22 de abril de 2021
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FIN DE SEMANA

El ministerio público da por válida la afirmación del Gobierno de que el ministro de Transportes no fue “más allá de lo estrictamente diplomático”

Delcygate: La Fiscalía renuncia a acusar a Ábalos por el caso de la vicepresidenta de Venezuela

El ministro Ábalos y Delcy Rodríguez en un fotomontaje.
El ministro Ábalos y Delcy Rodríguez en un fotomontaje.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive las querellas presentadas contra el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, por su reunión secreta con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020. Renuncia, por tanto, a acusar al ministro Ábalos de cometer cualquier ilegalidad al recibir a la vicepresidenta de Maduro en Barajas.

Las querellas contra el ministro José Luis Ábalos, impulsadas por Vox y el Partido Laocrata ante el Tribunal Supremo se presentaron porque la vicepresidenta tiene prohibida su estancia y tránsito en la zona UE, pero ahora el Ministerio Público considera que no se han presentado "indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación". En su informe, adelantado por 'Vozpópuli', apunta a que la labor del ministro no fue “más allá de lo estrictamente diplomático” y da por buena la versión del Gobierno de que Delcy Rodríguez no llegó a pisar suelo español pese a bajar de su avión.

Por esto la Fiscalía pide dar carpetazo a las mismas porque no ha quedado acreditada la participación de Ábalos en hecho delictivo alguno. A juicio de la Fiscalía las acusaciones están “basadas exclusivamente en artículos de prensa" y en la “declaración notarial” de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, argumenta el informe.

En cuanto a la supuesta prevaricación de que se acusaba al ministro, defiende que no se concreta "cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma", por lo que no se presentan los requisitos que exige una investigación por este delito.

Delcy Rodríguez y Zapatero en Venezuela.

La madrugada del 20 de enero, Rodríguez viajaba en el avión con el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, cuando Ábalos acudió al aeropuerto a recibirles. Mientras Plasencia abandonaba el aeropuerto de madrugada, Rodríguez no viajó directamente de Madrid a Estambul tras su encuentro secreto con José Luis Ábalos, como se sostuvo en un primer momento, sino que fue de la terminal ejecutiva de Barajas a la T4 y allí tomó un vuelo comercial a Doha (Qatar). Todo ello pese a tener prohibido pisar suelo español. Eso supone que Delcy Rodríguez, que no quería esperar a que la tripulación de su 'jet' descansara, recorrió por la pista los más de cuatro kilómetros que separan las dos terminales sin que le sellaran el pasaporte, de forma que nunca quedó rastro de que había pisado suelo español. La número dos y vicepresindenta de Nicolás Maduro estuvo además escoltada por agentes de la Policía Nacional durante sus idas y venidas.

Las versiones de Ábalos fueron cambiando conforme avanzaban los días: Primero lo negó, después señaló que fue fortuito, después que forzado y finalmente apuntó al ministro del Interior: "Llegando al aeropuerto me llama Marlaska, que sabía por mí de su llegada, para decirme que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha recibido una comunicación de la embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Y me dice: 'Ya que vas, procura que no baje del avión", afirmó a 'La Razón'. Ahora, la Fiscalía se agarra a esa tesis: su labor no fue “más allá de lo estrictamente diplomático”.

Así la Fiscalía del Tribunal Supremo concluye que no existen los indicios necesarios para tramitar en la Sala Segunda una causa por delito de prevaricación, aunque avisa de que siguen pendientes las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de instrucción número 31 de Madrid, donde interpuso su denuncia el Partido Popular.

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