29 de noviembre de 2021
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FIN DE SEMANA

La Asociación de Afectados que preside Emilia Zaballos pedirá que no se le conceda la libertad al acusado de una de las mayores estafas de este tipo

Javier Biosca busca salir de la cárcel devolviendo el dinero de las criptomonedas defraudado

Javier Biosca y su mujer.
Javier Biosca y su mujer.
Javier Biosca, investigado por liderar una de las mayores estafas de criptomonedas en España, quiere salir de prisión y por ello ha solicitado ante la Audiencia Nacional la autorización para abrir una cuenta bancaria a través de la cual devolver las cantidades defraudadas a los inversores que confiaron en su negocio. La Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas, que preside Emilia Zaballos, solicitará que no se le conceda la libertad condicional.

La defensa de Javier Biosca, investigado por liderar una de las mayores estafas de criptomonedas en España, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional por el que solicita al juez instructor de la causa, Alejandro Abascal, la autorización de la apertura de una cuenta bancaria donde pueda depositar todo el dinero estafado con el objetivo de devolver dichas cantidades a los inversores que confiaron en su empresa, Algoritmhmics Group.

En el citado documento, la defensa del 'bróker' alega la "notable dificultad, por no decir imposibilidad", de llevar a cabo la devolución desde el centro penitenciario, por lo que, todo apunta, Biosca busca a través de este supuesto resarcimiento su puesta en libertad. Un extremo que Emilia Zaballos, socia directora de la firma Zaballos Abogados y presidenta, a su vez, de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC), como acusación popular y particular, no comparte. 

La abogado Emilia Zaballos. 

En los próximos días, según ha podido confirmar elcierredigital.com, la acusación presentará un escrito en el que transmitirá "que bajo ningún concepto se le conceda a Javier Biosca la libertad provisional", así como su conformidad con la apertura de la cuenta a nombre del acusado, "con el fin de que coincida la titularidad de la misma con las wallet donde tiene depositadas las criptomonedas" y, de este modo "facilitar la conversión de las mismas a euros", siempre y cuando el acceso a las operaciones necesarias tenga lugar "bajo estricta vigilancia" y con la "condición ineludible de que dicha cuenta bancaria sea intervenida y bloqueada por el juzgado competente y que sólo el juez instructor tenga acceso y disposición sobre la misma".

Para valorar la posible puesta en libertad del Javier Biosca, la acusación solicitará que la misma se produzca bajo una fianza por el importe del total reclamado por todos los conceptos y por todos los afectados representados desde la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas. 

Devolución del capital inicial

La defensa de Javier Biosca tacha en su escrito de "demencial" la desproporción existente entre las cantidades reclamadas y las que, a su juicio, pueden ser objeto de reintegro, por lo que la posibilidad de devolución de las cantidades aportadas por cada uno de los inversores es en concepto única y exclusivamente de capital inicial, no considerándose en ningún momento como cantidades a devolver aquellas que pudieran corresponderse con intereses, rentabilidades o beneficios garantizados o pactados en contrato. 

El negocio de la familia Biosca  

Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019, no obstante, este carecía de todo tipo de autorizaciones, no figurando, asimismo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El negocio consistía en la compra y venta, en tiempo real, de este tipo de divisas digitales tales como Bitcoin, Ethereum o Litecoin con la ayuda de un programa que analizaba el mercado financiero. De este modo, Biosca ofrecía a sus clientes, inicialmente sus vecinos, ganancias semanales de entre un 20% y un 25% por su inversión, operaciones que comunicaba con mensajes personalizados a través de WhatsApp, y cuyos altos beneficios iniciales fueron atrayendo, gracias al boca a boca, a nuevos inversores. “El poder de convicción, y su capacidad de aparentar cercanía, accesibilidad y honradez, hacía embaucar a todo el mundo sin ningún tipo de escrúpulo ni consideración o lástima”, relata la querella. “Los afectados son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”.

Javier Biosca y su mujer. 

Javier Biosca, definido en esta causa como un “autodidacta”, se convirtió en un experto estudiando este negocio por su cuenta. En verano de 2019 comenzó con 19 clientes, conocidos de su entorno, y un año después, en 2020, contaba con entre 300 y 500 inversores, una cifra que se incrementó hasta alcanzar los 3.000. Un ‘modus operandi’ que, similar al de las estafas piramidales tipo Ponzi en las que los nuevos clientes pagan las ganancias de los antiguos de modo que es posible ofrecer altas rentabilidades ficticias, comenzó a levantar las primeras sospechas durante los meses de pandemia, precisamente cuando el negocio alcanzó su máxima popularidad. Fue entonces cuando se produjeron las primeras situaciones de irregularidad, los primeros retrasos y errores en los pagos, llegándose incluso a duplicar transacciones por valor de hasta 200.000 euros. Una mala gestión que sembró las dudas tanto de los inversores como de los intermediarios, y que termina por desencadenar la huida de Javier Biosca.

No es este el único caso registrado en España. Las presuntas estafas con criptomonedas han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. El 21 de abril se conocía que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptaba la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife) y se hacía cargo de la investigación de una trama piramidal que usaba la inversión en criptomoneda a través de una mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para estafar presuntamente a sus clientes. Cifraba las víctimas en 1.127 personas y el perjuicio económico en más de 41 millones. 

Desde el despacho Zaballos Abogados, ponen a  disposición su número de teléfono  91 310 30 00 y la dirección donde están ubicados,  Calle Luchana 8, Local IZQ | 28010 Madrid. Además, el correo electrónico para cualquier consulta de afectados es asociacionafectadosbiosca@gmail.com  y la web para que cualquier persona que haya sido damnificada por el negocio de las criptomonedas se inscriba es: https://www.asociacionafectadosbiosca.es/ o https://www.asociacionafectadoscriptomonedas.es/.

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