Solo con indicios no se logra convencer en España a los Jurados Populares en crímenes mediáticos

Los culpables no siempre son los mismos para todos. Un presunto culpable que policialmente está bastante claro para los investigadores que han llevado a cabo las diligencias hasta acorralar a un sospechoso, llevarlo al juez y que sea juzgado ante un tribunal popular, quizás no lo sea tanto para los 11 miembros -nueve titulares y dos suplentes- de un jurado no profesional.

La semana pasada un jurado popular de Madrid absolvió a Nicolae Stan del asesinato del constructor Luis Lozano, en 2016. La acusación fiscal se apoyaba en indicios poco sólidos. El caso estaba policialmente cerrado por la Guardia Civil, aunque la Fiscalía reconocía que Stan, que estuvo casi dos años en prisión, no pudo cometer el crimen en solitario. El abogado del rumano, de 39 años, Manuel Alonso Ferrezuelo, logró desmontar una tras otra las pruebas, solo indiciarias, que pesaban sobre su defendido, que logró ser declarado "no culpable".

El constructor Luis Lozano.

El 6 de octubre de 2017, otro jurado popular, en este caso en Huelva, declaró no culpable a Francisco Javier Medina, acusado del doble crimen de Almonte. Medina estaba acusado de matar a Miguel Ángel Domínguez y su hija Maria, esposo e hija de su entonces novia, Marianela Olmedo. En este caso, la sociedad almonteña incluso se  dividió.

Francisco Javier Medina y el abogado Baena Bocanegra.

El abogado de la defensa Francisco Baena Bocanegra logró sembrar la duda en el jurado popular y mucho más el testimonio de su exnovia Raquel Granado, que dijo una cosa ante la Guardia Civil y luego otra ante el jurado. Su testimonio fue definitivo para declarar no culpable a Medina. Los investigadores de la Guardia Civil han puesto el caso de un nuevo equipo para ver los errores cometidos durante la instrucción.

El último escándalo fue también a finales de septiembre cuando un jurado popular absolvió a los cuatro acusados del asesinato de Lucía Garrido. El jurado consideró no probados muchos hechos debido a la falta pruebas documentales o testificales. Los nueve miembros del jurado tenían que responder a cada una de las 62 cuestiones planteadas en el objeto del veredicto, pronunciándose sobre si consideraban probados o no los hechos planteados por acusaciones y defensas, y argumentando además por qué razones. El juicio en este caso duró ocho sesiones y la deliberación, un día y medio. En el veredicto final del jurado incluso se recogió además la "impresión" de cinco componentes del jurado de que un sexto miembro quiso "influir" sobre el resto, matizando que eso no ha hecho mella en su decisión.

El jurado popular justificó en este caso su decisión en tres puntos principales. El primero, las dudas sobre las pruebas de ADN en una llave que inculpaba al supuesto sicario. El segundo, que no han dado ninguna fiabilidad al testigo protegido que declaró ante ellos. Y, tercero, que han considerado probado, es que la expareja de la víctima, también acusado, y los guardias civiles acusados se conocieron posteriormente al asesinato.

Enrique Abuin.

Estos veredictos, lejos de crear seguridad jurídica, han sembrado de dudas el papel del jurado popular en nuestro ordenamiento jurídico. Los jurados populares solo pueden declarar veredictos de culpable o no culpable en los delitos de malrversación de fondos públicos, infidelidad en custodia de presos, incendios forestales, asesinatos, homicidios, cohecho, omisión de socorro y allanamiento de morada.

Crimen de la CAM

Dentro de unos días comenzará el juicio contra Enrique Abuin, "el chicle", presunto asesino de Diana Quer, le seguirán el del crimen de la viuda de la CAM y el del Rey del Cachopo, ya en 2020, como casos mediáticos y más conocidos. Pronto llegarán el del asesinato de Romina Celeste y Dana Leonte.

Seguramente las pruebas sean tan concluyentes en alguno de estos casos que los acusados no se libraran de una condena. Sin embargo, en el caso de Miguel López, único acusado del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, su defensa ya ha insistido en numerosas ocasiones que no quiere un jurado popular para su defendido, una tesis que defienden muchos abogados defensores.

Algunas fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com, argumentan que "los casos mediáticos donde se han publicado muchos detalles de la investigación y se han dado en la televisión siempre parten con desventaja para los acusados, porque los miembros del jurado están influidos por mucho que digan que no".

Sería imposible que algún miembro del jurado no hubiese escuchado hablar el crimen de Diana Quer o del Rey del Cachopo, por ejemplo. Quizás un jurado profesional para ciertos casos mediáticos, tal y como reclaman muchos letrados, no sea al final tan mala idea.