El escándalo de la privatización de Rumasa: Desde Isabel Preysler, Gabriel Escarrer, Gustavo Cisneros o Marcos Eguizábal

Contra la privatización del holding Rumasa ,el entonces grupo de Alianza Popular (luego PP) emprendió una dura batalla, fundamentalmente a través de su diputado pacense Luis Ramallo García, quien presentó una gran cantidad de iniciativas parlamentarias. Ramallo llegó a preguntar al gobierno de González por la presunta intermediación que había hecho Isabel Preysler, ya unida sentimentalmente al exministro Miguel Boyer, en la controvertida venta de tres empresas del holding ya público: la adquisición de la firma de lujo Loewe por los franceses de Urvois-Spínola; la venta de la cadena hotelera Hotasa al empresario mallorquín Gabriel Escarrer Julià; y la compra por parte de la familia Cisneros de los centros comerciales Galerías Preciados.

Precisamente, una de las empresas que más polémica suscitó en la reprivatización de Rumasa fue la conocida marca de artículos Loewe. Una venta en la que apareció, hasta en las páginas de los periódicos, el nombre de Isabel Preysler como presunta intermediaria, por cuya gestión se habría llevado al parecer, nunca contrastado, unos 50 millones de pesetas de entonces (300.000 euros), sospecha que tuvo incluso que aclarar el director general del Patrimonio del Estado, Francisco Javier Moral Medina, en una comparecencia en el Parlamento.

Loewe fue adjudicada al grupo empresarial francés Urvois Spínola. Adjudicación que se produjo a pesar de existir una oferta del grupo inglés Jaeger Holdings LTD que ofertó la cantidad de 800 millones de pesetas, es decir, 200 millones más que la propuesta de Urvois Spínola. Y aunque la Comisión Asesora para la Reprivatización, la famosa CAR, estimó como insuficientes las garantías ofrecidas por Urvois Spínola y se mostraba partidaria de optar por el grupo inglés, el Gobierno de Felipe González no hizo caso a esta recomendación y optó por los franceses. Precisamente, Miguel Boyer se abstuvo en dicho consejo de ministros debido a los rumores y suspicacias que ya se habían suscitado en la prensa en torno a la reprivatización de Loewe y a la supuesta aparición en escena de Isabel Preysler.

Gabriel Escarrer Julià

A raíz de la presunta intermediación de Isabel Preysler, el empresario José María Ruiz-Mateos interpuso ante los tribunales de Justicia una querella contra Miguel Boyer, Isabel Preysler, Javier del Moral y otras cinco personas más, supuestamente relacionadas con la adjudicación de la firma Loewe al grupo Urvois-Spínola, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y estafa.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó y archivó en octubre de 1987 la citada querella. Ruiz-Mateos recordaba en su denuncia que “el 11 de julio de 1983 la comisión asesora del Gobierno para la enajenación de las sociedades del grupo Rumasa consideró mejor oferta la de Jaeger Holding Ltd, a pesar de lo cual el día 31 del mismo mes y año, el Consejo de Ministros adjudicó Loewe al grupo Urvois-Spínola”. Calificaba a este acuerdo de "absolutamente sorprendente".

La venta de Galerías Preciados

Sin embargo, sería la venta de Galerías Preciados la que provocaría el mayor impacto negativo entre la opinión pública por su "regalo". Este gigante de distribución era por entonces la segunda cadena de grandes almacenes de España, detrás de El Corte Inglés, con cerca de un millón de metros cuadrados construidos en edificios, con una plantilla cercana a las doce mil personas, treinta almacenes de venta al detalle repartidos por veintiuna ciudades españolas y diecisiete tiendas de pequeñas dimensiones, además de la firma Mantequerías Leonesas integrada por Ruiz Mateos en la cadena de Galerías Preciados.

La empresa se vendió en diciembre de 1984, siendo Boyer ministro de Economía y Hacienda, al magnate venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, amigo personal del entonces presidente socialista de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y del también ex presidente Rómulo Betancourt, ambos grandes compañeros de Felipe González en la Internacional Socialista. Dicen que, sin embargo, Boyer no conocía apenas a Cisneros, quien compró Galerías Preciados en 750 millones de pesetas.

Gustavo Cisneros

La adquisición se realizó a través de una empresa de la organización llamada Elingra Beeleingge Nematschaping B.V., que contaba con un capital minúsculo y estaba registrada en la ciudad holandesa de La Haya, entonces bajo régimen fiscal opaco. Todo un chollo. Cisneros supo aprovechar perfectamente la compra de Galerías Preciados ya que, tres años después, en 1987, la vendió al consorcio inmobiliario inglés Mountleigh Group PLC, presidido por Ronald Anthony Clegg, por 30.000 millones de pesetas. Además, se daba la circunstancia de que Cisneros recibió Galerías libre de cargas, totalmente saneada por el Estado y la transfirió a los compradores ingleses con unas abultadas cargas, cercanas a los 35.000 millones de pesetas.

La opinión pública española reaccionó críticamente al conocerse los detalles de la operación. Los Cisneros, amigos de Felipe González, habían hecho en España un rápido y próspero negocio con la reprivatización de Rumasa, ganando muchos millones con las plusvalías de la venta de Galerías. Pero lo que desbordó todas las críticas fue que el mismo año de la fructífera venta a los ingleses, Miguel Boyer y su entonces compañera Isabel Preysler aceptaron una invitación para pasar unos días del mes de agosto a bordo del yate de la familia Cisneros para navegar por las aguas mediterráneas de las Islas Baleares.

Las fotos se distribuyeron por todas las revistas y en ellas se veía a los Boyer en gran armonía con el matrimonio Cisneros. Días después, los rumores sobre la presunta actuación de Isabel Preysler como intermediaria en la privatización de Galerías Preciados, gracias a su amistad con el empresario venezolano Gustavo Cisneros, eran vox populi en todos los cenáculos madrileños. Este extremo ha sido negado siempre por la Preysler. Precisamente, el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid archivó otra querella interpuesta por el empresario Ruiz Mateos ante las supuestas comisiones percibidas por Isabel Preysler en la reprivatización de Galerías Preciados. Sin embargo, a pesar del archivo de todas las denuncias, la credibilidad e independencia de Miguel Boyer fue puesta en entredicho.

Un proceso contaminado

Desde entonces todo el proceso de reprivatización de Rumasa estuvo contaminado por serias dudas de imparcialidad y objetividad. La opinión pública no creyó nunca a Boyer. Y eso que el ministro y Felipe González intentaron desde el principio que no hubiera ningún tipo de sospechas ni favoritismos en la reprivatización de las empresas del holding de la abeja.

En esta carrera inusitada se llegó incluso a contratar a empresas intermediarias, como el Fisrt Boston Corporation, que por su labor de broker en la venta de empresas de la Rumasa estatal se ganó la nada desdeñable cifra de 1.416 millones de pesetas, el veinte por ciento sobre los 7.985 millones recibidos por el erario público hasta septiembre de 1986. Y aunque Boyer y González deseaban que las empresas del holding Rumasa fueran a parar en su mayoría a empresarios españoles, sin embargo muchas de ellas fueron adquiridas por grupos extranjeros.

Por ejemplo, la división inmobiliaria de Rumasa fue adjudicada al empresario británico Gerald Maurice Ronson, un personaje procesado y encarcelado durante seis meses por su participación activa en el escándalo del grupo cervecero Guinness. Esto no fue óbice para que el presidente del grupo inmobiliario británico Heron International LTD se hiciera con la división de Rumasa mediante el pago al contado de 10.536 millones de pesetas, dos mil millones más de la oferta que meses antes había ofrecido el empresario español Emiliano Revilla, luego secuestrado por ETA.

Marcos Eguizábal junto al rey Juan Carlos I

Otras empresas se vendieron a precios aun más ridículos como Viajes Cristal (10.000 pesetas), Alcoholes y Vinos (9.000 pesetas) y la compañía de vinos Sur-Pérez Barquero (2.700 pesetas). O el Museo de Bebidas de Perico Chicote, un patrimonio histórico artístico, que fue dado por 40 millones al empresario naviero José Manuel Triana Souto, quien luego vendió a precio muy superior alguna de las cotizadas botellas a coleccionistas extranjeros. Otra de las grandes sospechas en las adjudicaciones fue la de Bodegas Franco-Españolas al empresario riojano Marcos Eguizábal Ramírez, un hombre próximo al PSOE que fuera presidente del equipo de fútbol Club Deportivo Logroñés, quien realizó una oferta por menos de 400 millones de pesetas. Otro chollo.

Hoy, con el paso de los años, ya nadie duda de que la reprivatización de Rumasa facilitó las especulaciones y los grandes pelotazos. Todo fortalecido por un despreocupado gabinete socialista, que no quiso asumir responsabilidades y de las que el propio Boyer se desprendió muy rápidamente quizá, más preocupado, de sus amoríos con Isabel Preysler.