15 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

Dos de ellas, Cohemo y SDLE, fueron sancionadas por la CNMC en 2023 por considerar que las licitaciones de Margarita Robles se otorgaban en “cárteles”

Las empresas que se ‘reparten’ los 800 millones y 700 contratos de Defensa en los últimos 5 años

El Cierre Digital en Margarita Robles, ministra de Defensa, y algunas de las empresas que se 'reparten' los contratos de Defensa.
Margarita Robles, ministra de Defensa, y algunas de las empresas que se 'reparten' los contratos de Defensa.
El Ministerio de Defensa de Margarita Robles recibía en el año 2020 quejas de miembros de las Fuerzas Armadas debido a que algunas tareas, que antes se llevaban a cabo de manera interna, estaban siendo llevadas por empresas externas. Precisamente, en 2023 la CNMC sancionó a tres empresas por repartirse las licitaciones de Defensa a través de “2 cárteles”. Desgranamos tres de las empresas que se ‘reparten’ estos contratos, con más de 700 adjudicaciones y más de 800 millones de euros en 5 años.

Desde hace más de cinco años en elcierredigital.com hemos destapado diversas adjudicaciones de los gobiernos autonómicos y del nacional a través de sus ministerios. Ahora, con el estallido de la ‘operación Delorme’, algunas de las adjudicaciones sobre las que habló elcierredigital.com se han visto materializadas en detenciones —como la de Koldo García y su mujer Patricia Úriz— y en rostros de la política que se han visto salpicados por el escándalo, como el de José Luis Ábalos.

No obstante, la trama del ‘caso Koldo’ no es la única que hemos destapado en elcierredigital.com. Como publicamos recientemente en este diario, la ministra de Defensa Margarita Robles “aprobó en 2020 licitaciones de emergencias por 2.058.665 euros a empresas ajenas al sector sanitario", según una denuncia interpuesta. No obstante, las licitaciones sobre la compra de material sanitario —eje de la ‘operación Delorme’— no son las únicas que han resultado polémicas en el Ministerio de Defensa.

Ya en el año 2020 elcierredigital.com destapaba las licitaciones que el Ministerio de Defensa sacaba a concurso y que eran criticadas por la asociación profesional de militares #45SinDespidos, que no compartían que se estuvieran externalizando tareas que podían realizar los miembros de las Fuerzas Armadas. Desde la asociación hablaban de “fomentar una segunda actividad entre los miembros de las Fuerzas Armadas” para que después de su jubilación, a los 45 años, todavía pudiesen trabajar. No obstante, en los últimos años las tareas de reparaciones y mantenimiento han sido adjudicadas a empresas externas.

Miembros del Ejército español.

Según el medio Escudo Digital, son tres las empresas que obtienen muchas de las licitaciones del Ejército de Tierra: Comercial Hernando Moreno Cohemo SLU (Cohemo), StarDefence Logistics & Engineering SL (SDLE) y Escribano Mechanical and Engineering SL (EM&E).

De estas tres empresas, dos de ellas (SDLE y Cohemo) fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en julio de 2023 por considerar que se estaban repartiendo las licitaciones del Ministerio de Defensa a través de “dos cárteles”. Cohemo tuvo que pagar una multa de 1.067.944 euros y SDLE de 3.302.912. No obstante, y tal y como ha podido saber elcierredigital.com, han seguido recibiendo licitaciones después de la sanción.

Cohemo, una de las sancionadas por la CNMC

La primera de las empresas es Cohemo. En su propia página web cuentan que comenzaron su actividad en “1993, como una empresa familiar cuya principal actividad era la distribución de repuestos para vehículos militares del Ejército de Tierra Español”. Comenzaron a operar en el polígono industrial El Álamo, en Fuenlabrada, y su  expansión les llevó a mudarse al polígono industrial Las Nieves (Móstoles) y al polígono industrial Las Pajarillas (también en Móstoles), donde desde el año 2018 cuentan “con unas instalaciones de casi 30.000 metros cuadrados”.

Según la mencionada web, entre las tareas de Cohemo está la “reparación y actualización de materiales actualmente en servicio de distintas Fuerzas Armadas del mundo, así como el suministro de piezas de recambio para vehículos de producción y para aquellos para los que, debido a su larga vida en servicio, es más difícil el mantener su cadena de abastecimiento”.

Elcierredigital.com ha tenido acceso a la información del Registro Mercantil de la empresa, que tuvo un balance de 627.631 euros el pasado año 2022. Ese mismo año contaba con un activo total de 19.950.398 euros y un capital social de 185.250 euros. Como indican en su página web, la empresa se constituyó el 31 de marzo de 1993 y tiene como administrador único a Sergio Hernando Moreno.

En los últimos cinco años, Cohemo ha recibido un total de 253 contratos públicos, uno de ellos de entidades dependientes de la administración del Estado y el resto de la propia administración del Estado. El importe total de estas licitaciones asciende a 74.895.990,80 euros. El último contrato ofrecido por el Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa data del 23 de enero de 2024 y como objeto tenía el “mantenimiento de motores de vehículos de la familia TOA”.

Entre noviembre y diciembre de 2023 recibió otros cuatro contratos del mismo organismo. Uno de ellos tenía como objeto la “adquisición de rotable para el carro de combate LEOPARDO 2E”. Como ya informamos desde elcierredigital.com, en 2020 se concedió una licitación a Cohemo para mantener la torre de los carros de combate Leopard 2E hasta diciembre de 2021. En vista de esta última adjudicación, fue ampliada, al menos, hasta 2023.

Carro de combate Leopard 2E.

También llama la atención sobre Cohemo que en 2021 recibió dos subvenciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital por valor de 240.000 euros. Además, en febrero de 2024 cambió el comportamiento de pagos de la empresa a “alta en E.B.E. Morosidad”. A pesar de ello, en enero siguió recibiendo licitaciones, como hemos podido comprobar.

SDLE y sus 423 contratos públicos

La segunda empresa multada por la CNMC fue StarDefence Logistics & Engineering SL (SDLE). Según su propia página web, son “proveedor habitual de las Fuerzas Armadas Españolas, así como proveedor oficial de la OTAN y Naciones Unidas”, y afirman posicionarse desde “2009 como uno de los proveedores principales del sector militar español y líderes en países como Jordania”.

Al igual que Cohemo, la sede de SDLE se encuentra en Móstoles, concretamente en el polígono Industrial número 1 de Arroyomolinos. Fundada el 29 de julio del año 2008, en 2022 obtuvo un balance negativo de 581.255 euros y tenía unos activos totales de 36.798.448 euros y un capital social de 100.000 euros. Su administrador único es Raúl Pérez Guerrero.

Sobre las adjudicaciones de contratación públicas, SDLE recibió en los últimos cinco años un total de 423 por un valor de 74.500.755,3 euros. Cuatro de estos contratos provenían de la administración local. El último de los contratos les fue adjudicado el 16 de febrero de 2024 por el Ministerio de Defensa para la Armada y tenía como objeto el “servicio de mantenimiento de motores y maquinaria en dependencias de la Bahía de Cádiz”. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024 recibió otros cuatro contratos, esta vez para el Ejército de Tierra.

Al igual que Cohemo, también recibió subvenciones en el año 2021. Un total de tres, otorgadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por un valor de 20.663,85 euros. En diciembre de 2023, según la información a la que ha tenido acceso este diario, empeoró su riesgo comercial.

EM&E, contratos de los ministerios de Defensa e Interior

La última de las empresas ‘habituales’ del Ministerio de Defensa es Escribano Mechanical and Engineering SL (EM&E). Esta última no fue sancionada por la CNMC. Según su página web, “la empresa fue fundada en 1989” y “comenzó su andadura como pequeño taller de mecanizados”. Se definen a sí mismos como “una compañía nacional de origen familiar a la vanguardia tecnológica y de innovación. Diseña y fabrica en sus instalaciones de Alcalá de Henares sistemas complejos de defensa”.

En su página web, además, se puede apreciar una certificación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que acredita a EM&E como una de las empresas que forman parte del “Programa de Reindustrialización y Fomento de la Competitividad Industrial” sobre “proyectos para fabricación de productos y bienes considerados de emergencia en crisis sanitaria COVID-19 (2020)”.

Emblema del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que aparece en la página de EM&E.

En el año 2022 presentó un balance, según el Registro Mercantil, de 13.149,015 euros. Ese mismo año sus activos ascendían a 192.213.129 euros y poseía un capital social de 863.014 euros. Aunque en la página web afirman que fue fundada en el año 1989, en el Registro Mercantil figura como fecha de constitución el 2 de febrero de 1998, a pesar de que la fecha de fundación se mantiene en el año 1987. Su presidente es Ángel Escribano Ruiz.

Sobre las contrataciones públicas, en los últimos cinco años recibió un total de 31, valoradas en 682.229.247,3 euros. De todas estas adjudicaciones, una pertenecía a la administración local, otra a las entidades de la administración del Estado y el resto a la propia administración del Estado.

Las adjudicaciones más recientes corresponden, precisamente, al Ministerio de Defensa y datan de noviembre y diciembre de 2023. Antes de eso, recibió adjudicaciones del Ministerio de Interior en materia de Seguridad en los años 2021 y 2022. Al igual que la anterior empresa, en febrero de 2024 figura que empeoró su riesgo comercial.

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