14 de diciembre de 2019
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FIN DE SEMANA

El Ministerio Públco estudia la reducción de pena si David Serrano admite su culpabilidad y llega a un trato económico con los padres del niño

El dueño de la finca de Totalán donde falleció el pequeño Julen y la Fiscalía intentan un acuerdo para evitar el juicio

David Serrano,de blanco, junto a los miembros del bufete Lawbird Legal.
David Serrano,de blanco, junto a los miembros del bufete Lawbird Legal.
David Serrano, dueño de la finca de Totalán donde tuvo lugar el accidente que acabó con la vida del pequeño Julen, intenta llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio que comenzaría en enero de 2020. Si el fiscal acepta reducir la petición de pena a menos de dos años para evitar la cárcel y Serrano llega a un acuerdo económico con los padres del menor fallecido el juicio no se llegaría a celebrar.

Ya hay fecha para el juicio sobre el accidente sufrido por el pequeño Julen Roselló el pasado mes de enero den una finca de Totalán. Será justo un año después del fallecimiento del pequeño cuando cayó a un pozo en la finca propiedad de David Serrano en la localidad malagueña de Totalán, cuando se encontraba en compañía de sus padres celebrando un día de campo.

El juicio comenzará previsiblemente el 21 de enero de 2020 en el Juzgado de lo Penal 9 de Málaga. El Tribunal deberá decidir qué ocurrió para lo que comenzó como un día de fiesta terminase en tragedia. Las vistas se desarrollarán durante seis jornadas, hasta el día 30 de enero, ya que tras el fin de semana habrá dos nuevas sesiones los días 28 y 30 de enero.

Pero es probable que el juicio ni siquiera llegue a celebrarse porque dos de las partes implicadas, Juez y Fiscalía por un lado y acusado por otro están intentando llegar a un acuerdo. Se trataría de rebajar sustancialmente la petición de pena de tres años prisión por un homicidio con  imprudencia grave a menos de dos años, ya que David Serrano, único imputado, carece de antecedentes penales y evitaría su entrada en prisión.

Antonio Flores, abogado de David Serrano.

Además, quedaría pendiente el fleco de la indemnización a la familia de Julen Roselló, que algunas fuentes jurídicas consultadas estiman en unos 90.000 euros. A pesar de que David Serrano se haya declarado insolvente "se podría negociar un pago de una cantidad algo menor con los padres del niño a plazos o arbitrar una fórmula válida para todo el mundo", asegura Antonio Flores, abogado de la defensa al elcierredigital.com y  añade que todavía no ha habido contactos con la representación legal de José Rosello y Victoria García, que ejerce la abogada Antonia Barba.

El único acusado si se llegase a celebrar el juicio sería el dueño de la finca, David Serrano, donde tuvo lugar el accidente, para quien la Fiscalía y la acusación particular ejercida por los padres de Julen, piden tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, aunque además los padres de Julen piden otros seis meses porque consideran el accidente una negligencia muy grave.

El Fiscal, en su escrito de acusación, considera que el imputado era el único conocedor de la existencia del pozo donde cayó el niño y que "no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo", lo que habría terminado por poner en peligro la vida de los dos menores que se encontraban en esa jornada de campo, ya que junto a Julen y sus padres se encontraban el propio David y su pareja, Adriana, junto con la hija de ambos.

José Roselló y Victoria García, padres de Julen.

Sin embargo, Antonio Flores, abogado de Serrano, pide la libre absolución porque no considera que exista imputabilidad alguna, ya que "era imposible haber previsto el riesgo" de que el niño cayera por ese agujero (una perforación que se había realizado días atrás en dicho punto) y terminase por caer dentro. La defensa mantiene que Serrano advirtió a los padres en varias ocasiones de la existencia de dichos pozos, "tal y como dijo José en la primera declaración que hizo en la Guardia Civil".

La Junta de Andalucía también está personada como posible beneficiario de una responsabilidad civil, ya que los trabajos de rescate se estimaron en unos 800.000 euros, aunque éste sería un escollo salvable si finalmente hay acuerdo entre la partes.

En caso de llegarse a celebrar el jucio lo más probable sea que, debido a la repercusión mediática que tendría, sea necesario habilitar una sala mayor que la empleada regularmente si antes todas las partes no llegan a un acuerdo.

 

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