20 de septiembre de 2020
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FIN DE SEMANA

España goza de una legislación flexible con la ocupación ilegal de viviendas, incluso de aquellas que son residencia habitual de su propietario

Indignación en redes contra la Ley “que protege a los okupas” y deja en la calle a muchas familias

España goza de una ley flexible con la ocupación ilegal de pisos y viviendas, incluso de aquellas que son residencia habitual de su propietario. Este hueco en la protección de la propiedad privada ha sido siempre polémico, pero no ha cambiado desde hace años. Miles de usuarios muestran su rechazo a la actual ley, mientras PP y Ciudadanos intentarán sumar al PSOE para cambiarla.

La mañana del lunes 3, los medios de comunicación se apiñaron en el portal número dos de la calle Jacinto Benavente de Tardón, Sevilla. Paola Mancilla, madre soltera y propietaria de un bajo en el edificio pudo volver a entrar a su casa después de que un grupo de okupas usurpara su vivienda y tirara todas sus pertenencias.

Una empresa privada de desocupación ha mediado con los ocupantes de la casa, a quienes la ley reconoce como “moradores” de la vivienda, aunque esta fuera el único domicilio de Paola y su hija. Según ha dicho Francisco, uno de los okupas, ha sido víctima de una estafa, ya que el antiguo inquilino, les “arrendo” el inmueble.

Gobierno : LEY CONTRA OKUPAS - ¡Firma la petición! https://t.co/yEM3J8uRZd vía @change_es

— Susana Pulgarin (@SusanaPulgarin1) August 3, 2020
 

España es ese país donde pagamos a una @policia y a una @guardiacivil (2 cuerpos policiales, a falta de uno) pero si quieres echar a unos okupas que se han metido en tu casa tienes que llamar a una empresa especializada.@jucilnacional @jusapol https://t.co/WAijzZy8Cb

— Obi Wan Kenobi (@Obi_Uan_Kenobi) August 3, 2020
 

Después de media hora, los okupas han abandonado el edificio y a pesar de haber asegurado que “fueron engañados”. La indignación en las redes sociales no se ha hecho esperar, en España crece el descontento hacia una ley evidentemente ineficaz en cuanto al desalojo de personas que ocupan propiedades; no obstante, la legislación permanece inmóvil sin razón aparente y los políticos no pasan de las discusiones verbales.

El columnista especializado y colaborador del elcierredigital.com, Sergio Martín, asegura que no existen motivos de peso que justifiquen que la ley permanezca inmóvil, ya que “los hechos preceden al derecho y probablemente nunca hemos tenido un problema tan grave con la okupacion”.

Martín aclara que hay dos supuestos en el caso de la ocupación; el primero, que sea en una casa vacía que no es domicilio o residencia habitual. “Aquí el conflicto es propiedad (propietario) vs. Inviolabilidad del domicilio (okupa). Aquí probablemente se dirige la ley protegiendo al okupa por la garantía del 18 CE”, según el columnista.

En segundo lugar, se encuentra el supuesto de Paola, una casa que el okupa sustrae al propietario que reside en ella. Para Martín en este caso “no debiera protegerse al okupa dado que es el okupa quien afecta a ambos derechos fundamentales, la inviolabilidad domiciliaria y la propiedad privada de quien en ella reside o quien se la tiene alquilada al residente”.

Lo de pagarle la luz al okupa porque, en caso contrario, te pueden condenar por acoso.
Hace falta una sofisticada combinación de leyes hechas por majaderos y sentencias dictadas por jueces anormales para llegar a tal contradiós.

— Miguel López (@miguel_tambien) August 3, 2020
 

En España no son pocas las voces a favor de los okupa, de hecho, La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tiene publicado una guía legal para okupar propiedades pertenecientes a bancos, que aunque dirigidos a personas desahuciadas de la propia vivienda, sirven para casi cualquier supuesto.

PP y Ciudadanos quieren sumar fuerzas con el PSOE

Las últimas semanas el Partido Popular y Ciudadanos han iniciado negociaciones para impulsar una ley de “desahucio express” de okupas, que permita que la Policía u otro cuerpo o fuerza de seguridad del Estado desaloje las viviendas en un máximo de 48 horas.

Ley anti okupas ya

— Greenkerry (@Greenkerry2) August 3, 2020
 

Según el presidente de la formación azul, Pablo Casado, esta Ley aboga por la recuperación de penas de uno a tres años de prisión por los delitos de ocupación. Casado también ha explicado que la ley incluye cinco puntos fundamentales destacando el delito de usurpación con penas de prisión.

No obstante, los partidos promotores intentarán sumar al PSOE para llegar a una mayoría de consenso. Según publica eleconomista, entre las medidas que ha pedido cambiar la formación de Pedro Sánchez estará la de cambiar las penas de prisión por “multas”.

El proyecto también incluye la participación de fuerzas de seguridad del Estado que estarían encargados de realizar los desalojos en un máximo de 48 horas, con toda la seguridad jurídica del lado de los agentes. Además, se intentará prohibir a los ayuntamientos que empadronen a okupas.

Por su parte, el ministro de justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado su apertura a negociar. "Este asunto no ha dejado nunca de ser motivo de preocupación", declaró la semana pasada. No obstante, Campo también cree que existen “mecanismos” para este tipo de situaciones que además permiten "actuaciones inmediatas, rápidas"

La ley de protección al okupa

La Ley 5/2018 de 11 de junio por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal de viviendas, que entró en vigor el 2 de julio de 2018. Así se títula la críticada y poco sitada ley que protege como morada, las viviendas okupadas, incluso si se trata del domicilio habitual de una o más personas.

Según fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com, la actual ley pretende proteger a los propietarios que vivan en el domicilio y no a los bancos y entidades financieras; no obstante, también incluye el derecho a recibir atención de los servicios sociales por parte de los okupas, lo que termina siendo una sucesión de burocracia en la que los afectados pueden pasar meses o años.

Mientras miles de usuarios muestran su rechazo en redes a los okupas y las tensiones aumentan en varias zonas del país, dónde vecinos y propietarios intentan enfrentarse a los okupas, la ley permanece sin modificación a la espera del acuerdo político que garantice el derecho a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio en casos de ocupación.

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