03 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

La encargada de negocios y el cónsul sí lograron el objetivo de entrar en la casa de la embajadora de México y entrevistarse con Juan Ramón Quintana

Ésta es la verdadera historia de los pasaportes diplomáticos y los GEOS en Bolivia

Dos miembros del GEO en Bolivia.
Dos miembros del GEO en Bolivia.
Los seis integrantes del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía Nacional sí lograron su objetivo de dar escolta a los enviados diplomáticos de la Embajada española en La Paz, de visita "de cortesía" en la residencia de la embajada mexicana donde se refugian disidentes del nuevo gobierno boliviano, ya que lograron acompañar al cónsul y a la encargada de negocios hasta la vivienda de la embajadora. Fue a la salida cuando fueron increpados por los residentes en la zona.

"Los GEO no sabían a lo que iban realmente, sólo hacían su trabajo de escolta habitual fuera de la embajada. Dejaron al cónsul y a la encargada de negocios en la residencia de la embajadora y fue a la salida cuando se produjo el incidente que hemos podido ver en televisión", según afirman fuentes consultadas por elcierredigital.com.

"Normalmente en la vigilancia de las embajadas se alternan GEOS y UIPS y en esa fecha le tocaba al GEO. Lo que no tiene razón de ser es confundir los pasaportes de los que se van con los de los que entran con pasaporte diplomático", continúa relatando este experto en seguridad, que asegura que los relevos se producen cada cuarenta y cinco días de manera sistemática. "Por eso tiene sentido que entrasen  a mediados de noviembre y saliesen a finales de diciembre", añade.

Nota donde aparecen los nombres de los GEO que estaban en la embajada española.

Es decir, que los pasaportes filtrados a la Prensa española y publicados en un medio digital español se corresponderían con las identidades de los miembros de la UIP que entraron en el país para relevar a sus compañeros del GEO, hasta entonces de servicio en Bolivia. Por eso hay una disparidad de nombres entre los que salen, reflejados en la nota verbal enviada por la Embajada española a las autoridades bolivianas y los que entraron, al no ser las mismas personas evidentemente.

Todos los encargados de seguridad que van destinados a las embajadas lo hacen con pasaportes diplomáticos expedidos por el ministerio de Exteriores de España. por lo que los pasaportes serían perfectamente legales. De hecho, también hubo información errónea sobre la llegada de los GEO que habría tenido lugar el día antes del incidente, cuando los que llegaron ese día fueron sus relevos de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El conflicto arrancó el pasado 27 de diciembre cuando la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, se dirigieron a la residencia oficial de la Embajada de México en dos coches a las ocho de la mañana, pero a la salida varios vecinos congregados en la zona impedían el paso de dos vehículos y personal de seguridad español -al menos cuatro individuos- salieron del coche encapuchados y presumiblemente armados, según las autoridades bolivianas, que consideraron este acto un "atropello" a la soberanía de Bolivia.

Pasaporte que pertenece a un relevo de los GEO, un miembro de la UIP, en concreto.

Sin embargo, la embajada española en La Paz había comunicado un día antes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia el retorno de seis miembros del cuerpo diplomático a través de una nota verbal fechada el 26 de diciembre, un día antes que se produjera el incidente en la Embajada de México. El documento oficial filtrado a la prensa contiene nombres y apellidos de los seis y sus números de pasaporte, lo cual ha sido criticado por sindicatos policiales españoles. La nota verbal explica a la Dirección General de Ceremonial de Estado que "el 28 de diciembre regresarán a España el personal que ingresó el pasado 14 de noviembre como apoyo técnico a la legación diplomática. Se trataría de seis miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, supuestamente.

Uno de los GEOS bajando del vehículo diplomático español.

Nadie cree que los desplazados allí fuesen a sacar a personas de la embajada de México para llevarlas a la embajada española. "Ni siquiera los propios bolivianos, pero algo tienen que argumentar. Solo sería trasladar el problema de lugar y nada ganaría el gobierno español con ello", aseguran las fuentes consultadas.

Pasaportes reservados al CNI

Por otra parte, los sindicatos policiales ya han alertado que desvelar las identidades de los agentes pone en peligro su seguridad. La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que ello "pone en riesgo su identidad y su integridad física mediante la filtración de sus pasaportes que, es evidente, sólo puede provenir de organismos públicos bolivianos". La CEP ha recordado que la presencia de estos policías en Bolivia tiene relación con las misiones propias del GEO, que en el extranjero son la protección de diplomáticos y embajadas.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) defendió la labor de los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) implicados en el incidente y ha asegurado que realizaron su trabajo "con pleno respeto a la legalidad internacional y sin responder a las provocaciones de un grupo de ciudadanos". Además, piden a los partidos políticos que se evite "utilizar a la Policía Nacional en su lucha partidista".

Juan Ramón Quintana.

Desde el gobierno español se ha asegurado que era una visita "cortesía" y negó que pretendieran facilitar la salida de los antiguos altos cargos del Gobierno del expresidente Evo Morales. Dentro la residencia de la embajadora mexicana, Teresa Mercado, se encuentran nueve antiguos dirigentes en calidad de asilados políticos, cuatro de ellos con orden de búsqueda y captura por parte del gobierno boliviano. La ministra de Exteriores en funciones, Margarita Robles, ya ha anunciado una investigación al respecto.

Ésta es la valija diplomática que los GEO introdujeron en el país durante su llegada en noviembre.

Las cuatro personas en búsqueda y captura, refugiadas en la embajada mexicana, son el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; la exministra de Cultura Wilma Alanoca; el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

En los primeros momentos a los expertos también les llamó poderosamente la atención que en una visita de "cortesía" los agentes fuesen equipados con chalecos antibalas. "Quien los mandó esperaba exactamente esa reacción y los agentes sabían realmente a los que iban, a ninguno le pilla por sorpresa". añaden. Sin embargo, fuentes consultadas por elcierredigital aseguran que "es normal que en estas misiones en países con cierta conflictividad los policías lleven chalecos antibala".

Relaciones excelentes con la DEA

Hay que recordar las excelentes relaciones que mantiene la Policía Nacional española con la DEA o agencia antidroga norteamericana. Sin embargo, las relaciones oficiales pasan siempre por el CNI, aunque en fuentes policiales nadie niega que si llega el momento y alguien hace una llamada a un colega del otro lado del mundo ambos se prestarán la ayuda necesaria, aunque luego sea fiscalizada por el CNI.

El pasado mes de noviembre la Fiscalía del Estado de Bolivia emitió una orden de captura contra Quintana, acusado por sedición, financiación al terrorismo e instigación pública a delinquir, ya que el Gobierno interino de Jeanine Áñez lo señala como uno de los organizadores del proceso de insurrección que se llevó a cabo en Bolivia tras la renuncia y exilio en México de Evo Morales.

Contra Quintana, el exnúmero dos del Gobierno de Evo Morales, se han lanzado varias acusaciones por presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico, en parte como resultado de su estrecha relación con Mayerling Castedo, quien fue detenida en junio de 2019 por estar presuntamente involucrada en el clan "Candia Castedo", en la provincia de Moxos, departamento del Beni.

Juan Ramón Quintana

Juan Ramón Quintana es un polémico exmilitar, formado en la tristemente conocida Escuela de las Américas, con estudios de Sociología y Filosofía, todo ello antes de renunciar al Ejército en 1997 e incorporarse definitivamente a la política de la mano de Evo Morales. Antes pasó por Cuba, donde recibió adiestramiento. Desde las propias filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, ya señalaron a Quintana, acusado en 2008 por un caso de contrabando de camiones con destino a Brasil, sin embargo el caso finalmente fue archivado por la mayoría del partido de Morales en la comisión del Congreso.

Mayerling Castedo.

Mayerling Castedo era una alta dirigente del MAS, secretaria del departamento de Gobernación de Beni. Tras la desarticulación del clan de narcotráfico "Candia Castedo", se conoció la involucración de Mayerling Castedo Molina.

La operación contra esta organización arrancó tras la incautación de una avioneta con 302 kilos de droga en la provincia de San Pedro, en Paraguay, donde fue detenido un piloto boliviano, sobrino de Castedo. Tras la detención de Castedo, circuló en las redes sociales diferentes fotografías en la que se ve a Mayerling Castedo junto a varias autoridades como el entonces gobernador del Beni, Alex Ferrier, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el expresidente Evo Morales. Ella ha negado siempre cualquier implicación en narcotráfico.

Castedo Molina fue fiscal de Materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Beni, asesora de la Asamblea Departamental y de varios municipios benianos. Ingresó en julio de 2019 en el penal de Mocovi junto a su hija Joyci Candia Castedo en prisión provisional.

Parece por tanto muy posible, que la DEA esté interesada en conocer los vínculos de Quintana con el narcotráfico si es que estos existieran y es un interés legítimo dentro de la lucha contra el narcotráfico que llevan a cabo en todo el continente.

Días después el gobierno boliviano ha continuado acusando al español de intentar extraer pruebas de la supuesta financiación de Podemos e incluso ha pedido que se investigue a fondo el informe del coronel Cardona Álvarez de febrero de 2015 en el que se denunciaba la ayuda económica que habría recibido Podemos por parte del gobierno de Evo Morales. El nuevo gobierno boliviano acabó expulsando del país a la embajadora de México y al cónsul y la encargada de negocios españoles.

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