La Fiscalía Anticorrupción apunta a la cúpula del IBEX 35 en la trama de Villarejo, tras acusar a Francisco González

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González, el próximo 18 de noviembre en relación a los contratos con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

La imputación fue realizada este mismo jueves a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza separada número nueve de la causa que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, que habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que supera en poco los 5 millones de euros.

El IBEX 35 salpicado por Villarejo

En realidad la imputación por cohecho solo podría mantenerse por los encargos realizados por el BBVA hasta el 22 de junio de 2016, ya que fue entonces cuando se jubiló el comisario Villarejo. El delito de cohecho se produce cuando un funcionario público, caso del expolicía jubilado, acepta "una remuneración para cumplir con un acto debido por su función" y Villarejo se jubiló en 2016.

Pero más allá de los problemas judiciales de Francisco González, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto sin desearlo la caja de los truenos de las empresas cotizadas más importantes de España. Es decir, con este auto cualquier acusación particular, por ejemplo la ejercida por Podemos, podría pedir la imputación de otros grandes dirigentes de empresas españolas del Ibex 35, ya que algunas de ellas contrataron en su día los servicios de las empresas del excomisario Villarejo.

Todas estas empresas, además de otras más pequeñas que no cotizan en bolsa, constan en la documentación intervenida al excomisario en el marco de la operación Tándem, a raíz de la que se le abrieron 16 causas a Villarejo. Falta ahora por ver si la Fiscalía Anticorrupción se atreverá a imputar y llamar a declarar a los grandes empresarios del Ibex 35 tal y como ha hecho ahora con Francisco González y acusarles de cohecho y revelación de secretos, tal y como ocurre en el caso del expresidente del BBVA.

Francisco González durante su etapa al frente del BBVA.

Según una investigación realizada en octubre de 2018 por El Independiente, el BBVA encargó 21 trabajos al excomisario, 13 antes de su jubilación, por un valor de poco más de 5 millones de euros. Las empresas que habrían facturado estos trabajos son Club Exlusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) y Cenyt Consultoría Organizacional, heredera del Grupo Inmobiliario Cenyt.

Al igual que en el caso de González, tampoco se escaparía de esta imputación de Fiscalía el que fuera presidente de La Caixa, Isidre Fainé, ya que su banco realizó encargos a las empresas de Villarejo por valor de 45.000 euros en mayo de 2012 cuando él era presidente.

El banco de Santander también fue cliente de Villarejo entre 2011 y 2013. En este caso fue el Grupor Inmobiliario Cenyt quien facturó a la entidad del fallecido Emilio Botín, un curso de doce sesiones sobre "el papel de los gestores de planes", que se facturaron en tres plazos de 4.800 euros, hasta un total de 14.400 euros. Como Emilio Botín falleció en 2014, su responsabilidad penal estaría evidentemente extinguida y no podría imputarse individualmente a nadie, aunque sí al banco como persona jurídica.

Antonio Brufau en su etapa como consejero delegado de Repsol.

Tampoco escapó al apetito facturador del excomisario Villarejo la empresa Iberdrola de Ignacio Sánchez Galán, que contrató, según El Independiente, los servicios "de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía" por 95.000 euros en varios pagos en 2012. Cenyt Data también facturó a otra energética, en este Repsol de Antonio Brufau, 45.000 euros en el mismo año por un informe sobre la recuperación de archivos informáticos, ya que una de las especialidades de la empresa de Villarejo era la seguridad informática, algo que pueden atestiguar fielmente los agentes de Policía que llevan dos años intentando desencriptar parte de la documentación intervenida en el despacho de Villarejo sin conseguirlo.

Entre los clientes menores del excomisario Villarejo también hay otras empresas no cotizadas, pero muy importantes también como la Mutua Madrileña, que destinó 1.600 euros a un estudio de solvencia patrimonial en 2012, otras como Legalitas, Alcampo, que emitió nueve facturas entre 2011 y 2014, Citibank, que gastó 86.000 euros, Generali, Persán, Eurofinsa y hasta Sociètè Gènèrale fueron clientes de Villarejo mientras éste se mantuvo al frente de sus empresas, hasta que fue detenido en noviembre de 2017 e ingresó en la prisión de Estremera, donde permanece recluido desde entonces hasta que sea juzgado por 31 delitos en las 16 causas abiertas contra él.