21 de junio de 2021
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FIN DE SEMANA

Abre diligencias a partir de una denuncia de Manos Limpias contra todo el consejo de Administración que aprobó las ayudas a la aerolínea

Un juzgado de Madrid investiga ya el rescate de Plus Ultra y al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora

Bartolomé Lora, denunciado ahora.
Bartolomé Lora, denunciado ahora.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias para investigar las circunstancias del rescate a la aerolínea Plus Ultra. La denuncia, interpuesta por el sindicato Manos Limpias, acusa de un posible delito de malversación de caudales públicos al expresidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la entidad, y todo el consejo de Administración que avaló esta medida.

En un auto adelantado por el diario El Español la instructora incoa diligencias ante los hechos, que podrían ser constitutivos de una "posible infracción penal" denunciados por Manos Limpias, cuyo presidente, Miguel Bernard está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por la Operación Nelson.

Las diligencias se dirigen contra Lora, que era el presidente de la sociedad estatal SEPI cuando se aprobaron esas ayudas de 53 millones de euros a la aerolínea. Tanto a él como al consejo de administración de entonces se les acusa de  un presunto delito de malversación de fondos públicos. La querella también salpica a cuatro secretarios de Estado -Defensa, Hacienda, Energía y Economía- así como a los cuatro subsecretarios de distintos departamentos del Gobierno, incluido el de Presidencia, un secretario general y dos directores generales.

El único avión de Plus Ultra.

La jueza aún no ha acordado citaciones y ha empezado por dar traslado a los denunciados y la Fiscalía requerir a la SEPI el expediente completo que terminó en la inyección económica a Plus Ultra. Una aerolínea tal y como contó ya elcierredigital con muchos problemas económicos y solo un avión.

La operación no está exenta de polémica, supuso un desembolso de 53 millones de euros –con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones– en favor de esta aerolínea relacionada con líderes chavistas venezolanos.

El sindicato Manos Limpias interpuso una primera denuncia sobre el rescate que fue sobreseída, pero el pasado 25 de marzo se amplió para incluir al presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso; y sus máximos accionistas. Esta segunda ofensiva es la que ha desencadenado la apertura de la causa y en ella, la organización sumaba más indicios y señalaba además un delito de corrupción y otro contra el mercado y los consumidores ante lo que califica como un rescate con "una motivación política y no económica".

Esta no es la primera ofensiva judicial en los tribunales. El partido político VOX ya interpuso hace unas semanas una querella ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y todo el consejo de Administración de la SEPI por entender que no se trata de una empresa estratégica con relevancia en su sector y que tampoco tenía derecho a ese plan de rescate puesto que sus pérdidas no son consecuencia de la pandemia. Todavía no se ha decidido sobre su admisión o no a trámite.

                                                                Rodolfo Reyes y el empresario Alfredo Cohen.

Teniendo en cuenta las operaciones declaradas por Plus Ultra y los números de su facturación (94 millones) en las últimas cuentas declaradas a 31 de enero de 2020, el rescate de 53 millones equivale a más de la mitad de sus ingresos.

La historia de Plus Ultra

La línea aérea Plus Ultra está controlada por Rodolfo Reyes, socio del empresario Camilo Ibrahim. Ambos nombres fueron ligados el pasado año al entramado financiero del grupo de testaferros de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, según  las inverstigaciones de la exfiscal general del Estado venezolana Luisa Ortega. Tanto Reyes como Ibrahim coinciden como socios en dos empresas españolas.

Rodolfo Reyes es consejero y accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, pero además coincide en el consejo de administración con Carlos Ibrahim en dos empresas españolas creadas una, el 23 de diciembre de 2020 (Alimentos Los Páramos) y otra, el 28 de noviembre de 2018 (la compañía de Bocono y Biscucuy). Esta última ha llegado a compartir domicilio y sede con Plus Ultra, según consta en el registro mercantil.

En dichas empresas también coinciden con Ibrahim otros dos cargos de Plus Ultra: Roberto Roselli Miele y El Arigie Harbie Raif. Aunque Plus Ultra logró el permiso para operar en España en 2015, ahora solo tiene un avión y el rescate estatal sólo le ha llegado después de la creación de nexos empresariales en España entre Reyes e Ibrahim y bajo la administración socialista.

El empresario Camilo Ibrahim.

Ambas empresas compartidas por dichos presuntos testaferros de Maduro, según la exfiscal Luisa Ortega, tienen como objeto la comercialización y exportación de alimentos, terreno en el que involucra la fiscal a Ibrahim y a Reyes por la compra estatal de comida con sobreprecios para Venezuela. Pero no consta que la exfiscal haya implicado oficialmente por el momento a dichas sociedades españolas en esa trama.

Por su parte, Camilo Ibrahim tiene una decena larga de empresas en Panamá: La Gran Familia Zona Libre SA, Maroa Commercial Corporation, Luxpan DFS, Uptown, Aukan, Phoenix Trade Offshore, Rugby Z.L., Sportex Zona Libre, Great Wall Enterprise Offshore, Venchicat Capital, Sometimes, Aishop SA, y Baru Overseas Investment. Abundan informaciones en la Prensa venezolana que vinculan tal trama panameña con la compra fraudulenta de alimentos, pero no constan sentencias condenatorias ni procesos abiertos hasta la fecha. Reyes e Ibrahim llegaron a ser citados a declarar en 2018 por una comisión de investigación de la opositora Asamblea Nacional Venezolana por el fraude de las compras de alimentos. Los empresarios negaron cualquier vinculación con tal trama durante su comparecencia.

 

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