19 de enero de 2020
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FIN DE SEMANA

El chavista y exviceministro de Energía es reclamado por USA por delitos de organización criminal y blanqueo por los que se le investiga en España

Los secretos de Javier Alvarado, expresidente de Petróleos de Venezuela, a quien la Audiencia Nacional niega su extradición

Javier Alvarado
Javier Alvarado
La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Estados Unidos del expresidente de una filial de la empresa pública de petróleo venezolana PDVSA, el exministro chavista Javier Alvarado Ochoa. En América se le reclama por delitos que en España constituirían organización criminal y blanqueo de capitales en relación con un delito de corrupción en los negocios.

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional explican que los hechos por los que Estados Unidos reclama la entrega de Javier Alvarado Ochoa también están siendo investigados en España, a lo que se une la nacionalidad española del reclamado para denegar la extradición al estado americano.

La resolución recoge los hechos que constan en la documentación aportada por las autoridades norteamericanas, que detallan cómo Alvarado, en unión con otros directivos de entidades pertenecientes a PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima), formaron un grupo criminal estable ubicado en Estados Unidos, dedicado a obtener sobornos de proveedores de la entidad estatal PDVSA con la finalidad de obtener fraudulentamente grandes sumas de dinero.

 Las cantidades de dinero fruto de los sobornos superarían los 50 millones de dólares, que posteriormente el grupo se dedicó a blanquear a través de sociedades y cuentas bancarias de Estados Unidos y del extranjero. El Tribunal explica que, en puridad, se trata de una situación de doble competencia jurisdiccional concurrente, puesto que los hechos delictivos investigados se iniciaron en Estados Unidos, pero se han desenvuelto, al menos parcialmente, en el extranjero y en concreto en España, donde se sigue una investigación en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.

Audiencia Nacional. 

 Por ello, en virtud del principio de territorialidad y de existir encausados españoles (Alvarado Ochoa dispone de la nacionalidad desde diciembre de 2017) procede rechazar la entrega dando preferencia a la jurisdicción española para la investigación de los hechos, incluso los que son objeto de persecución en Estados Unidos.

El chavista de bajo perfil que blanqueó millones en España

Después de 40 años en el sector energético, alcanzar viceministerios, direcciones de empresas de electricidad y petroleras Javier Alvarado Ochoa se enfrenta hoy a la justicia española. El venezolano y excargo del régimen chavista está acusado por blanqueo de capitales provenientes del supuesto multimillonario desfalco de la petrolera estatal PDVSA, en quiebra parcial.

Según Andorra y Estados Unidos, el chavista habría recibido millones de euros en sobornos y pagos de la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) que ha sido “desfalcada” según denuncian opositores al régimen. Alvarado Ochoa nació en Caracas en 1955, donde vivió buena parte de su vida. Se graduó como ingeniero electricista en la Universidad Simón Bolívar en el año 1979.

Según cuenta en sus perfiles profesionales, desde ese año ya trabajaba en el sector energético, por lo que cinco años después realizó una especialización en gerencia empresas energéticas y coordinó varios proyectos en la región capital.

Después de casi 30 años en el sector, el gobierno venezolano lo nombró al frente del servicio eléctrico del Estado de Nueva Esparta. Durante el tiempo que se mantuvo en el cargo, el presidente Hugo Chávez fusionó  todas las empresas eléctricas del país en una sola corporación, Corpoelec.

Alvarado llegó a presidir este conglomerado societario dependiente del Ministerio de Energía, hasta que el propio Hugo Chávez le nombró Viceministro de Desarrollo Energético; Javier, aunque no fue una prominente figura del chavismo, mantuvo una estrecha relación con el fallecido presidente, ya que su nombramiento coincidió con las primeras crisis eléctricas del país.

La petrolera estatal ha perdido dos terceras partes de su producción durante el régimen chavista.

 Los fallos eléctricos en todo el país se deben según los sindicatos al abandono y falta de inversión, no obstante, la versión oficial ha variado. Comenzando por la responsabilidad del fenómeno climático El Niño, seguido de problemas con animales como iguanas que se colaboran a los generadores y finalmente se mantuvo la tesis del “sabotaje”.

Entre las medidas que tomó el régimen para evitar las crisis del sector, proyectó la construcción de siete plantas eléctrica.s Uno de los centros proyectados fue asignado a la española Duro Felguera, en un contrato de 2.000 millones de dólares. La planta no culminada fue el origen de la investigación contra la empresa asturiana por blanqueo de capitales.

Del sector eléctrico saltó a la presidencia de una de las filiales de PDVSA en Venezuela, Bariven, donde según la orden de extradición dictada por Estados Unidos, habría cometido una veintena de delitos de corrupción.

Además, por estos escándalos se abrieron diligencias en España, que pasaron a la Audiencia Nacional a comienzos de octubre de 2019. En el auto se explica que: "La organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de PDVSA) y la propia PDVSA, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados", expone la juez.

Otra parte de los investigados son los empresarios que se veían beneficiados de la "actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando en patrimonio de los venezolanos" sin embargo, conforme detalla el auto, falta por determinar y es objeto de la investigación, qué personas físicas y jurídicas integran cada "estrato" de la organización.

Sobornos en España

Fruto de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a estudiar el presunto pago de sobornos a cambio de contratos en Venezuela a la empresa española, Duro Felguera. La investigación, concluida por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de septiembre, incluyó también a los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, así como a la propia empresa Duro Felguera y a dos sociedades vinculadas a los venezolanos. Todos fueron imputados por los mismos delitos. Duro Felguera inmediatamente negó los cargos en una carta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ahora la Fiscalía estudia los datos obtenidos durante el registro por parte de la Policía de la empresa de ingeniería el pasado año, que respondió hace unos días con el despido de José Carlos Cuevas, director financiero de la empresa, que fue acusado de enviar, presuntamente, un pendrive a la Fiscalía con información relativa a la empresa en Venezuela.

Javier Alvarado, exviceministro de Energía del Venezuela. 

La investigación, que se inició a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid, sostiene que el grupo español llegó a pagar a Nervis Villalobos, Viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013, unos 88 millones de euros al cambio actual.

Además, la investigación llegó a la Fiscalía venezolana que abrió expediente después de la acusación en un tribunal de Texas. En noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, leal a Nicolás Maduro, solicitó a España la extradición de Javier Alvarado y Nervis Villalobos.

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