21 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

El PSOE se desmarca de las presuntas irregularidades de esta Fundación andaluza "sin ánimo de lucro"

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el "banquero" de Susana Díaz, cobra 200.000 euros por su cargo oficial

Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol
Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol
La polémica por el oscurantismo de las gestiones de la Fundación Cajasol y sus supuestas irregularidades saltó al Parlamento de Andalucía hace unos días. Antonio Ramírez de Arellano López, consejero de Economía y Administración Pública, negó las posibles anomalías relacionadas con el sueldo de Antonio Pulido y con la transformación de Cajasol de Fundación ordinaria a Fundación bancaria. El PP acusa a Pulido de recibir un sueldo "estratosférico", de 200.000 euros

Como ya informamos en exclusiva en este periódico, el jueves 27 de septiembre el principal partido de la oposición en el Parlamento de Andalucía, el Partido Popular, preguntó por las supuestas irregularidades de la Fundación Cajasol, dirigida por el socialista Antonio Pulido, el “banquero de Susana Díaz, que acaba de adelantar las elecciones andaluzas para el 2 de diciembre. 

Antonio Pulido con altos dirigentes de la política nacional española

Las cuestiones fueron dirigidas hacia el consejero de Economía Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano López, a quien se le preguntó en relación con las actuaciones respecto a la denominada Fundación Cajasol. En concreto, desde el PP andaluz le preguntaron por dos cuestiones, la primera, relativa a si el Consejo de Gobierno, “a través de su protectorado que ejerce en la Fundación Cajasol”, autorizó el sueldo de Antonio Pulido por ser el presidente de la entidad. Según los estatutos de la propia Fundación, los miembros no pueden recibir ningún tipo de sueldo, salvo que tenga un cargo ejecutivo como director general o gerente, cargos que Pulido no ocupa y, sin embargo, percibe un salario de 200.000 euros al año.

Esta situación se la recordaron desde la bancada popular, apuntando que la propia Ley de Fundaciones Andaluzas dice que los cargos son no remunerados y que los estatutos de Cajasol, “bordeando la ley”, dicen: «aquellos altos cargos que, a la vez, ejerzan funciones de gerencia, podrán tener retribuciones, que no podrán ser superiores al 30% del sueldo del mayor cargo”. Así, el popular Venzal Contreras aseguró que el gobierno socialista “tienen la obligación de fijar ese sueldo. Y no lo digo yo, lo dice un propio informe y contestación, dado por la Consejería que usted preside” y “no nos consta que ustedes hayan autorizado ese sueldo”. El consejero socialista contestó a estas acusaciones alegando que “no hemos tenido constancia de ninguna parte interesada que haya cuestionado de manera formal esta decisión”.

Su relación con Caixabank

La segunda cuestión que plantearon los populares al gobierno de la Junta de Andalucía fue sobre la “posible irregularidad” que cometieron al transformar la Fundación Cajasol de fundación ordinaria a fundación bancaria, refiriéndose a cuando CaixaBank absorbió Banca Cívica (de la que formaban parte Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias) el 26 de junio de 2012. Esta operación supuso que las cajas de ahorros que formaban parte de Banca Cívica pasaron a ser accionistas de Caixabank, momento en el que como consecuencia la Fundación Cajasol pasó a tener un 1,22% de participación en el capital social de Caixabank.

Frente a la supuesta irregularidad por la que fue preguntado, Arellano manifestó que el gobierno andaluz no “no es una cuestión de sus opiniones o de especulaciones; esto es una cuestión técnica, jurídica. Ni el Ministerio de Economía, ni el Banco de España, en su momento, reclamaron nada en relación con esta cuestión, de tal manera que no verían esas irregularidades que usted dice”.

El escándalo de la fundación Cajasol, que dirige Antonio Pulido con la connivencia de la Junta de Andalucía, que preside Susana Díaz, "dará que hablar en los próximos días", según fuentes del Partido Popular consultadas por El Cierre Digital.  Mientras tanto, la presidenta huye hacia adelante disolviendo el parlamento autonómico y convocando nuevas elecciones para el próximo 2 de diciembre. 

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