20 de junio de 2019
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FIN DE SEMANA

Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, en el tercer aniversario del escándalo financiero del bufete Mossack Fonseca

"Los papeles de Panamá dieron visibilidad al fraude fiscal, pero no ayudaron a recaudar mucho más"

Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda.
El 3 de abril de 2016 un centenar de medios de comunicación en todo el mundo se hicieron eco de la misma información. Un bufete de abogados panameño servía para que las grandes fortunas mundiales evadiesen impuestos en sus países de origen a través de la creación de sociedades mercantiles. En España no sirvió para aumentar la recaudación de manera especial, ya que en este período se obtuvieron 140 millones de euros más, aunque solo 51 millones se obtuvieron por la vía obligatoria.

El miércoles 3 de abril se cumplieron tres años de la investigación periodística que desvelaron al mundo los conocidos como "papeles de Panamá". Tras las revelaciones de los medios de comunicación se recuperaron 1.200 millones de euros a nivel mundial, de los cuales 140 millones eran españoles, aunque dos tercios de este dinero se recuperaron gracias a las sucesivas regularizaciones y amnistías fiscales, los otros 51 millones fueron gracias a la inspección fiscal. Los británicos recuperaron 224 millones y los alemanes 163 millones.

Además, la Fiscalía española inició un centenar de expedientes judiciales a 75 contribuyentes, pero todavía no están resueltos, aunque Hacienda reconoce que se inspeccionó a 244 personas que aparecían en estos famosos "papeles".

Los papeles de Panamá consistieron en una filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El bufete Mossack Fonseca.

La documentación publicada ponía de relieve el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, cargos políticos importantes y personajes de las finanzas, el deporte y el arte.​ Los implicados contrataban con el bufete de abogados panameño para fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo que ocultasen la identidad de los propietarios y evadiesen impuestos de sus países de origen.

La repercusión más significativa del escándalo de los papeles de Panamá en España fue la dimisión de José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo, diputado en el Congreso y presidente del Partido Popular de Canarias, que mantuvo, junto con otros miembros de su familia, una red de sociedades en paraísos fiscales. El 15 de abril de 2016, tras no poder aclarar su relación con estas empresas, renunció a todos sus cargos políticos. Sin embargo, en septiembre de 2016, el exministro Soria fue propuesto por el Ministerio de Economía español para un sillón en el Banco Mundial pero finalmente su candidatura fue retirada por el gobierno de Rajoy.

La economía sumergida es el 22 por ciento de PIB

"Es evidente que tenemos un problema recaudatorio y pedimos un pacto de Estado contra el fraude fiscal", apunta Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) desde 2005 y uno de los expertos más críticos con nuestro sistema fiscal.

Los datos son abrumadores, ya que España recauda siete puntos por debajo de la Unión Europea (UE) y la economía sumergida supone el 22 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), al nivel de Grecia e Italia, pero tres veces mayor que el nivel del Alemania, del 7 por ciento y casi el doble que la economía sumergida francesa, del 12 por ciento, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presidente de Gestha intenta desde hace tiempo conseguir un pacto de todos los grupos políticos con representación parlamentaria para acometer la lucha contra el fraude fiscal desde una perspectiva común, por encima de los programas políticos. Este plan serviría para reducir las diferencias con los países de nuestro entorno. "Una lista de paraísos fiscales, al margen de la europea, protección del denunciante, internacionalización de la lucha contra el fraude, penalizar a empresas que opten a contratación pública y hayan usado paraísos fiscales, que se vigile a los cargos públicos y su relación con sociedades offshore", explica Carlos Cruzado.

Desde Ghesta vienen reclamando "más medios materiales y humanos para esta lucha, una base de datos única compartida por todas las agencias auntónomicas y la implicación de todos los órganos en la lucha contra el fraude". España es el cuarto país de Europa a la cola en desigualdad fiscal, donde no pagan quienes más tienen y los impuestos no guardan relación directa con los ingresos.

De hecho, el 95 por ciento de los españoles, según datos del CIS, piensan que el fraude fiscal es generalizado y el 90 por ciento que existe una gran desigualdad entre lo que pagan las grandes fortunas al fisco con lo que paga el resto de ciudadanos. Nuestro país recauda anualmente 80 mil millones de euros menos de los que debería. Los papeles de Panamá "han servido para dar visibilidad a un problema y que los ciudadanos tengan conciencia de lo que está ocurriendo, pero de momento no nos ayuda a recaudar significativamente más", apunta Cruzado.

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