En las actuaciones judiciales que ahora se inician se investigarán las deficiencias organizativas, la asignación de relevos o el refuerzo de efectivos
La Audiencia Provincial de Barcelona admite a trámite la querella presentada por JUPOL contra la cúpula de Interior
El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, valora positivamente que la demanda vía penal presentada contra el director general de la Policía, Francisco Pardo y el comisario principal, José Ángel González, responsable de la Dirección Adjunta Operativa haya sido admitida a trámite y que en los tribunales se tengan que aclarar los sucesos ocurridos en Barcelona a mediados de octubre del 2019.
Disturbios en los que, según relata JUPOL en la querella, resultaron heridos varios agentes de la Policía Nacional. Una situación que, según ellos, podría haberse evitado si desde la DGP y la DAO se hubieran puesto a disposición del operativo los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con seguridad los graves disturbios. Para JUPOL, “los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial y, de ahí, que se tradujese en casi 300 agentes heridos”.
La organización sindical ha puesto de manifiesto las graves deficiencias, atribuidas en el marco de actuación de los querellados, correspondientes a la no asignación de relevos o de refuerzos de personal, la falta de dotación de material antidisturbios o la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques llevados a cabo por los manifestantes, tales como camiones de agua o vehículos blindados e incluso, impedir el acceso de los vehículos sanitarios para la evacuación de los heridos.
Delito contra la seguridad de los trabajadores
JUPOL afirma que estos son los motivos por los que ha presentado esta querella, en la que acusan al Director General de la Policía y al Director Adjunto Operativo, de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, aludiendo al presunto incumplimiento del artículo 316 del Código Penal, que castiga a “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.
JUPOL.
JUPOL declara que esta situación fue advertida en reiteradas ocasiones tanto a la cúpula como al propio Ministerio del Interior, aunque sin obtener resultados.
