Policías jubilados a punto de desahucio en Cádiz: "Es inconcebible que echen a gente que ha servido al Estado"

La mañana de este miércoles agentes de la Policía Nacional se personaban en el domicilio de Cándida López, de 76 años, y le notificaban que dispone de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. Al igual que ella, sus cinco vecinos deberán empaquetar toda su vida e irse del edificio que, durante décadas, ha sido su hogar. 

Todos ellos, policías jubilados y sus familiares, serán desahuciados por mandato de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP), que ordenó los lanzamientos en mayo de 2019, al considerar probada "la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello".  

Propiedad del Estado, y edificado sobre terreno municipal, ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares, que ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas. Hasta que se eliminaron las ayudas de vivienda y Madrid dijo que no había que pagar por los pabellones". Tal y como recogió entonces elcierredigital.com los vecinos insistieron en seguir pagando las cuotas correspondientes, sin embargo, desde la Dirección General de la Policía les dijeron que no tenían que hacerlo. 

Hace aproximadamente un mes, tras dos años con el asunto paralizado, varios agentes acudieron al pabellón y cambiaron la cerradura de las viviendas deshabitadas. Ayer, cinco policías se personaban en la casa de Cándida y le informaban del inminente desalojo. Su hijo, José María Merino, explica en elcierredigital.com que su madre, muy afectada, le llamó llorando para comunicarle lo ocurrido. "Es inconcebible que esto ocurra. Mi padre se pasó 45 años dando la vida por los demás y así nos lo pagan. No puede ser que vayan a desahuciar a personas mayores. Mi madre tiene 76 años y hace poco le diagnosticaron un cáncer, mi vecino tiene 85 años, algunos de ellos tienen la salud delicada. ¿Dónde van esas personas ahora?" lamenta indignado. 

"Llevamos todo este tiempo luchando porque la orden de desahucio no se ejecute. Hemos acudido a todos los sitios posibles, hemos hablado con el comisario, con el subdelegado del Gobierno... con todas las partes implicadas para buscar soluciones. Nos hemos ofrecido a pagar las rentas, a hacer lo que sea. Pero la única respuesta que hemos recibido es que debemos buscar una casa, que recurramos a Asuntos Sociales, pero a día de hoy todavía no hemos recibido ningún tipo de ayuda", denuncia José María Merino. 

Sin alternativa habitacional, exigen que desde la Dirección General de la Policía aclaren su situación. Para ellos, es todo un despropósito que tras años de servicio al cuerpo y sin explicación alguna, la propia Administración a la que han servido les desaloje de sus casas, obviando sus circunstancias personales, familiares, económicas.