El abogado del afectado, Juan Gonzalo Ospina, explica que 6 policías accedieron a su domicilio sin orden judicial y les pide más de dos años de cárcel
Juicio patada en la puerta de Lagasca en Madrid: En el foco, el mando policial Daniel García

Los hechos desencadenantes tuvieron lugar el 21 de marzo de 2021, cuando, en plenas restricciones por la pandemia del coronavirus, la Policía sin orden judicial accedió en un domicilio de la céntrica calle Lagasca de Madrid derribando la puerta con un ariete.
Los seis agentes implicados se sientan ahora en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de allanamiento de morada tras detener al inquilino del piso, que residía de forma habitual en el mismo siendo esta su morada.
Al frente del operativo estaba el subinspector Daniel García, un policía perseguido por la polémica en un nutrido grupo de operaciones.
'Polémicas' intervenciones sin orden judicial de Daniel García
Un joven fue tiroteado por la policía en Madrid. Era noviembre 2021 cuando la Policía Nacional accedió a un domicilio de la calle San Claudio, en el barrio de Palomeras Suroeste, donde un joven de 21 años falleció al recibir seis impactos de bala de 18 disparos realizados en el interior del domicilio.
En un relato muy difuso, donde la versión ofrecida por el portavoz de la policía fue desmentida por la familia y se contradice con lo expuesto por el informe médico forense, el joven apareció en el salón con un cuchillo abalanzándose sobre los agentes. Kebyn, así se llamaba el fallecido, medía 170 centímetros y pesaba 70 kilos, pero tres agentes solo pudieron emplear armas de fuego para reducirle. El informe de la Policía Científica "no encontró huellas en el arma blanca". Y en los informes de la causa tampoco constan marcas de cuchillo en las paredes del rellano, como exponían los agentes.

El abogado Juan Gonzalo Ospina atendiendo a los medios a la salida de los Juzgados.
La letalidad de los disparos fue por el volumen de balas que recibió, no por el impacto de una de ellas en un órgano vital, un hecho que también sobresale en el informe.
Conflicto diplomático al acceder a la embajada de Egipto
Una familia informó en junio de 2022 a la Policía que no sabían nada del paradero de un familiar, notificando que había acudido a realizar una gestión consultar. Así, sin más datos, el subinspector mencionado, Daniel García, se personó en la embajada de Egipto, accedió al interior y custodió el edificio causando un conflicto diplomático que obligó a intervenir al propio Gobierno. La sorpresa del caso vino cuando el buscado apareció horas más tarde borracho por la calle, desacreditando toda la intervención policial que carecía de orden judicial.
El subinspector de Policía Nacional procesado por un delito de allanamiento de morada por el caso de ‘la patada en la puerta’ estuvo detrás de al menos otros 12 operativos policiales en los que se decidió entrar por la fuerza a distintos domicilios de Madrid.
Una práctica que incomodaba a comisarios y el propio ministerio de Interior, hasta el punto que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid emitió una nota interna el 10 de febrero del 2022 para exponer que únicamente en las actuaciones de «extrema urgencia», aquellos en los que la vida de las personas esté en riesgo, es decir, en cuestiones de vida o muerte, se podía intervenir como hacía el subinspector Daniel García.
Retirado de su puesto táctico
El subinspector, ante la disconformidad que han mostrado tanto sus superiores como compañeros, fue retirado de su puesto táctico y reubicado en otro puesto de la misma Brigada. Un asunto que fuentes internas refieren que se realizó para evitar que siguiera actuando de forma tan poco ortodoxa y cuestionable.
Los agentes implicados en el derribo de la puerta en la calle Lagasca se enfrentan a dos años y seis meses de cárcel a petición del abogado que defiende al inquilino, el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina. El fiscal solicita la absolución de cinco de los policías y entiende que en el caso del jefe de grupo actuó en la creencia de que el acto era legal.