Quince años del caso Afinsa: Imputan a la abogada Esther Rodríguez por fraude a una asociación de afectados

Afinsa era un grupo empresarial fundado en el año 1980 por Albertino de Figueiredo, especializado en inversión de bienes tangibles y sellos. La empresa operaba en Asia, Europa y Estados Unidos, con sucursales en Barcelona, Valladolid, Lisboa, Vigo, Londres y París. En pleno auge, en el año 2004 la compañía contaba con 2600 empleados y más de 143 mil clientes, su volumen total de negocios en ese año fue de 542 millones de euros, con unas ganancias de 51 millones.

Una de las funciones más demandadas por los clientes era canalizar los ahorros a través de bienes tangibles. Entre los productos que ofrecía había alguno por 20 euros al mes "con la solidez de los valores filatélicos y la garantía de obtener los beneficios mínimos, en los plazos establecidos". Había otros productos que requieran unos 6.000 euros iniciales a cambio de beneficios a los siete años el llamado 'Modulo de Inversión Planificada'  

Intervención judicial 

Pero todo cambió en 2006 cuando fue intervenida judicialmente y acusada de delitos contra la hacienda pública, insolvencia y blanqueo de capitales. De sus directivos algunos fueron condenados a prisión y otros a pagar 2.574 millones a los 190.022 inversores.

El 9 de mayo de 2006 se intervino judicialmente a Afinsa junto a Fórum Filatélico, ambas acusadas de estafas en la llamada “Operación Atrio”. En ese momento se detuvo a su fundador, Albertino Figueiredo y a su presidente, Juan Antonio Cano, a los pocos días fueron puesto en libertad sin ninguna fianza y se cerraron las sedes de ambas empresas. Se acusaron a las dos compañías de operar con un esquema piramidal, de no tener sellos o tenerlos falsos. A partir de ese momento unos 150.000 clientes empezaron a formar asociaciones en defensa de los intereses invertidos en las compañías.

Tras la intervención judicial, el grupo pasó a ser dirigido por tres administraciones concursales: Publiafinsa, el grupo Mufasa y editora de catálogos filatélicos.

Estafas, juicios y sentencias 

La estafa de la empresa era captar a pequeños ahorradores que invirtieran en sellos, y esta les prometía un interés del 6% anual junto con una revalorización de sus productos. Pero los sellos no llegaban, los inversores nunca lo veían. Hubo inversores de todo tipo, la mayor parte, un 80% no superó los 20.000 euros, pero una parte, aunque mínima, llegó a invertir hasta el millón de euros.

En el juicio que tuvo lugar en el año 2010 la Audiencia Nacional determino que Afinsa no era una empresa financiera puesto que no cumplía con los requisitos para ser una empresa de este tipo. En las siguientes sentencias de febrero y diciembre de 2011 se estableció de nuevo que el carácter de esta era mercantil, que considerarlas financieras fue la excusa para intervenirlas, pero no la causa real.

Finalmente, en el año 2016 se condeno al presidente de la compañía, Juan Antonio Cano a 12 años y diez meses de prisión, como autor de la estafa piramidal, con una multa de 240.000 euros, junto con otros diez acusados, entre ellos su fundador y consejero.

Esther Rodríguez, procesada por un presunto delito de apropiación indebida 

El abogado Juan Untoria Agustín explica a elcierredigital.com que en el momento del delito "teníamos asociaciones en el despacho, teníamos unos clientes de la asociación de afectados por fórum filatélico y estábamos pasando por el concurso, presentamos contra el estado español una demanda ante el Tribunal Europeo". Los afectados ingresaban una provisión de fondo en una cuenta mientras los concursos estaban suspendidos. "Esther tenía acceso a esa cuenta, se gastó 46.000 mil euros en costes personales y tras esto, no quiso atender a razones", relata.

Esther Rodríguez Prieto, es abogada especializada en las ramas del Derecho Civil, Penal, de Divorcio y de Extranjería. La letrada está procesada por un presunto delito de apropiación indebida de los fondos de una sociedad, abonados por una asociación de afectados de Afinsa para gastos personales (viajes, restaurantes de lujo…)

La sentencia impuesta por la fiscalía provincial de Madrid declara que “procede imponer a la acusada por el delito de apropiación indebida la pena de prisión de dos años, accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas”. Además de esto la acusada deberá “indemnizar a Juan Antonio Untoria Agustín, en la cantidad de 19.973,37 euros, más los intereses legales que correspondan conforme al art.576 de la LEC”.

La abogada Esther Rodríguez Prieto. 

Junto con las pruebas, para el acto de la vista, el Fiscal propone tanto un interrogatorio de la acusada como una testificación por parte de Juan Antonio Untoria Agustin, Evaristo Urraca Fernández y Concepción Giuli Sánchez.

Elcierredigital.com ha tenido acceso al escrito de acusación y a la resolución. Según los escritos, "la cantidad total defraudada ascendería a 40.461,87 euros". Y continúa: "Desde el día 7 de octubre de 2020 ha venido haciendo disposiciones y pagos a su favor desde la referida cuenta" con una tarjeta de la que es Esther "única titular. Con fecha 30 de junio de 2021 en la cuenta había un saldo negativo".

Juan Untoria Agustín, en una conversación con elcierredigital.com recuerda que "la primera demanda que pusimos ante el Tribunal Europeo nos la denegaron por no tener capacidad jurídica. Esther, después de saber que estaba anulada, intentó conseguir una lista de más personas afectadas para así conseguir más dinero". Con respecto a los daños causados al letrado, el juez ha impuesto que la letrada le indemnice con el cincuenta por ciento del dinero que se llevó. 

Y como conclusiones provisionales se procede a imponer la pena por el delito de apropiación indebida con la pena de cuatro años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y las costas del procedimiento. Sumado a la indemnización a D. Juan Untoria Agustín.