La trágica historia de unos padres, Marina y Adrián: "Se llevaron a nuestros hijos sin motivos y no los vemos"

Ellos son Marina García Ferrero y Adrián Villarreal, unos padres que no ven a sus hijos “desde hace tres años”, como la madre cuenta a elcierredigital.com. Su historia, a la que ha podido acceder este diario a través de Juan Cortés, abuelo de la niña Mariluz, asesinada por Santiago del Valle en 2008, y líder que abandera la lucha por los menores tutelados, comienza en 2013 cuando una de sus hijas, que por entonces tenía 4 años, recibía supuestamente acoso escolar en el colegio. “Nuestra hija empieza a sufrir bullying. Nos enteramos de ello porque otro padre le pide disculpas a mi marido porque su hijo le había pegado una patada a mi hija”, explica esta madre.

“La llevamos a un psicólogo porque no quería ir al colegio. El psicólogo determina que tiene que seguir unas pautas para volver al colegio. Cuando vuelve la única solución que presenta el colegio es sentarla a la niña en el recreo y que se quede viendo a los niños jugar”, comenta Marina, que añade que “el psicólogo habló con la directora y le dijo a ella que aquello era contraproducente”.

El psicólogo habló con esta madre para cambiar de colegio y en junio de 2013 la niña ya iba a ser cambiada de centro escolar. A partir de aquel momento es cuando empieza esta larga travesía para Marina y Adrián que están tratando de todas las maneras legales que les devuelvan a sus hijos.

Entonces una trabajadora social se pone en contacto con Marina a raíz de los problemas que tenía su hija en el colegio. “Marina, ¿qué ha pasado? Que la directora me dice que os quejáis de acoso escolar. Qué puedo hacer yo dice la trabajadora”, señala esta madre. “Ella y otro psicólogo que no nos conocen hacen un informe. En él piden la retirada de la tutela de mis hijos para mandarlos a una residencia que no cabe ayuda a la familia. Algo de lo que no nos enteramos nosotros”, especifica Marina.

La Policía en el domicilio

“En 2015 con mis tres niños el caso se lleva a la Comunidad de Madrid. Todo bien. Médicos privados, seguridad privada, todo”, explica la progenitora, la cual indica que, “de repente, el 30 de junio de 2015 tocan al timbre de mi casa. Es la Policía Local. Que quiere que abra la puerta. Venían de paisanos. Decían que tenían que notificarnos algo”.

Por ello, Marina y Adrián deciden contactar con la Comunidad de Madrid para que ver pasa y esta responde que “sí, sí, en realidad han ido para notificar algo, ahora vamos, decían”, detalla la madre. “En media hora aparece la técnico y declaran en desamparo a los niños y que tienen (los padres de ellos) que entregarlos a una residencia. Un niño de 2 años y dos niñas de 5 y 7”, recalca la madre.

“A partir de entonces empieza un terrible acoso por teléfono. Teníamos que entregar nosotros a los niños”, indica Marina, mencionando además que “la Ley autoriza a la Administración Pública el poder declarar un niño en desamparo sin pasar por el juez. Ahí viene el gran problema y el gran negocio. ¿Cómo es posible que no se trate por la vía penal? Si fuera real que me juzgaran por ello.”, explica Marina.

“En septiembre se pide una medida cautelar, todo sin darnos el expediente. Ahí la jueza decide hacer una vista. Y el 11 de noviembre de 2015 en esa vista se demuestra que no hay desamparo. Todo sin el expediente aún. Pero, sin que resuelva esta jueza, el 18 de noviembre la Policía del GRUME (Grupos de Menores) viene a casa y me dice ‘señora baje a los niños o entramos por orden judicial’”, indica la madre.

García no se explicaba aquella situación, no la comprendía y es algo que señala a este diario, ya que según sus declaraciones su caso fue “por el Juzgado 79 de Familia y no por el 85 de donde venía esta orden”, según comenta. “Rompen la casa, entran por la ventana. Nos obligan a sentarnos en el salón de juegos de los niños. Cogen al bebé de la cuna. A mis hijas las sacaron con toallas y el pelo mojado porque se encontraban en la ducha, como me dijeron después unas vecinas. Y después nos arrojan un papel del 85 diciendo que se notifique a las partes. En él se explica que hay 20 días para recurrir, pero no se nos notifica. Además, el 85 debería de haberse inhibido a quien conoce el caso que era el 79, cosa que no se hace. Por tanto, la entrada era ilegal.”, argumenta Marina.

Los niños son trasladados de un centro a otro

Los hijos de Marina son llevados a un centro de Madrid. Este centro, ha sido presuntamente denunciado en varias ocasiones. Ejemplos detallados son los que recogen diarios sobre ello, tales como ABC en su artículo del 20 de febrero de 2020 “Reabren el juicio contra varios vigilantes de un centro de menas por agredir a cuatro jóvenes hace años” o La Información en su artículo del 7 de noviembre de 2016 “Fundación Raíces denuncia malos tratos a menores en el centro de acogida".

“La primera vez que vimos a nuestro hijo cojeaba y tenía la piel amarilla”, señala la madre, que a raíz de lo que vio, “esto se denuncia en el Juzgado 15 de lo Penal de Madrid que decide avisar al Centro de que lo hemos denunciado”. Por ello, “a los niños los mandan a un Centro de Arganda del Rey”, aunque la madre, como recalca para este diario lo considera “una cárcel con guardias de seguridad. Niños de 2, 5 y 7 años… Un niño de 0 a 6 años no puede entrar allí. Es horrible”, detalla Marina.

En aquellos tiempos, como Marina explica “solo teníamos visitas de una hora a la semana. A mi hijo lo veíamos con heridas dentro del centro en una habitación de 2x2 metros".

Marina y Adrián decidieron tomar cartas en el asunto, pero “como filmábamos y hacíamos fotos, el centro terminó quitándonos las visitas por hacer fotos y vídeos de los niños en el interior del lugar para llevarlo ante los juzgados de lo Penal. Ellos alegaban un conflicto de intereses. Como nuestros hijos se querían venir con nosotros… A ellos no les hacían caso”, explica la madre que afirma que, poco más tarde “nos quitaron las visitas y después las llamadas. Llevamos tres años sin ver a nuestros hijos”.

Informe de Psicoley que indica que Marina y Adrián están aptos psicológicamente y psiquiatricamente

“Solo conseguimos ver hace dos años y medio a nuestro hijo que nos dijo que su hermana está enferma y de la otra no sabe nada. Se niegan a darnos pruebas de vida, con quien están…”, indica Marina. “Nos han hecho informes psicológicos y psiquiátricos, que dicen que somos perfectamente aptos. Ni adicciones ni nada. La Comunidad de Madrid dice que no vale porque es “de parte”. No han hecho ningún estudio. La Fiscalía se lava las manos”, declarara esta madre.

Este testimonio es uno más, como el de tantos otros padres que están cruzando una travesía por el desierto en busca de sus hijos, que como ellos señalan “se los han arrebatado”.