzgado, aunque ya lo hizo en el Juzgado de Instrucción número 47, de Adolfo Carretero Sánchez, que sí admitió su personación. Ahora, extrañamente, el titular del Juzgado del 31 les pide que razonen de nuevo su interés en el caso, a pesar de que en la causa "heredada" ya estaban personados como acusación popular.

En aquella ocasión el magistrado titular del Juzgado 47 sí admitió la personación de los populares, que acusan al ministro de Transporte del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, de un presunto delito de prevaricación por su intervención en el "Delcygate". Pero Carretero, días mas tarde se inhibió y el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla decidió que toda la investigación recayese en el número 31, ya que allí era donde comenzó a instruirse la primera denuncia del Partido Laócrata y de la formación Vox.

El juez Antonio Serrano-Arnal Domper, que lleva el Delcygate y su pareja, la gran Duquesa María de Rusia.

Todo esto contribuye a dilatar más el proceso judicial. Con ello, el instructor del Juzgado nº31, Antonio Serrano-Arnal Domper, no ha iniciado aún las diferenetes peticiones de diligencias por parte de las tres acusaciones populares, una de las cuales pretende ejercer el Partido Popular, que ya pidió en su momento el requisado inmediato de las grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Barajas, que se suponen que están guardadas pero nadie sabe lo que han hecho con ellas. Así como los planes y el registro del vuelo en el que llegó y salió Delcy Rodríguez. Pero nadie ha tomado medida alguna.

Una visita conflictiva

El pasado 20 de enero la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo en Barajas, donde se entrevistó con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Desde entonces las sucesivas denuncias han generado un laberinto o maraña judicial complicada de desenredar.

La primera denuncia fue presentada por el Partido Laócrata en los juzgados de Plaza de Castilla. El cabeza visible de esta formación, que no tiene representación, es el exsocialista sevillano Sergio Cebolla, el militante que intentó enfrentarse en las últimas primarias al líder socialista  Pedro Sánchez.

El miedo en su momento del Partido Popular al unificarse las causas era que "este partido escisión del PSOE no quisiera ir contra el verdadero culpable que es Ábalos, sino actuar contra los policías y mandos que cumplieron las órdenes de sus superiores políticos", una predicción que se cumplió tal y como ya contamos en elcierredigital.com.

Unos días después PP y Ciudadanos denunciaron lo mismo ante la Fiscalía General del Estado, que remitió la denuncia, tomándose su tiempo, a la Fiscalía de Madrid que dijo haber abierto unas diligencias de investigación, que nunca se materializaron en ninguna orden concreta.

En medio de este desierto judicial, el PP presentó otra denuncia en el juzgado de guardia, que resultó ser el de Instrucción número 7 de Madrid. En este caso, la jueza Susana Trujillano hizo su trabajo y requirió al organismo público Aena, como medida urgente, que conservase las imágenes del aeropuerto de Barajas. En aquel auto, la jueza destacó la existencia de indicios por un posible delito de prevaricación administrativa, dado que alguien –sin acusar directamente a Ábalos– permitió que Rodríguez pisara territorio español en contra de la resolución de la UE.

Delcy Rodríguez.

Tras enviarlo luego al Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla para su reparto, el caso correspondió por turno al Juzgado número 47 de Madrid, que luego se inhibió en favor del número 31. El problema es que justo antes de inhibirse, los abogados del PP se personaron y solicitaron del juez una completa batería de diligencias a practicar, desde la visión inmediata de las cámaras de seguridad, hasta la ruta oficial de vuelo de la aeronave y el destino final de las famosas maletas que se sacaron del avión de Delcy Rodríguez. Medidas que todavía no ha puesto en marcha el Juzgado de Instrucción número 31, encargado de la causa.

El titular de este juzgado, Antonio Serrano-Arnal Domper, ya es famoso en los medios de comunicación por haber instruido la Operación Puerto, la lucha policial contra el dopaje en el deporte, haberla sobreseido y haber provocado que la Audiencia Provincial la reabriese.También fue el juez que condenó al ahora magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné de conducir durante 8 meses tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. Además, Serrano-Arnal es el actual juez instructor del Caso Rato, que le ha supuesto ya una advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el largo retraso en la instrucción de este caso.

Ahora las acusaciones particulares esperan que instruya diligencias más rápidamente que en otras ocasiones y el PP espera que sea su personación sea firme lo antes posible, ante una posible técnica de dilación del caso.

Por su parte, como ya anunció elcierredigital.com, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivará las denuncias presentadas ante el Alto Tribunal por el caso 'Delcygate' y la presunta prevaricación administrativa del ministro José Luis Ábalos, según ha podido saber en exclusiva nuestro periódico de fuentes jurídicas de toda solvencia. La Sala sostiene que tiene que ser la Unión Europea la que determine primero que Tribunal es el competente para llevar cabo la investigación judicial ante de admitir a trámite cualquier querella.