El Santander deberá de indemnizar a un empresario navarro por la presunta estafa del Banco Popular

La dulce digestión del Banco Popular por parte del Banco Santander se está complicando en pleno juicio por la presunta estafa a los accionistas del primero que no vieron ni un solo euro mientras que la entidad de crédito de los Botín se hacía con sus activos por tan solo 1 euro. 

Y es que a este juicio se le une una reciente condena del Tribunal Supremo, que ha ratificado los fallos del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y de la Sección Tercera de la Audiencia navarra en favor de un empresario navarro al que el Banco Popular estafó. 

La víctima es Juan González, que tendrá que ser indemnizado con 4,5 millones de euros porque el Popular le vendió un producto tóxico que le hacía perder dinero casi con total seguridad. El empresario, que invirtió los ahorros conseguidos en la venta de una empresa familiar, se quedó en la ruina. 

Así es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

La sentencia del TSNJ aseguraba que "el posible error en el consentimiento no deriva de la ausencia de realización de los test, sino del desconocimiento real y efectivo por parte del cliente de qué era lo que estaba en realidad contratando". 

Y afirmaba, tal y como recoge Noticias de Navarra, que "la entidad bancaria no prestó al demandante una información completa y veraz sobre la verdadera naturaleza y alcance del producto y sobre sus verdaderos riesgos, resultando ello generador del desconocimiento del cliente". 

El testimonio de los trabajadores del Popular "no lleva a concluir que se hubiese prestado al demandante una información completa, pues no consta con certeza que se hubiese explicado el componente especulativo, que conforma el núcleo esencial del contrato, ajeno y muy distinto a la mera fluctuación de acciones en Bolsa, como tampoco las gravosas consecuencias materiales en caso de minoración de uno de los activos por debajo del 65% de su valor inicial". 

Giro en el juicio por presunta estafa del Popular

Hace unos días el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, tomó declaración como investigados a Jacobo González-Robatto y a José Ramón Rodríguez, director general corporativo y de finanzas del banco y expresidente de la Comisión de Auditoría del extinto Banco Popular respectivamente. 

Imagen de una sucursal del Popular. 

El juez de la Audiencia Nacional investiga la presunta estafa que cometió la cúpula del Popular cuando en 2012 realizaron una ampliación de capital. Cabe recordar que cinco años después de este proceso el banco fue intervenido tras quedarse sin liquidez y fue adquirido por tan solo un euro por el Santander, que se hizo con los 5.000 millones de créditos fiscales que atesoraba su antiguo rival. 

El banco de los Botín recibió, nada más acceder a la sala de máquinas del entonces sexto banco de España, 500 millones de Hacienda de estos créditos fiscales (que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades). 

El ministro de Economía, tanto en 2012 como en 2017, era Luis de Guindos, que aseguraba que el rescate del Popular no iba a costar "ni un duro a los españoles", alarmados por el gigantesco socavón provocado por la banca (el FROB, 'banco malo', ha reconocido pérdidas superiores a 45.000 millones de euros derivadas por rescates bancarios en la última década). 

El expresidente del Popular, Ángel Ron, se negó a ser rescatado ni por el FROB ni por la SAREB, que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad.

Este juicio ha dado un giro de 180 grados después de que los exaccionistas del banco hayan denunciado a directivos del Banco de España y la CNMV por su presunta dejación de funciones. 

Un pelotazo que afecta a De Guindos

De Guindos declaró como testigo por este caso de presunta estafa por su papel en la ampliación de capital. El entonces ministro de Economía afirmó en la absorción del Popular por parte del Santander que no se había "comprometido ni un solo euro de recursos públicos de ningún tipo, ni presentes ni futuros" (pese a que el Gobierno desembolsó más de 380.000 euros por los trámites de la absorción). 

Y cinco años antes De Guindos tuvo un controvertido papel que, ahora, podría complicarle su soñado regreso de Frankfurt (en donde ejerce como vicepresidente del BCE) para convertirse en el número dos del Gobierno, en el caso de que Alberto Núñez Feijóo alcance La Moncloa. 

De la ampliación de capital, "clara y transparente" según Ángel Ron, se defiende asegurando que los directivos desembolsaron 500 de los 2.500 millones de la misma. "Nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar", afirmó ante Pedraz. 

Le faltó añadir que esta ampliación de capital despejó los evidentes nubarrones que estaban colapsando al Santander y que la operación ayudó a que el precio de su acción se disparase de los 0,53 euros hasta los 5 euros a finales de 2013. 

Ese mismo año entró en el accionariado el acaudalado empresario mexicano Antonio del Valle, cercano al Opus Dei (orden con la que el Popular ha estado emparentada de forma histórica). Y este acabó controlando el banco tras la caída de Ron y fichando entre tinieblas al prestigioso banquero Emilio Saracho, que se embolsó 4,5 millones de euros por unos escasos meses de trabajo en 2017.