Las investigaciones de El Cierre Digital sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, ante Anticorrupción

El pasado miércoles la Guardia Civil detenía a Koldo García Izaguirre, el que fue hombre de confianza del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La detención tenía lugar en el marco de la operación Delorme, que recibe su nombre por el médico francés que impulsó el uso de las mascarillas, Charles Delorme. Y es que esta operación investiga unas presuntas comisiones ilegales que podrían haber recibido los supuestos implicados al adjudicar a determinadas empresas contratos para comprar mascarillas en la época de la Covid-19.

Desde elcierredigital.com hemos destapado numerosos contratos para comprar mascarillas que han sido llevados a la Justicia. Por el que han sido detenidas hasta 20 personas —entre las que se encuentra Koldo García— tiene que ver con una denuncia emitida a Anticorrupción referente a un contrato de casi 3,5 millones de euros a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., sociedad sobre la que ya avanzó en primicia elcierredigital.com irregularidades a través de las denuncias del abogado Ramiro Grau.

Antes de la pandemia, esta empresa se encargaba de ejecutar proyectos en África. No obstante, y como afirma el diario Vozpópuli, lo que más ha llamado la atención de la justicia es el hecho de que esta empresa pasase de facturar cero euros a 53 millones en plena pandemia.

El exministro José Luis Ábalos y a su espalda, con gafas, Koldo García.

La detención de García, adelantada por el diario El Confidencial, parece haber pillado por sorpresa a miembros del PSOE. Entre ellos, el propio Ábalos, que ha afirmado no tener “más información” que la que había leído y que “todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales”. Cabe recordar que Koldo García era asesor del Ministerio de Transportes mientras Ábalos estaba al frente y que también pasó a formar parte del consejo de administración de Renfe Mercancías.

La empresa: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.

La empresa a la que se adjudicaron estos contratos en plena pandemia fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., constituida el 5 de mayo de 1998 y con domicilio social en Zaragoza. Su objeto social es de “servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones. Investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, explotación, venta y distribución de sistemas generadores de electricidad. Adquisición de acciones y participaciones, etc.”, según figuran sus datos del Registro Mercantil. Como informó elcierredigital.com en el año 2020, en su registro sobre actividades internacionales constaba un epígrafe en el que figuraba que “no importa ni exporta”.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. facturaba en el año 2018 100.000 euros y un año antes, en 2017, declaró unas pérdidas de 1,1 millones de euros.

Lo más sorprendente de la compañía, no obstante, se encuentra en quién la administra. Según un informe al que ha tenido acceso elcierredigital.com, en 2020 —año de la adjudicación de los contratos— el administrador único de la compañía era Purdey Investment S.L. Tenía, además, como socio único a la compañía Erromar Soluciones Digitales. Lo que tenían en común todas las empresas era una única persona, según el informe: José Ángel Escorial Senante. Según este informe, Escorial Senante “aparece vinculado a los Papeles de Panamá como oficial de Arce Investment Consulting Limited y Delta Advisory and Management Services Limited”.

Además, Escorial Senante aparecía en su perfil de LinkedIn como director general de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Esta persona y las empresas de las que forma parte, además, estaban presuntamente vinculadas al caso de Fórum Filatélico, una estafa piramidal de la empresa Fórum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostum (como se denominó a partir de 2016 a Fórum Filatélico) que robó millones de pesetas a más de 200.000 personas que invirtieron en ella. Aunque ya se ha condenado a los responsables, las víctimas siguen sin haber recuperado completamente su dinero.

La compra de mascarillas de Adif

Aunque la detención de Koldo García por este asunto se ha dado este 2024, elcierredigital.com ya informaba sobre la compra de mascarillas del Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas en 2020. Una compra de 5 millones de mascarillas por 12 millones de euros a la citada empresa que se realizó por la vía de emergencia —sin que saliera a concurso público— a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en abril de 2020.

Algunos meses después se conoció que este cargamento contenía alguna partida defectuosa, en concreto, de las 7.500 mascarillas enviadas a Salvamento Marítimo (Sasemar) 5.300 eran defectuosas.

Como ya informamos, Puertos del Estado, también dependiente del Ministerio de Transportes, encargó 8 millones de mascarillas a la misma empresa. Pagó 20 millones de euros. No fueron los únicos que encargaron mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas: también lo hicieron los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares por vía de urgencia.

El abogado zaragozano Ramiro Grau se encargó de analizar toda esta información y llevarla ante el Tribunal Supremo. En la denuncia que presentó, Grau sostenía que "la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas está administrada por la empresa Purdey Investment con sede en Madrid y según la Certificación del Registro Mercantil figura como deudor fallido de la AEAT con fecha 12 de diciembre de 2017", es decir, que el Estado habría contratado con una empresa "sucursal" de otra que debe dinero a Hacienda.

El abogado Ramiro Grau.

Según la misma denuncia de Grau, "el señor Ábalos ha organizado un sistema para adquirir trece millones de mascarillas, prácticamente para abastecer a más de una cuarta parte de la población española, realizando el encargo a una sola empresa, siempre la misma, que casualmente no se dedica al abastecimiento de material sanitario, ni tiene relación alguna con este sector o gremio profesional, realizando la adjudicación a dedo y valiéndose de dos organismos sometidos a su autoridad, Puertos del Estado y Adif (...)".

Además, añade Grau en su denuncia que el Ministerio adelantó parte del dinero para poder realizar esas compras: "En el caso de ADIF se acredita que el Ministerio otorgó el 27 de marzo de 2020 un anticipo de aval por el importe del 50% del suministro de mascarillas, es decir, 6.250.000 euros, a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas".

Cuatro años después de esta denuncia, se han detenido a los primeros presuntos implicados por esta operación, que podría llevar detrás, supuestamente, el cobro de comisiones.

Los ‘imprescindibles’ de la Covid-19 que se compraron a China

Desde elcierredigital.com también hemos seguido otros contratos de compra de materiales de primera necesidad durante la Covid-19 —tales como guantes, geles, mascarillas y gel hidroalcohólico— a China en vez de a empresas españolas en las que, aparentemente, se ofrecían opciones mucho más baratas.

El 29 de abril de 2020 comenzaron las denuncias de elcierredigital.com, que empezaron con la adquisición de batas que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad de por entonces Salvador Illa, comenzó comprando a empresas españolas a 0,3267 euros la pieza y acabó pagando a una empresa china a 18,50 dólares USA (16,84 euros).

Primer contrato a empresa china para la compra de batas.

El 30 de abril se denunció el caso de los guantes y los geles. La diferencia de comprarlos a empresas españolas y chinas supuso un total de 6 millones de euros que se desvanecieron en plusvalías, comisiones e intermediaciones.

Las soluciones desinfectantes se adquirieron a una empresa española y a una china. La española vendió el litro de gel a 3,058 euros y la china a 10,83 euros por litro, lo que suponía un 354% más cara que en España.

Con los guantes de nitrilo el Ministerio de Sanidad decidió repartir la oferta entre tres empresas españolas y una china. El mayor contrato se lo llevó la empresa china Hong Jin Medical Science and Tecnology Service, que los vendió a un precio de 0,08712 euros por unidad. Más de un 200% más caro que en las empresas españolas.

A esto se le suma la investigación que elcierredigital.com hizo el 7 de mayo sobre la compra de mascarillas quirúrgicas, cuya mayoría fueron encargadas fuera de España. La diferencia entre comprarlas a una empresa china, donde compraron 100 millones de unidades, y a una española supuso 47 millones de euros pagados de más por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, más otros 9 millones en el caso de una empresa de Chipre donde adquirieron 13 millones de unidades.

Haciendo las mínimas cuentas básicas, la diferencia entre las mascarillas españolas y las compradas en Chipre sería del 2.942 por ciento, produciéndose un sobrecoste cercano a los nueve millones de euros. Esto se sumaba a los 45 millones de euros gastados de diferencia en la adquisición de batas desechables.

Además, elcierredigital.com detectó el 3 de mayo en las adjudicaciones reflejadas en el BOE, al menos catorce contratos de adjudicaciones de material por parte del Ministerio de Sanidad, que lideraba el catalán Salvador Illa, donde no se especifica dirección alguna de las empresas adjudicatarias. En los anuncios oficiales que aparecen en esta publicación del Estado se puede leer: "Adjudicatario: Dirección desconocida".

Esta información destapada por elcierredigital.com amplió la denuncia ya efectuada ante Anticorrupción. Posteriormente, el Partido Popular solicitó que se analizaran “por el Tribunal de Cuentas de manera pormenorizada todas y cada una de las compras de material sanitario realizadas por el Gobierno, ya que esas compras son fundamentales para la gestión de esta pandemia", dijo la diputada del PP Cuca Gamarra en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Ahora han empezado las primeras detenciones.