Pablo Iglesias y Enrique Santiago denuncian una guerra judicial contra la izquierda española y latinoamericana

El descabalgamiento político del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la inhabilitación de Isabel Serra y Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, ha provocado que en la izquierda latinoamericana y española florezca la hipótesis de que la derecha practica una guerra jurídica contra cargos electos.

Pablo Iglesias asegura que existe una lawfare (guerra judicial) en la que "poderes mediáticos se alían con autoridades judiciales para ganar de manera ilegal en los juzgados lo que no pudieron ganar en las urnas".

Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030, afirma que "las guerras jurídicas han sustituido con toda desfachatez a los antiguos golpes de Estado, y lo hacen con una fachada supuestamente más democrática y más institucionalizada".

El también secretario general del PCE dice que "los jueces de hoy actúan como los militares de ayer" y cree que el Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el primer confinamiento en plena pandemia, se ha convertido en "la tercera cámara legislativa" junto al Congreso y Senado.

El PCE asegura que "fue una guerra judicial la que apartó a Lula de una victoria en las presidenciales de Brasil, metiéndole en la cárcel tras un juicio sin pruebas y una sentencia de 12 años de prisión. No pasaron 2 años para que la justicia brasileña le devolviera la libertad con un 'nos hemos equivocado'".

Santiago dice que "Lula sólo fue una víctima más de estos golpes de estado del siglo XXI que también actuaron contra Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Fernando Lugo, Evo Morales y Jorge Glass, que aún sigue en la cárcel".

Santiago e Iglesias. 

En un acto sobre este tema, al que acudió el expresidente ecuatoriano Rafael Correa,  este aseguró que "el lawfare o guerra jurídica se ha constituido en los últimos años en un fenómeno de gran trascendencia, tanto por la generalización de sus métodos como por su significativo impacto en el devenir político, económico, social y cultural en nuestro país en particular, y en América Latina en general".

También se dijo que es "la utilización del aparato jurídico y legal de los Estados en función de concretar políticas regresivas en materia de derechos humanos". En el caso de la Argentina, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, “la estrategia de 'guerra jurídica' se volvió una práctica sistemática".

'Lawfare'

La prestigiosa página geopolítica El Orden Mundial explica que el lawfare "hace referencia al uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law ('ley', 'derecho') y warfare ('guerra', 'conflicto'), y se traduce del inglés como 'guerra jurídica'. Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y a la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho".

"En definitiva, es el arma política para tratar esas mismas cuestiones por vía judicial. Entre las tácticas más habituales del lawfare están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos", añaden.