El Gobierno de Pedro Sánchez prepara el terreno para los presos del 'procés' con la concesión de cinco indultos nuevos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido cinco nuevos indultos, todos ellos aprobados el martes en Consejo de Ministros. Como viene siendo habitual, ni se informó en la rueda de prensa posterior ni tampoco en las referencias que resumen las decisiones tomadas, y todo apunta a que, con esta avalancha de nuevos indultos, con los que el Gobierno socialista sumaría 33 en lo que va de año, se estaría preparando el terreno para el posible perdón a los presos independentistas del 'procés' catalán, que en octubre de 2019 fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión por los delitos de sedición y malversación.

Todo apunta que no influirá el contundente rechazo del Tribunal Supremo a avalar la medida de gracia, que se argumenta en la falta de "la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento" de los doce líderes independentistas. En un demoledor informe, el Alto Tribunal sostiene que no "concurren las razones de justicia, equidad o utilidad pública que podrían justificar el indulto", y que los argumentos que esgrimen las peticiones “desvirtúan” el sentido de la medida, que no puede servir al Gobierno, advierten, para "corregir" la sentencia dictada en octubre de 2019.

En este sentido, cabe señalar que la ley que regula el indulto en España, del año 1870, establece entre las condiciones para su aplicación, además de que una condena previa firme, que el tribunal sentenciador emita un informe sobre si, por las circunstancias del condenado, considera acertada o no la medida. No obstante, este no es vinculante, por lo que la decisión última recae sobre el Gobierno. De hecho, según datos de entre 2014 y 2016, en el quince por ciento de los perdones concedidos, el tribunal estuvo en contra. Eso sí, la Sala de lo Contencioso tiene potestad para anularlos, como sucedió durante el mandato de Mariano Rajoy, en el que un indulto a un conductor kamikaze fue suspendido al entenderlo arbitrario por no haber justificado las razones de justicia, equidad o utilidad pública de la concesión.

Pedro Sánchez. 

Por ello, el Ministerio de Justicia se encuentra ahora en la delicada posición de ofrecer argumentos lo suficientemente sólidos para que, llegado el caso, los magistrados no puedan revocar los indultos. Asimismo, tendrá que buscar una estrategia para atenuar el coste político de la decisión.

Sánchez no siempre estuvo a favor de los indultos

En 2014, unos meses antes de llegar a la secretaría general del PSOE, Sánchez apostó en Las Mañanas de Cuatro por “poner fin a los indultos” porque, en su opinión, suponían una “injerencia del poder ejecutivo en decisiones del poder judicial”.

Tras conocerse la sentencia por la que el Tribunal Supremo condenaba a los líderes independentistas, y ya como Secretario General de los socialistas, expresó “el absoluto respeto y acatamiento” de la decisión judicial por parte de su Gobierno. Una declaración que contrasta con las más recientes. De hecho, en la sesión de control del Congreso de los diputados, Sánchez señaló que “la Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia y este Gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles”.

Primer contacto, esta semana

El recién nombrado presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmado que esta semana mantendrá una “conversación tranquila” con Pedro Sánchez, por vía telefónica. Una llamada que debe servir, según el catalán, para “ver cómo preparamos la reunión de presidentes” en la que aspira a tratar el conflicto político y, por otro lado, “poner en marcha mesa de diálogo” entre Gobierno y Generalitat.