'Caso Valora': Las conexiones de la desaparición de 20 millones de euros en una causa que lleva paralizada 14 años

La quiebra, en 2007, de la gestora de inversiones Valora dejó un agujero de 22 millones de euros y más de 400 damnificados. Después de más de catorce años, el sumario judicial que se instruye por esta presunta estafa todavía continúa abierto y paralizado en los juzgados de Andorra, ante la indignación y la desesperación de los afectados, en su mayoría catalanes.

Ni si quiera las dos sentencias del Tribunal Constitucional andorrano que reconocen y condenan la dilatación excesiva parecen suficientes para agilizar una causa cuyo único imputado es el expresidente y ex director general de Valora, Xavier Felipó, declarado insolvente pese a pertenecer a una de las familias más ricas del Principado. 

No han sido pocas las irregularidades que se han sucedido en el procedimiento y que han hecho levantar sospechas sobre los verdaderos motivos que hay detrás de tal retraso. Desde una instrucción "deficiente" en la que los ordenadores habrían sido supuestamente manipulados, y por lo que se perdió información capital; incluyendo además la comisión rogatoria enviada al Commerzbank, que se remitió a Alemania en vez de Londres; hasta la baja de dos de los seis magistrados que han pasado por el caso en la última década y media.

Las muchas irregularidades del Caso Valora 

Según un informe pericial que forma parte de la tramitación judicial del caso, en el momento de su quiebra Valora administraba 60 millones de patrimonio directo y otros 50 millones de cartera indirecta, aunque el grueso de las irregularidades afectó a la gestión de una cuenta ómnibus que agrupaba fondos de múltiples clientes por valor de 65 millones, y donde muchas operaciones se hicieron sin órdenes que las justificasen o sin que consten las correspondientes contrapartidas.

Como gestora de fondos, la andorrana recibía el dinero de sus clientes, ya fuera en metálico o por transferencia bancaria, un capital que debía ingresarse en una entidad bancaria para poder ser administrado. De este modo, los clientes de Valora se veían obligados a mandar sus ahorros a las cuentas que la gestora andorrana tenía en Andbank.

El agravio financiero, y la posterior quiebra de la gestora, se habría producido, precisamente, por la utilización totalmente irregular y desleal del dinero de esas cuentas, que era de los clientes, pero que estaba a nombre de Valora, según se indica en el informe pericial encargado por al auditor y censor de cuentas Philippe Riu. Así, desde Valora se hicieron inversiones financieras de alto riesgo en mercados internacionales sin consentimiento de los damnificados, se dispuso de dinero de clientes sin su autorización y, además, se falsificaron documentos contables para demostrar que "el correcto funcionamiento". De hecho, el propio Felipó confesó haber entregado extractos falsos a sus clientes. 

Una trama en la que también se vería implicada Fibanc, actual Mediolanum. En sus conclusiones, el experto judicial destaca la existencia de una cuenta de cliente, la 777, de la que se han acreditado movimientos de ingresos y reintegros en Andbank, pero que en realidad se trataría de una caja fuerte localizada físicamente en Fibanc, en España.

Al parecer, según indica el experto, la caja fuerte de Fibanc se utilizaba para depositar el dinero líquido de los clientes. Un tipo de procedimiento totalmente irregular en materia de gestión de fondos y transacciones de dinero líquido sin declaración ni control. Por ello, algunas fuentes cercanas al caso afirman que Valora era, en realidad, un instrumento a través del cual se evadía dinero de España a Andorra. Sin embargo, Philippe Riu, que firma este informe de 41 páginas, recoge la imposibilidad profundizar en su análisis dado que Valora “era habitualmente auditada por el bufete Deloitte” y que esta empresa no le pudo reportar toda la documentación precisa porque, casualmente, “se destruyó en un incendio accidental en sus archivos”.

Las conexiones de Xavier Felipó

El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), organismo gubernamental que regula el sistema financiero del país, intervino Valora, sustituyó a sus administradores y nombró a unos liquidadores que saldaron los activos del gestor de patrimonios con un procedimiento que fuentes califican de “oscuro”. En este sentido, resulta difícil ignorar los vínculos que unen a esta entidad con el único imputado por la presunta estafa. Y es que el padre de Felipó había sido consejero del INAF. También la trayectoria de su mujer sostendría este escándalo, al ser nombrada directora de Comunicación del Andbank una vez Felipó fue inhabilitado y declarado insolvente.

Por ello, algunos de los afectados creen que detrás del retraso en la instrucción habría una presunta trama de corrupción mucho más grande. En una carta recogida hace dos años por La Valira, uno de los damnificados explica que "la lectura que podemos extraer de todo ello es que la seguridad jurídica para los inversores internacionales es inexistente en el Principado cuando compromete según qué personas y grupos económicos. La dilación en la instrucción ha traído sus frutos. Xavier Felipó arruinó numerosas familias, que, después de tantos años de instrucción, han agotado sus recursos económicos para poder hacer frente a los gastos jurídicos que conlleva el intento de hacer prevalecer sus derechos ante esta presunta estafa". Y prosigue "es evidente que no hay nada de interés en el Principado en juzgar este caso. Si fuera una película de gángsters, pensaríamos que Xavier Felipó es presuntamente un hombre de paja de poderes fácticos a quien protegen a cambio de su impunidad. Pero no lo es, ¿verdad?"

La duda ya está sembrada.