27 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

El anteproyecto de Ley de la directiva del denunciante sitúa a una Autoridad del Ministerio de Justicia para seguir las acusaciones a la Casa Real

El Gobierno tendrá el control absoluto de las denuncias sobre la Monarquía

El Cierre Digital en
/ Felipe VI, Pedro Sánchez y Letizia.
El anteproyecto de Ley de la Directiva del Denunciante –norma que deriva de una directiva europea–, dispone que toda empresa y Administración Pública debe tener un canal a través del que cualquier persona pueda denunciar posibles irregularidades. Este anteproyecto también contempla la creación de la figura de Autoridad Independiente de Protección del Denunciante para el control de las denuncias de la Casa del Rey, que dependerá del Gobierno y que gestionará en última instancia.

El anteproyecto de Ley de la Directiva del Denunciante –norma que deriva de una directiva europea– aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros, dispone que toda empresa y Administración Pública debe tener un canal de denuncia para que cualquier persona –anónimamente– pueda reportar posibles movimientos fraudulentos, corrupción y otras irregularidades sin represalias.

La Casa del Rey también está contemplada en este anteproyecto –al que ha tenido acceso elcierredigital.com–, yendo más allá de lo que contempla la directiva europea pues no todos los países que la conforman tienen Casa Real. A través de una disposición adicional, el documento expresa que la Zarzuela también estará incluida entre las instituciones sobre cuyas denuncias tendrá competencia la figura de la 'Autoridad Independiente de protección del denunciante' –además de su propio sistema interno de comunicaciones sobre posibles irregularidades–, que será propuesta por el Ministerio de Justicia y aprobada en el Parlamento.

La norma europea establece que las empresas de más de 50 trabajadores y las Administraciones públicas están obligadas a disponer de un canal de denuncia interno, seguro y sin represalias para los posibles denunciantes. Y contempla sanciones de hasta un millón de euros para las compañías que no protejan a los informantes o se venguen de su filtración. Sin embargo, deja en manos de cada país algunas decisiones, como si afecta a todas las instituciones públicas o solo a las más grandes.

Ministerio de Justicia.

Aprovechando el anteproyecto de ley de transposición de la directiva del denunciante elaborada por el Ministerio de Justicia, el Gobierno tendría acceso a todas las denuncias que se puedan llevar a cabo en la Casa del Rey, siendo el último organismo de control de las mismas después del sistema interno de la Zarzuela. 

Esta regulación sobre la Casa de Su Majestad el Rey se establece en la disposición adicional primera de esta manera:

1. La Casa de Su Majestad el Rey establecerá y gestionará un sistema interno de comunicación siguiendo las previsiones de esta ley y que será accesible desde su página web.

2. La Autoridad Independiente de Protección del Informante actuará como canal externo de comunicaciones respecto a las infracciones previstas en esta ley cometidas en el ámbito de la Casa de Su Majestad el Rey y como autoridad independiente de protección de informantes en dicho ámbito.

Esto significa que el posible denunciante no solo podrá acudir al control interno de la Casa del Rey, sino que podrá hacerlo ante esta figura o canal externo dependiente del Gobierno y que será la última instancia. Podría tratarse de un nuevo movimiento más para la transparencia de la Casa Real y un posible 'cepo' para su autonomía.

La figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante

La Autoridad Independiente de Protección del Informante actuaría como un fiscal para todas aquellas denuncias que se hagan sobre la Casa Real, con el ánimo de proteger al denunciante, un control externo que no había existido con anterioridad.

Según se expresa en el anteproyecto de Ley al que ha tenido acceso elcierredigital.com, esta figura dependiente del Gobierno tendrá potestad normativa y sancionadora. Podrá emitir circulares con normas reglamentarias y las sanciones estarán dirigidas a la instrucción de la denuncia, no del objeto denunciado.

Su figura reguladora o 'presidente', tendrá rango de subsecretario de Estado, y será propuesto por el Ministerio de Justicia por un período de cinco años no renovable. Tal y como reza el anteproyecto, deberá ser una persona “de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito del cumplimiento normativo”.

También estipula que “el Congreso, a través de la Comisión correspondiente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá ratificar el nombramiento en el plazo de un mes desde la recepción de la correspondiente comunicación. En ningún caso podrá ser objeto de prórroga su mandato”. El presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante contará también con una comisión consultiva para asesorarle integrada por 11 miembros de diversos organismos y ministerios.

Según se señala en dicho anteproyecto, las sanciones impuestas por este nuevo organismo no castigarán la infracción denunciada sino “la represalia o tentativa de represalia” contra el denunciante. De esta forma, considera “represalia” acciones como el despido, la imposición de medidas disciplinarias, “coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo” o la introducción del informante en “listas negras o difusión de información” en el sector que sea.

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