El capitán mercante retenido en Mauritania continua atrapado en el país: "Pedirá indemnizaciones"

Continúa el infierno para el capitán español de un buque pesquero que ha permanecido retenido en la costa mauritana desde el 13 de julio por una supuesta colisión contra un cayuco. El afectado, que es patrón de un buque pesquero canario, sostuvo desde el inicio que la acusación era totalmente falsa: no hubo colisión, ni tampoco heridos.

El jueves 10 de junio parecía que por fin llegaría en avión hasta Sevilla, sin embargo, está encontrando dificultades para su liberación. Fernando Osuna, abogado del capitán, explicó la situación irregular en la que se encontraba su cliente. Permanece en un emplazamiento ubicado en la bahía de Nuadibú, el área económica y comercial más importante de Mauritania. Un puerto de mar situado en torno a 500 kilómetros de distancia de la capital, Nuakchot.

El letrado revela a elcierredigital.com la indefensión que ha sufrido el capitán: “Han sido nulas las ayudas del Consulado y Embajada de España y del armador canario, dueño del buque”. Y añade que estuvo “sin abogado y sin haberle entregado el juez el atestado y resto de actuaciones policiales y judiciales”.

La embarcación contaba con una eslora de 50 metros y estaba tripulada por 26 miembros procedentes de Mauritania, Marruecos y de Senegal. Ninguno de ellos fue retenido ni tuvo cargos judiciales, a excepción del capitán, que afirmó a su abogado que el delito del que se le acusaba era totalmente incierto y que toda la tripulación eran testigos.

La Justicia mauritana imputó falsamente, según Fernando Osuna, al capitán por haber colisionado el barco pesquero contra un cayuco, provocando la muerte de los seis ocupantes de la embarcación en la costa mauritana. “Eso es totalmente incierto”, afirma. 

El abogado afirmó que no existían pruebas del supuesto hundimiento de la embarcación mauritana: ni había cadáveres, ni testimonios de las familias de los supuestos afectados, ni se escuchó un ruido propio de una colisión de semejante dimensión. “Si hubiéramos colisionado con alguna embarcación, el ruido hubiera sido brutal”, explicó el afectado.

La situación del capitán ha sido complicada, pues son muchos días los que ha permanecido en un estado “totalmente irregular y peligroso”. A pesar de que le aseguraron que saldría del país el día 5 de agosto y de que le entregaron, incluso, el pasaporte, la autoridad judicial mauritana le denegó su vuelta a España, al igual que ha pasado este jueves.

Se van a pedir indemnizaciones

Además de la total indefensión que ha sufrido el afectado, las condiciones de vida que soportó fueron infrahumanas: la celda en la que se le detuvo tenía insectos, estuvo dos días sin comer y beber y, según afirma Fernando Osuna, no disponía de las medicinas que necesitaba y se negaban a proporcionárselas.

La comunicación de Fernando Osuna con el capitán del buque español comenzó el 22 de julio y, desde entonces, un grupo de psiquiatras han evaluado su estado. “El capitán está muy mal”. El afectado explica que, una vez llegue a España, pedirá indemnizaciones “que serán muy altas” por la pesadilla que ha vivido.

El letrado afirmó poseer varios certificados médicos donde el psiquiatra concluye que el patrón del buque presenta un “síndrome de ansiedad enorme” y menciona, incluso, posibles ideas suicidas. “Esta muy, muy mal, muy preocupado, porque allí los derechos humanos son pisoteados constantemente”. Admitió, además, que su cliente temía una reacción violenta: “Vaya a ser que me lleven al desierto y allí me peguen dos tiros. Aquí los derechos de los ciudadanos son nulos”, dijo.

Ahora el abogado subraya la angustia y ansiedad extremas que sintió su cliente tras casi un mes temiendo por su vida e integridad física. Según afirma, el sistema judicial y policial de Mauritania ha funcionado muy mal en el caso de este patrón, dejándolo desamparado y con la única ayuda de un abogado de avanzada edad con el que no se podía comunicar debido a que no conocía el español. Algo que aumentó más la incertidumbre del capitán onubense.

Este caso podría formar parte de una práctica habitual de la zona con la que se persigue conseguir dinero de manera fácil, al obligar a los armadores de este tipo de barcos de pesca a pagar por su libertad, tal y como explica Fernando Osuna.