Jaime Botín condenado a pagar 52 millones y 18 meses de cárcel por sacar de España un Picasso con la intención de subastarlo

Jaime Botín ha sido condenado a 18 años de cárcel por sacar un cuadro de Pablo Picasso de España sin permiso de las autoridades. El problema es que Botín tiene ya una sentencia de 9 meses de cárcel que unida a estos 18 suponen 27 meses de prisión, por lo que debería ingresar en prisión si se convierte en sentencia firme.

Pero la sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid y se establece que el cuadro es propiedad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Además, Botín ha sido multado con 52,4 millones de euros, el doble de lo que fue tasada la obra que Botín intentaba sacar de España. Botín también ha sido condenado al pago de las costas procesales. 

La Fiscalía de Madrid acusa al expresidente de Bankinter Jaime Botín Sanz de Sautuola García de los Ríos de un delito de contrabando de bienes culturales, en concreto,  por su presunto intento de sacar de España un cuadro de Pablo Picasso de forma ilegal para venderlo en una subasta en Londres, incluso cuando el Ministerio de Cultura había dictado la “inexportabilidad de la obra”.

El cuadro de Picasso 'Cabeza de mujer joven'.

Jaime Botín, según la acusación, era propietario de un cuadro original de Picasso llamado 'Cabeza de mujer joven' y pintado en 1906, que tenía en su domicilio de Pozuelo de Alarcón. Con el objetivo de vender dicha obra, el banquero se puso en contacto con la casa de subastas Christie’s, la cual ya había programado una venta con la inclusión de dicha pintura para el mes de febrero de 2013 en Londres.

El personal de Christie’s le informó de que debía pedir autorización al Ministerio de Cultura español para su exportación al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español por su evidente interés histórico  artístico y por tener una antigüedad superior a cien años.

Obligada autorización de Cultura

De hecho, la Fiscalía recordó durante el juicio que la actual legislación exige esta autorización administrativa expresa y previa del Ministerio de Cultura para la salida de España de estos bienes, incluso temporal.  Según el fiscal, este fue el motivo por el que el 5 de diciembre de 2012 Botín autorizó por escrito y personalmente a "Christie’s Ibérica, S.L." la presentación y gestión de la licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra, ante el Ministerio de Cultura.

Pero según el escrito de la Fiscalía, "ese mismo día la citada empresa solicitó telemáticamente al Ministerio dicha solicitud de exportación definitiva, datando el cuadro en 1906, valorado en 26.200.000 euros, para su subasta en Reino Unido, declarando que el cuadro se halla en Madrid, y como aduana de salida Madrid”. Seguidamente, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, organismo consultivo del Ministerio de Cultura en este tipo de expedientes, propuso por unanimidad la denegación de la exportación solicitada y, en consecuencia, el Director General de Bellas Artes denegó la solicitud, que se notificó a Christies y al acusado el 27 de diciembre de 2012.

El lujoso yate 'Adix' de Jaime Botín, donde suspuestamente trasladó el cuadro de Picasso hasta Córcega. 

No solo eso, sino que un día después, como previsión de lo que podría ocurrir, el Ministerio de Cultura emitió una Orden Ministerial declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración de Bien de Interés Cultural que también fue notificada a Christies y al acusado.

Intervenido en el puerto de Calvi (Córcega, Francia)

Pero según el fiscal,  a pesar de "ser plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa expresa -añade la Fiscalía- , en vigor desde entonces, el acusado trasladó el cuadro al yate "Adix" de su propiedad real, cuando en el mes de junio estaba atracado en el puerto de Valencia, con el objetivo de sacarlo ilícitamente de nuestro país, dando instrucciones a su capitán, Paul Frederick Goss, para que ocultara a las Autoridades la presencia de la obra en el barco".

De hecho,  a partir del escrito de la Fiscalía, cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó el 10 de junio de 2015 una inspección en el buque,  y pidió al citado capitán que hiciera una declaración de los bienes que estaban a bordo, éste, siguiendo las instrucciones de su patrón, no incluyó en el listado esta obra de arte, aunque sí incluyó otras. Varios días más tarde, en julio, el barco llegó al puerto de Calvi (Córcega, Francia)  con el cuadro a bordo. Para entonces, según el fiscal, el acusado había contratado a la empresa "Netjets Transportes Aéreos, S.A." la reserva de un vuelo para trasladarse con el cuadro de Calvi a Ginebra (Suiza). 

Jaime Botín se enfrenta a cuatro años de cárcel y a 100 millones de euros de multa. 

La acusación defiende que el banquero siguió adelante y  “dio previamente instrucciones al capitán del buque para que embalara y preparara el cuadro para su traslado fuera de la embarcación". Fue entonces cuando los servicios aduaneros franceses, al tener conocimiento de que el acusado estaba tramitando el permiso de salida del vuelo con un cuadro,  ordenaron inspeccionar su interior. Un control que dio como resultado “la localización del cuadro embalado en la cabina del comandante”.  Los agentes,  “al tener conocimiento de la falta de la preceptiva autorización administrativa para su salida de territorio español, proceden a su intervención", según el fiscal.

En agosto de 2015 el Juzgado Instructor acordó el aseguramiento del cuadro como medida cautelar solicitando también el traslado del bien a España. Ese mismo mes la Autoridad Judicial de Bastia autorizó la entrega de la obra a los agentes de la Guardia Civil, verificándose el traslado de la obra y "quedando depositada en el Museo Nacional Reina Sofía, a disposición judicial".

Hace algo más de dos años que el expresidente de Bankinter Jaime Botín se enfrentaba a otro juicio. En ese caso, en 2017, aceptó una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa por haber defraudado presuntamente un millón de euros por la “deslocalización” de un avión privado en Portugal, donde no existían impuestos para este tipo de actividades.