14 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

En juego la herencia millonaria de Luis García Cereceda sobre la urbanización La Finca, el restaurante Zalacaín y múltiples negocios

Piden 15 años de cárcel para Susana García-Cereceda por contratar al excomisario Villarejo para espiar a su familia

Exclusiva Villarejo y García Cereceda.
Villarejo y García Cereceda.
Francisco Marco, propietario y portavoz de la agencia de detectives Método 3, ya ha presentado su escrito de acusación y petición de apertura de juicio oral contra Susana García-Cereceda por contratar a José Manuel Villarejo para investigar en la pelea familiar que mantenía por la herencia del grupo empresarial de La Finca. Según Marco, las investigaciones del excomisario le llevaron a obtener, supuestamente, información de los ordenadores de Método 3 de manera ilegal.

Francisco Marco, propietario y portavoz de la agencia de detectives Método 3, ha presentado por medio de su abogado  y firmado por él mismo también, un escrito de acusación y petición de apertura de juicio oral contra José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, Susana García-Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández, así como contra las personas jurídicas "La Finca Global", "La Finca Somosaguas Golf" y "La Finca promocione y conciertos inmobiliarios".

La acusación contra Susana García Cereceda se basa en el contrato suscrito entre Procisa, empresa de García Cereceda, y la empresa del comisario Villarejo. El documento explica que "desde el año 2012 la mercantil Promociones y Conciertos Inmobiliarios S.A. (en adelante Procisa), a través de sus administradores Susana García-Cereceda López y Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez, con la colaboración de su asesor en  materia de seguridad David Fernández Aumente, contrató al Comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez, cuya condición policial ha sido conocida por estos para que, a través de su entramado empresarial denominado como Grupo Cenyt, llevará a cabo diversos servicios de inteligencia, de análisis de información y de intoxicación informativa (...). Además de acceder ilegalmente a un informe realizado por mi mandante (Francisco Marco) al efecto de condicionar un procedimiento hereditario en el que estaba inmersa Susana García-Cereceda".

Francisco Marco, de Método 3, es acusación particular en la pieza Land.

Durante junio de 2013 los acusados Villarejo y su socio, Rafael Redondo, "aprovechando que el primero ha formado parte de la investigación y detención de mi mandante Francisco Marco y de la entrada y registro en su vivienda y sus oficinas se confabulan con Susana García Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández Aumente para obtener los informes de Método 3 y, así, detener el conflicto con la herencia de don Luis García Cereceda que doña Susana mantenía con la viuda y la otra hija (Yolanda) de éste".

El escrito también recoge el "primer intento de acceso al informe de Método 3 por parte de Susana García Cereceda y la necesidad de obtener la información": "La necesidad de obtener ese informe había surgido porque las diferentes de la familia estaban negociando su salida y Método 3 había localizado una cuenta en  Suiza de Luis García Cereceda que, aparentemente, desconocía Susana García Cereceda y los propios albaceas testamentarios" y acusa a la famosa heredera de que "con la aportación del documento intentando personarse como acusación particular Susana García Cereceda, trata de engañar al juez intentado tener acceso legal a lo que ya había conseguido de forma ilegal".

La defensa de Marco también acusa a Villarejo de acceder ilegalmente a los ordenadores de Método 3, al explicar que "nos encontramos ante el acceso ilegal a los ordenadores de Método 3 que habían sido incautados por orden judicial mediante una protección expresa del Juzgado de Instrucción 14 al efecto de salvaguardar los datos privados de mi mandante y los de sus clientes  e investigados. Tal y como explica el propio señor Villarejo accede a datos reservados de mis patrocinados, con la causa secreta y a través de una copia ilegítima que la propia policía había realizado de los ordenadores de mi mandante".

La acusación particular concreta contra Rafael Redondo, socio de Villarejo, es de revelación de secreto sumarial y "revelación de secreto personalísimo realizado en banda criminal con fines lucrativos que debe determinar la imposición de una pena de 7 años de privación de libertad".

El precio que Procisa habría pagado a Cenyt, de Villarejo, por este trabajo se fijó en 275.000 euros más otros 150.000 euros "en caso de rentabilización de los resultados, de los cuales Procisa habría pagado la cantidad de 340.252 euros entre el 10 de julio de 2013 y el 12 de febrero". "Los señores Villarejo y Redondo aportan a la señora García Cereceda, un informe de Método 3 completo y otro falseado", dice la acusación.

Acusaciones contra Villarejo

La acusación contra el excomisario Villarejo se basa en las investigaciones que realizó sobre la agencia Método 3 y en "la inquina personal del señor Villarejo hacia la dueña y fundadora de Método 3, María Fernández Lado", según recoge el escrito de acusación, que también recuerda una reunión de "José Manuel Villarejo en la sede del Partido Popular con su secretaria general (Dolores de Cospedal) y señala que Método 3 ha realizado investigaciones sobre un viaje a Colombia del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que posteriormente, tras una investigación judicial, se comprobaron falsas (...). Además de mostrar su inquina personal sobre la administradora y dueña de la empresa María Fernández Lado e inventarse una relación personal de ésta con el hermano del exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (...) y concierta con el Partido Popular (María Dolores de Cospedal) una investigación ilegal sobre ella".

Yolanda García-Cereceda y Jaime Ostos.

Continúa el escrito de acusación, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, relatando las conversaciones entre el excomisario y el Partido Popular: "Al día siguiente de aquella conversación, 22 de julio de 2009, el grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional se personó en la sede de Método 3 y solicitó realizar una fotocopia íntegra del libro registro de Método 3. Los directivos de la agencia se negaron a facilitar dicho libro y registro y escribieron diversas misivas al Ministerio del Interior quejándose de la actitud del Cuerpo Nacional de Policía ya que las inspecciones regladas sobre las agencias de investigación jamás se solicitar fotocopiar dicho libro, únicamente comprobar algunos datos de éste".

Cuatro años después, en 2013 el diario El Mundo publicaba la existencia de una grabación en el restaurante La Camarga, de Barcelona, entre Alicia Sánchez Camacho, cabeza del Partido Popular en Cataluña y Victoria Álvarez, que fue pareja de Jordi Pujol Ferrusola. "Dos días después, el 15 de febrero de 2013,  Francisco Marco director de Método 3, realizó una declaración voluntaria frente al Cuerpo Nacional de Policía señalando que se disponía a disposición de la investigación policial si así se le requería (...). El 18 de febrero el Jefe Superior de policía de Barcelona, Agustín Castro, se desplazó a Madrid donde se reunió con Eugenio Pino, DAO de la Policía y con Ignacio Cosidó, Director General de la Policía en una reunión de crisis. Allí se coordinaron para proceder a la detención de Francisco Marco (...). Luego la jurisdicción penal no consideró que Método 3 fuera imputable de delito alguno", continúa el escrito de acusación.

La defensa de Francisco Marco dice que "Alicia Sánchez Camacho declaraba ante los policías 18.779 y 28.292 para escuchar la grabación que alguien les había hecho llegar de forma anónima. Minutos más tarde terminaba su declaración tras confirmar que era su voz la que aparecía en la grabación y que jamás la había consentido".

Calificaciones jurídicas

El escrito acusa del delito de cohecho a Villarejo y Redondo, de Cenyt y a García-Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández de Procisa, de intrusismo profesional a los dos primeros y de estafa procesal a Susana García-Cereceda. El documento continúa acumulando presuntos delitos contra los cinco acusados hasta solicitar un total de 21 años de prisión para Villarejo y Redondo, 15 años de cárcel para García-Cereceda y 13 años para Peñalver y Fernández, respectivamente.

Luis García-Cereceda y su última esposa Silvia Gómez Cuétara.   

La heredera de La Finca es acusada además de otros dos delitos: Revelación de secreto de sumario y revelación de falsedad en documento mercantil. Son en total, cuatro delitos por el que piden 15 años de cárcel contra ella.

Entre las testificales propuestas destaca la petición de que acudan al juicio oral como testigos al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, los comisarios Marcelino Martín Blas, Eugenio Pino, Enrique García Castaño y Agustín Castro y políticos como María Dolores de Cospedal.

Se trataba de posicionarse lo mejor posible en la guerra por la herencia del Grupo La Finca, del fallecido Luis García Cereceda. Una lucha entre las hermanas Susana y Yolanda y la viuda Silvia Gómez-Cuétara.

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