Peligra la inversión de Villar Mir en el Ave a La Meca y Copasa es investigada por Anticorrupción

El consorcio que forman varias empresas concesionarias del AVE a La Meca, entre ellas OHL, Talgo y la gallega Copasa, puede tener problemas, ya que unos de sus socios mayoritarios, la empresa OHL de Juan Miguel Villar Mir atraviesa sus horas más bajas. El pasado 4 de enero el diario El Mundo publicaba los apuros económicos que pasa ahora la familia del marqués de Villar Mir, después de un 2019 que ha sido demoledor, porque el grupo se deshizo de tres de sus empresas más importantes, Fertiberia, Ferroatlántica y Fertial y dejó atrás uno de los proyectos claves, el proyecto Canalejas, acuciado por una deuda muy difícil de asumir incluso para quien fuera una de las primera fortunas españolas.

Ahora, Juan Miguel Villar Mir negocia con la familia mexicana Amodio para venderles parte de su 30,6% de acciones en OHL, lo que le dejaria en minoría, tras desprenderse en 2018 del otro 12%. Esta desinversión progresiva respondería, según los expertos a la estategia iniciada en 2015 con la venta de Torre Espacio, una de las cuatro Torres gigantes del norte del Paseo de la Castellana donde asienta su sede el grupo.

Fiscalía Anticorrupción

Este abandono de los negocios podría afectar también a la investigación llevada por la Fiscalía Anticorrupción, que trata de encontrar el origen de los 100 millones de euros de comisión en las obras del AVE a La Meca. Todos los dedos señalan a un consorcio de 12 empresas, concesionario final de esta obra y gestión del AVE, bautizado cmo Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM). La gallega Copasa, presidida por José Luis Suárez Gutiérrez, es la tercera en importancia dentro de este grupo, solo por detrás de Talgo y OHL.

José Luis Suárez Gutiérrez, a la derecha, con autoridades saudíes.

Mientras, Copasa libra además su particular batalla contra su exdelegado en Baleares, que intermedió en contratos con los árabes y está defendido precisamente por Pedro Horrach, un exfiscal Anticorrupción. 

Según explicó ya elcierredigital.com el empresario Jesús Díaz Barreiros intervino en la consecución de la obra del AVE a La Meca. El fiscal Anticorrupción ya busca el origen de esos supuestos 100 millones de euros que alguien se llevó en concepto de comisión por intermediar e influir para que este consorcio de mayoría española se hiciera con el concurso.

Las doce empresas concesionarias del AVE a la Meca  integran un consorcio, donde Talgo está a la cabeza, seguido de cerca por OHL, Copasa, Renfe, Cobra, Siemens Rail Automation, Adif, Indra, Imathia, Ineco, Inabensa y Consultrans Copasa. Además, durante los últimos meses tanto OHL como Copasa han aumentado su participación en esta unión de empresas, superando la inversión de Renfe y convirtiéndose en el segundo y el tercer mayor socio de la alianza, en la que todavía manda Talgo.

Éste solo es uno de los problemas que tiene la constructora Copasa, presidida por José Luis Suárez Gutiérrez, que ya denunció por vía penal a Díaz Barreiros por falsedad de contrato laboral y haber falsificado supuestamente la firma de Suárez, presidente de esta empresa en su contrato.

Juan Miguel Villar Mir.

Anteriormente Jesús Díaz había reclamado vía civil a Copasa su relación laboral como exdelegado territorial de esta empresa en Baleares, durante 13 años, pero al iniciarse este nuevo procedimiento penal la reclamación de cantidad efectuada por Díaz quedó en suspenso en tanto no se resuelva este otro asunto penal. La importancia de esta reclamación reside en que Díaz Barreiros proporcionó contactos e intermedió entre Copasa y el gobierno de Arabia Saudita, donde tiene importantes contactos.

Sin embargo, la querella penal no fue ratificada por el propio Suárez, presidente de Copasa, a pesar de que fue su firma la supuestamente falsificada. Además, el principal afectado, José Luis Suárez, no se presentó en el juicio, que tras una rápida vista oral quedó visto para sentencia.

Jesús Díaz Barreiros.

Por todo ello ahora es cuando la defensa de Díaz ha solicitado al Tribunal el sobreseimiento de la causa, por observar una clara intención de "mantener paralizado la demanda del trabajador ante el juzgado de lo social de Palma paralizado por este procedimiento en trámite", una denuncia en la que Jesús Díaz reclama su relación laboral para poder pedir una indemnización por despido y el pago de emolumentos pactados, según el propio Díaz.

Durante la vista oral del mes de julio de 2019, Díaz Barreiros se acogió a su derecho a no declarar, aunque el denunciante principal, José Luis Suárez, presidente y Consejero Delegado de Copasa, no se presentó en la vista oral como ya contamos en elcierredigital.com.

Los emolumentos reclamados por Jesús Díaz hacen referencia a la negociación de contratos internacionales como el firmado en Arabia Saudita, una obra relacionada con el supuesto entramado llevado a cabo por el entorno del Rey emérito Juan Carlos I , que ya está siendo investigado por la Fiscalía, que inexplicablemente no ha llamado a declarar a Jesús Díaz por este asunto.

Intermediación internacional

El conflicto se inició cuando Divicotel, empresa de Diaz, reclamó el pago de 6 millones de euros a la emprea Copasa por varios trabajos realizados. Como la reclamación no se satisfizo, Diaz puso en caso en manos del letrado Pedro Horrach, anterior fiscal Anticorrupción en el caso Noos de Mallorca. Parte de ese dinero reclamado correspondería a comisiones de intermediación en trabajos internacionales de Copasa, tercera emprea por volumen de negocio beneficiaria de las obras del AVE a la Meca y parte imporante del consorcio de empresas españolas que trabajan en este macroproyecto millonario.  

Edificio de Copasa en Palma de Mallorca.

El exdelegado territorial en Baleares de Copasa presentó varios contratos mercantiles para probar su relación contractual, después de la negativa y acusaciones de falsificación de prueba judicial del contrato laboral presentado por Jesus Díaz Barreiros en su demanda laboral, única presentada hasta la fecha y respondida con una demanda penal contra este por la empresa y acusación de José Luis Suarez Gutierrez.

El grupo Copasa está inmerso desde hace tres años en una pelea judicial contra su exdelegado territorial en las Islas Baleares, Jesús Díaz Barreiros, que trabajó para el grupo desde la sede en la calle Peraires 24 de Palma de Mallorca.

Sus declaraciones han levantado una polvareda judicial que amenaza con salpicar al presidente del grupo, José Luis Suárez Gutiérrez. Al mismo tiempo, Copasa mantiene una querella contra su exdelgado territorial, Jesús Díaz, al que acusa de falsificar la firma del presidente en los contratos laborales y, por tanto, no haber tenido nunca una relaicón laboral estable con el grupo constructor, a pesar de que Copasa le pagaba todos los sueldos y honorarios.

El pasado 30 de diciembre declaró de nuevo en los juzgados de Palma de Mallorca Jesús Díaz Barreiros, que decidió solo contestar a las preguntas de su defensa en relación con la querella que le acusa de falsificar la firma del presidente de Copasa, a pesar de que Díaz demostró la existencia oficinas de dirección y técnicas, contratos de alquiler de los locales, contratos de luz o telefonía, lo cual se demostró con aportación de pruebas concluyentes .

Deudas con Divicotel

Díaz contrató varios trabajos con su empresa Divicotel S.L. para Copasa y otras empresas de su empresa matriz Legio Aurense S.A., y que en los últimos ejercicios y que engloba a un colectivo que supera el medio centenar de empresas nacionales e internacionales según fuentes de los distintos registros mercantiles oficiales donde aparecen empresas con múltiples actividades desde empresas de construcción de carreteras , empresas concesionarias , empresas de explotación de visones , hoteleras y un largo etcétera, con actividad en Chile , Arabia Saudí , Brasil, entre otros países y varias ciudades del territorio español, todo un conglomerado de sociedades que en todo caso llega a despistar y complicar en gran medida las delicadas investigaciones.

Jesús Díaz, propietario Divicotel, reclama a Copasa impagos por valor de 6.200.000 euros, deuda ya reclamada ante la Justicia por el letrado y ex Fiscal anticorrupción en el Caso Noos de Palma, Pedro Horrach, que ejerce la defensa de Díaz en la reclamación de honorarios. Sin embargo, si Divicotel reclamase también el porcentaje del 15 por ciento en concepto de intermediación de las obras realizadas ese importe ascendería a unos 18 millones de euros.

Pedro Horrach en una imagen de archivo.

En noviembre de 2016 las oficina de Copasa en Baleares sufrieron un robo, denunciado por Díaz en la comisaría de Policía. Según ya informó elcierredigital.com entre la documentación robada aparecería información relativa a  altos cargos del grupo Copasa, como José Luis Saravia Centeno , Rafael Arin Abad  y Felipe Sanchez Alvariño. Un robo que continúa siendo investigado por la Policía.