22 de julio de 2019
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FIN DE SEMANA

Hablan los perjudicados por el caso Tanatorio de Valladolid, la trama de cambio de ataúdes de la funeraria El Salvador

María del Mar Morillas, afectada por el fraude de los ataúdes: "Las cenizas de mi madre y de mi padre eran de diferente color"

Antonio Morilla y Ramona Domínguez, incinerados en el tanatorio El Salvador.
Antonio Morilla y Ramona Domínguez, incinerados en el tanatorio El Salvador.
Maria del Mar Morillas cremó a sus progenitores el año pasado en el tanatorio El Salvador, de Valladolid, con solo dos meses de diferencia. Ahora un Juzgado investiga el presunto fraude con el cambio de ataúdes caros por otros más baratos. María del Mar sospechó que algo raro ocurría "cuando fuimos a tirar las cenizas en el lago Sanabria y vimos que las de mi madre y de mi padre eran de diferente color".

María del Mar Morillas perdió a su madre Ramona el 16 de junio de 2018 y a su padre, Antonio, el 6 de agosto del mismo año. Su madre padecía cáncer y falleció a los 74 años, pero el fallecimiento de su padre se produjo de manera repentina a los 77 años. "Como teníamos un seguro de entierro en ambos casos pedimos el tanatorio de Valladolid, porque es más grande y tenemos mucha familia en Madrid".

Fue el marido de María del Mar y su hijo quienes se encargó de escoger el ataúd, el centro de flores y la corona, "porque la verdad es que yo no tenía fuerzas ni cabeza para andar en eso", cuenta María del Mar. Como el seguro de decesos se encargaba de todos los gastos ellos no tuvieron que desembolsar nada en ese momento, sólo poner la hora para la incineración. "Mi marido se dio cuenta en los dos casos del detalle de que quitaban los crucifijos en los dos casos, pero entonces no le dimos importancia", relata María del Mar, que junto a su hermana Paqui decidieron mezclar las cenizas de sus padres e ir un fin de semana al lago Sanabria para espacirlas "porque a ellos les gustaba mucho aquella zona", recuerda su hija.

María del Mar Morillas, perjudicada por el caso Tanatorio.

Una pequeña parte de las cenizas las mezclaron en cajas de madera, que guarda una de las nietas de los fallecidos. "En el caso de mi padre recuerdo que fui a por las cenizas al día siguiente y me llamó la atención que las flores estuviera ya estropeadas, con un solo día", explica María del Mar que comenzó a sospechar "cuando fuimos a tirar las cenizas en el lago Sanabria y vimos que las de mi madre y de mi padre eran de diferente color, las de mi padre eran color arena y las de mi madre casi blancas del todo. Mi hermana dijo que a lo mejor como mi madre había sido tratada con quimioterapia y radioterapia aquello fuese normal".

Pero todas las alarmas en la familia saltaron cuando las noticias comenzaron a aparecer en la prensa, "ahora ya tenemos incluso dudas de a quienes hemos velado y llorado porque con todo esto ya no sabemos de quien fiarnos", dice María del Mar, que añade: "Quiero dar las gracias a como nos están tratando los abogados que llevan el tema, la sensibilidad que están usando con nosotros, porque eso es importante".

Hay 16 investigados por estos hechos

Actualmente 16 personas son investigadas por estos hechos, entre ellos el propietario del negocio, Ignacio Morchón y sus dos hijos, Ignacio y Laura, todos ellos en prisión, junto con otros empleados de la empresa. El fundador del grupo se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras a su hijo Ignacio y su hija Laura la juez les impuso fianzas de 800.000 y 400.000 euros, respectivamente, para poder recuperar la libertad.

Dos bufetes de abogados, Barbara Royo y Castellana 266 presentaron esta semana un escrito de alegaciones ante el juzgado para solicitar que dejen personarse a todos los afectados, perjudicados o herederos, porque explican que "un perjudicado no es sinónimo de heredero", ya que el juzgado está pidiendo declaración de herederos a todas las personas que quieren personarse como perjudicados en este caso y muchos no tienen documentación acreditativa que lo demuestre. Ponen los abogados los ejemplos de Diana Quer o Marta del Castillo, donde no todos los personados como perjudicados eran familiares de las víctimas y muchos de los que pagaron los costes funerarios en este caso no eran hijos ni cónyuges de los fallecidos, aunque sí, evidentemente, perjudicados.

El caso de los ataúdes de Valladolid comenzó a instruirse tras la denuncia de un extrabajador depechado del Grupo El Salvador, propietario de varios tanatorios y crematorios en Valladolid. La presunta estafa consistiría en cobrar por ataúdes caros a los familiares de los fallecidos y luego cambiarlos por otros más baratos. La Policía recoge en su atestado que en el 95 por ciento de los casos esta práctica fue habitual al menos durante 20 años.

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