El Tribunal de Cuentas juzga a Artur Mas por la supuesta malversación en la consulta del 9-N

Artur Mas se juega su dinero en este proceso, donde se le está juzgando por los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre (9-N) de 2014 que fue prohibida por el Tribunal Constitucional. La fianza que impuso el juez, tanto a él como al resto de exconsejeros, fue de 5,27 millones de euros, de los cuales Mas aportó 2,9 millones de euros, que fueron sufragados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El resto del dinero, otros 3,2 millones, quedó pendiente de pago, por lo que se les embargaron diferentes inmuebles. A Mas se le embargó su vivienda familiar de la calle Tuset de Barcelona, a Homs la mitad de su residencia en Taradell (la otra mitad es de su esposa), a Rigau, una finca en Ribes de Fresser (Girona) y a Ortega, su vivienda de Barcelona.

El Tribunal de Cuentas dividió el coste del 9-N en varios bloques y asignó una partida económica de responsabilidad a cada uno de los exmiembros del gobierno de la Generalitat, considerando a Mas como "máximo y último responsable".

El juicio tiene previsto prolongarse hasta el jueves. Mas y sus exconsejeros se sentarán de nuevo en el banco de los acusados a raíz de las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana (SCC), Abogados Catalanes por la Constitución y la Abogacía del Estado.

En una entrevista en RNE antes de comparecer ante el órgano fiscalizador del Estado, Artur Mas ha asegurado que no hubiera lanzado el mensaje que envió Torra en un acto en el primer aniversario del referéndum soberanista del 1 de octubre, en el que instó a los CDR a “apretar” y ha señalado que él “lo hubiera hecho de otra forma”. También, ha querido diferenciarse de Puigdemont, del que ha dicho que “iba a manifestaciones soberanistas y yo no. En mi caso, entendía que tenía que preservar mi perfil institucional, pero lo respeté absolutamente”.

El considerado como el ideólogo del procés, dice ahora que no desconvocó la consulta del 9-N de 2014 por la que está siendo juzgado en el Tribunal de Cuentas "para evitar males mayores”. Mas afirma que en aquel año ya había 40.000 voluntarios movilizados y que él no ya no tenía capacidad para frenarlos, según ha declarado en la entrevista antes de comparecer ante el Tribunal de Cuentas. Además, ha negado que haya cometido la malversación de la que se le acusa.