01 de agosto de 2021
|
Buscar
EDICIÓN VERANO

La asociación profesional HA LLEVADO al ejecutivo de Sánchez al TRIBUNAL SUPREMO por incumplir la norma DESDE EL AÑO 2015

La UO de la Guardia Civil demanda al Gobierno por no contratar el seguro de responsabilidad civil obligatorio

El ministro de Interior saludando a un Guardia Civil
El ministro de Interior saludando a un Guardia Civil
Este miércoles, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha interpuesto un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España. La causa de esta decisión es la inactividad e incumplimiento del Ejecutivo de una obligación que se introdujo hace seis años en la Ley Orgánica de 2007. El Ministerio debía contratar un seguro de responsabilidad civil y fianzas para los guardias civiles, algo que todavía no ha hecho.

El artículo 30.2 de la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos de la Guardia Civil, concertaba que la administración debía contratar un seguro de responsabilidad civil. Esta u otra garantía financiera debía conformarse para cubrir todas las indemnizaciones, fianzas y demás gastos derivados del trabajo de los Guardias Civiles.

La inacción por parte del Gobierno ante esta cuestión ha conllevado a que actualmente los Guardias Civiles tengan que responder con su patrimonio personal y familiar ante todas las indemnizaciones derivadas de su actividad. Frente a esta situación negativa y contraria a la legislación, la Unión de Oficiales ha estado reclamando al Ejecutivo el cumplimiento de la obligación contemplada en la Ley. Estas reclamaciones han sido interpuestas a través de los órganos de la Guardia Civil.

En mayo de 2020, la Unión de Oficiales se dirigió al Ministerio de Interior pidiendo que se cumpliese aquello dispuesto en la Ley Orgánica. Desde esa fecha hasta el día de hoy, el Cuerpo no ha recibido ninguna contestación por parte de las instituciones implicadas.

Esta inactividad provocó que la Unión de Oficiales redactara un requerimiento formal al Ministerio de la Presidencia. El artículo 29.1 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa amparaba esta decisión de la UO. El artículo define: “Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación”.

El requerimiento tenía un plazo legal para ser contestado. Transcurrido este período, el Gobierno de España no respondió. Esta pasividad habilitó a la Unión de Oficiales a interponer un recurso contencioso por omisión de desarrollo reglamentario ante el Tribunal Supremo.

En definitiva, toda esta parsimonia del Ejecutivo español ante una obligación legal ha provocado que este miércoles la Unión de Oficiales haya presentado un escrito de interposición de recurso contencioso ante el Tribunal Supremo. Alegan que los guardias civiles y sus familias están viviendo una situación injusta porque la Ley defiende completamente lo contrario. El Gobierno, por lo tanto, tendrá que responder ante el Tribunal Supremo por este incumplimiento de la norma.

COMPARTIR: