El CGPJ mantiene las investigaciones abiertas sobre la polémica fiesta ilegal del juez Fiestras en plena pandemia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene abierta la investigación sobre las actuaciones del juez Ricardo Fiestras por su participación en una supuesta fiesta ilegal en Lanzarote el 18 de febrero de 2021, debido a las restricciones impuestas por el gobierno canario en esta isla durante el invierno, que se encontraba en nivel 4 de alerta sanitaria dada la alta incidencia de contagios por Covid-19 entre la población.

Este órgano judicial abrió las diligencias previas 63/2021 -según avanzó Confilegal- en el marco de la popularmente conocida como 'Operación Ágatha' en Lanzarote, a raíz de una denuncia del 28 de febrero interpuesta por el ex juez Ramiro Grau -documento al que ha accedido en exclusiva El Cierre Digital-, en la que afirmaba que "el juez Fiestras se pasó el estado de alarma por el arco del triunfo", en relación al presunto incumplimiento de las normas Covid-19 durante esta fiesta ilegal por parte de este titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife.

Ramiro Grau, abogado en ejercicio en la actualidad -tras dejar su carrera como juez y fiscal-, puso en conocimiento del CGPJ, a través de la información recabada de diversos medios de comunicación, que el juez Fiestras se encontraba participando en esta fiesta ilegal en una lujosa vivienda en Cortijo Viejo (Yaiza), a pesar de las restricciones del confinamiento en Lanzarote.

La Guardia Civil pilla al juez 

En esos momentos, Fiestras se vio sorprendido por los Agentes del Grupo de Intervención Rápida de la Guardia Civil (GIR), quienes se personaron alertados por los vecinos de la zona que denunciaron los hechos ante el 112-Canarias, alertados por el volumen de la música de esta reunión social. Fuentes cercanas a la denuncia señalan a elcierredigital.com que los vecinos también procedieron a la captación de vídeos de la fiesta, publicados en Instagram por los amigos del juez.

Entre la comitiva festiva de Fiestras se encontraba su propia pareja y también su amigo Fernando Becerra, quien ha sido condenado a un año de cárcel y 100.000 euros de multa, con un pacto de conformidad con la Fiscalía, al admitir un delito de cohecho en el 'caso Unión', una macrocausa judicial de corrupción urbanística en Lanzarote.

El incumplimiento del confinamiento fue propuesto para sanción por la Guardia Civil pero, sorprendentemente, Fiestras y sus amigos se molestaron, denunciando a los agentes de la Benemérita intervinientes y, al parecer, según informan fuentes cercanas a estos amigos del juez, recurriendo la sanción administrativa propuesta por los guardias civiles.

Detención del Juez de Instrucción Ricardo Fiestra.

El ex juez Grau, en calidad de abogado denunciante contra este escándalo del juez Fiestras, se presentó ante el CGPJ como "cooperador de la Administración de Justicia, por haberme producido vergüenza ajena los hechos relatados en las noticias, a los efectos que procedan en Derecho, incluidos los disciplinarios", dijo en el documento de esta denuncia que obra en poder de este medio.

Críticas al juez

Igualmente, cabe recordar que también en su día el Delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, hizo hincapié sobre las prohibiciones respecto a este tipo de encuentros privados festivos de carnaval, y señaló públicamente la fiesta ilegal en la que participaba el juez Fiestras como un hecho "incomprensible" porque "entrañaba un riesgo innecesario". "No entiendo cómo la gente todavía hoy sigue cometiendo esos errores", espetó Pestana. Para más publicidad, la fiesta se hizo viral en medios de comunicación y redes sociales.

Grau aporta publicaciones de El Cierre Digital

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, en base a esta denuncia de Ramiro Grau, dictó un acuerdo el 2 de marzo de 2021 para incoar la Diligencia Informativa 63/2021, pero además, este abogado incorporó a este expediente instruido por el CGPJ -el pasado 17 de mayo-, una publicación de elcierredigital.com en la que se revelaba la actuación impecable por parte del GIR de la Guardia Civil que intervino en la fiesta del juez Ricardo Fiestras.

Expresamente, Grau se dirigió en estos términos al CGPJ: "...Si recuerdo haberles enviado un artículo del diario El Cierre Digital, poniendo de chupa de dómine a un Juez de Lanzarote, por actuaciones presuntamente irregulares del mismo, incurriendo en un posible abuso de autoridad en sus relaciones con la Guardia Civil/.../Puse una queja contra ese Juez, básicamente por su forma de actuar, pasándose el estado de alarma por el arco del triunfo, realizando fiestas en su chalet, incumpliendo los aforos, motivando las quejas de los vecinos [...] Había un clima de malestar público y publicado sobre las 'actuaciones' extra profesionales de un señor que, encima, es un Juez de Instrucción".

Abuso de autoridad

El CGPJ incorporó a esta Diligencia Informativa 63/2021 otra solicitud de investigación interpuesta el 20 de abril en relación a esta polémica fiesta ilegal, pero también respecto a otro presunto conflicto añadido a este caso. Al parecer, durante la intervención de los guardias civiles del GIR en la citada fiesta, "este magistrado [Ricardo Fiestras] hizo valer su condición de funcionario judicial ante estos agentes de la Guardia Civil", según indican fuentes consultadas cercanas a este altercado.

"Se produjo un enfrentamiento dialéctico entre el juez Fiestras con estos agentes de la autoridad", relatan. Sin embargo, "esta confrontación no impidió que estos guardias propusieran para sanción a este juez".

Igualmente, se solicitó una investigación ante el CGPJ en base al Código Ético y Régimen Disciplinario de Jueces y Magistrados "por presunto abuso de la condición de juez y provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades", en relación a otro altercado más, acaecido el 31 de marzo, entre trabajadores de Seguridad del Aeropuerto de Lanzarote con este mismo juez, al sorprender a Fiestras, presuntamente, en un área destinada únicamente a pasajeros mientras que él solo iba en calidad de acompañante, momento en el que este magistrado "podría haber hecho uso de su condición de juez, incluso como juez de guardia", relatan testigos a ElCierreDigital.com.

El CGPJ permite recurso tras el archivo

El Consejo General del Poder Judicial, ante estas peticiones de investigación, tras requerir al juez Ricardo Fiestras, quien ha negado los hechos y basa su defensa en "su vida privada" para obviar su condición de magistrado en este asunto, ha resuelto 'dar carpetazo' a las diligencias al considerar que "estos incidentes se han producido en la esfera privada de este juez", pero también reconoce la posible vía administrativa de sanción en función de estos sucesos. Esta misma vía sancionadora es la que propusieron los agentes de la Guardia Civil.

A pesar de que el máximo órgano judicial acordó archivar las diligencias el pasado 25 de junio, ha dejado abierto el plazo de un mes para el correspondiente recurso de alzada ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Grau recurrirá ante el CGPJ 

ElCierreDigital.com avanza en exclusiva que, el abogado denunciante, Ramiro Grau, recurrirá este archivo del CGPJ pues considera tener "derecho a denunciar, porque los ciudadanos tenemos derecho a tener jueces en condiciones".  "Los españoles no tenemos porqué sufrir a miembros del poder judicial prepotentes y engreídos", señala en este medio.

Grau también recuerda que "ha interpuesto otras denuncias contra ciertos jueces que, finalmente, resultaron sancionados, aunque con sanciones muy pequeñas, porque entre los jueces son corporativistas, se protegen en función de la asociación a la que pertenecen que, sumado a la falta de renovación del CGPJ, provoca que su propio órgano sancionador parezca que se sienta deslegitimado".

Por otra parte, también serán recurridos ante el CGPJ los altercados relativos a los incidentes con agentes de autoridad y el presunto abuso de autoridad por parte del magistrado Ricardo Fiestras. En su día se solicitaron ante este Órgano las grabaciones de las cámaras de seguridad de Aena en el Aeropuerto de Lanzarote para poder verificar los testimonios de los trabajadores que confirman el altercado con el juez.

Vivienda polémica

En cuanto a la relación del juez Ricardo Fiestras con el empresario condenado, Fernando Becerra, se solicitó al CGPJ que se averiguara si "este magistrado sufragó su estancia en esta vivienda de lujo, objeto de la celebración de la fiesta ilegal o, si por el contrario, podía haber recibido, presuntamente, alguna dádiva en relación a esta casa", algo que este órgano judicial no ha investigado, según consta en estas diligencias.

El polémico apartamento. 

Tampoco el CGPJ ha indagado sobre la relación del apartamento vacacional que Fiestras aportó como localización para la notificación de expediente sancionador propuesto por los guardias civiles que, según informan vecinos, gestiona comercialmente su propio amigo Becerra.

Además, algunos testimonios vecinales sostienen protestas por ciertas obras acometidas en este apartamento gestionado por Becerra, pues "se transformó el garaje de este edificio en esta vivienda vacacional", lo que podría conllevar a un incumplimiento de las condiciones de habitabilidad, al estar siendo explotado como vivienda por el empresario Becerra, según argumentan estas mismas fuentes.

Finalmente, en el Registro de la Propiedad de Tías este apartamento vacacional comercializado por Fernando Becerra "figura como garaje". La propiedad, a nombre de un particular, presuntamente da vía libre a la gestión empresarial de Becerra, pendiente de confirmar, por otra parte, si este presunto negocio de Becerra pudo ser residencia temporal del juez Ricardo Fiestras.

Por ello, se volverá a insistir ante el CGPJ que se investigue "si existe algún presunto trato de favor entre Fiestras y Becerra".