12 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Ha cobrado unos 300.000 euros de su grupo en el Ayuntamiento de Madrid tras salir de la cárcel en el 2013 y su ficha penal acabó en España en 2018

La historia de Ángel Carromero, el asesor con antecedentes penales hasta el pasado año, que maneja en la sombra los hilos del PP de Madrid

Carromero custodiado por policías cubanos.
Carromero custodiado por policías cubanos.
Ángel Francisco Carromero Barrios es el hombre que mueve los hilos del PP de Madrid en la sombra, con antecedentes penales hasta 2018, fruto de una condena de 4 años de cárcel por homicidio involuntario. Desde 2013 trabaja como influyente asesor del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid, una "patata" caliente para el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, que deberá decidir si éste continúa prestando servicio y cobrando en esta nueva legislatura.

Ángel Francisco Carromero Barrios se afilió con tan solo 18 años a las Juventudes del Partido Popular (PP) en el distrito madrileño de Salamanca, el barrio más conservador de la capital. Desde entonces ha hecho carrera en este Partido, a la sombra de su "protector" Pablo Casado. Asi, cinco años más tarde ya se había convertido en un liberado político, gracias al amadrinamiento de la entonces lideresa madrileña Esperanza Aguirre. Poco a poco consiguió ser uno de los hombres más fieles de Pablo Casado en las Nuevas Generaciones del PP, un órgano que entonces controlaba el hoy presidente popular.

Pero su vida cambió radicalmente a raíz de su implicación en Cuba en el denominado "caso Oswaldo Payá", conocido popularmente como "caso Carromero". La muerte del líder de la oposición anticastrista en accidente de tráfico en el vehículo que conducía Carromero por las carreteras de la isla caribeña, supuso el inicio de su etapa más difícil y dura.

Ángel Carromero fue sentenciado y condenado por un Tribunal cubano por homicidio involuntario a cuatro años de prisión. La condena se dictó el 15 de octubre de 2012. La ejecución de la misma se produjo en una prisión cubana y el 29 de diciembre del mismo año, el Ministerio de Asuntos Exteriores Español,  controlado por el popular José Manuel García-Margallo, consiguió que el preso Carromero fuera trasladado a una cárcel española para cumplir la pena.

Tras su aterrizaje en España, fue internado en la prisión de Segovia hasta que le fue otorgado el tercer grado penitenciario por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 12 de enero de 2013. Sólo tenía que ir a dormir al centro de régimen abierto Victoria Kent, de lunes a jueves, hasta que le pusieron una pulsera telemática y no volvió jamás a la cárcel. Lejos de conformarse con la suerte de haber podido cumplir condena en España, Carromero solicitó al Gobierno el indulto, basándose en una condena impuesta por otro gobierno, cosa que no logró.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó en marzo de 2013  el indulto y explicaba que "practicada la liquidación de condena, aparece que estuvo (Carromero) en prisión provisional desde el 23/07/2012 hasta el 28/12/2012 iniciando el cumplimiento de la pena el 29/12/2012, fecha en la que fue trasladado a España para cumplir la pena impuesta por las autoridades judiciales cubanas, en virtud del artículo 13 del Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba (...)".
 
La misma Sala informaba que "desde su traslado a España se encuentra en tercer grado" y añadía una crítica: "El Centro de Inserción Social Victoria Kent informa sobre una conducta correcta, y respecto a la prueba del arrepentimiento, refiere como no ha mostrado o manifestado ningún signo en tal sentido referente a los hechos condenados en sentencia".
 
El dictamen del Tribunal para negar el indulto a Carromero estaba apoyado en un informe de la Dirección General de Tráfico: "El solicitante del indulto ha acumulado en los últimos años (2009-2012) seis sanciones administrativas por incumplimiento reiterado de las más elementales normas de circulación y, a la fecha de comisión de los hechos, ya había sido acordada con carácter provisional la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir" y la conclusión dictada por la Audiencia que recogía que "Este Tribunal, en su misión meramente informativa, estima del estudio del presente expediente que NO encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia para conceder el indulto interesado a favor de Ángel Francisco Carromero Barrios".

Primera página denegatoria del indulto.

Pero la importancia de esta condena para la vida política de Carromero es que según el artículo 136 del Código Penal, tuvo antecedentes penales hasta octubre 2018. La condena concluyó en 2016. Se suscribió un memorándum con el gobierno cubano para el cumplimiento de una pena en el extranjero en territorio español. Aunque el artículo 136 del Código Penal señala en su apartado D que los antecedentes penales para una condena "igual o superior a tres años" se cancelan a los cinco años a Carromero se le aplicó el apartado B de dicho artículo 136 que señala que la cancelación de los antecedentes penales se efectuará "a los dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes". Como tal se le aplicó así a su condena en Cuba, trasladada a España por homicidio imprudente.

La Audiencia Nacional se pronunció negativamente sobre indultar a Carromero.

Los antecedentes penales de Ángel Carromero le impedieron ejercer actividades relacionadas con menores en la función pública, como ser consejero de Educación o Director General de Juventud. Tampoco pudo tener cargos directos relacionados con la Justicia o en temas de Seguridad.

Profesional de la política

Ángel Carromero no compaginó muy bien del todo su carrera política con su época de estudiante, aunque su biografía oficial específica que se licenció en Derecho en la Universidad Católica de Ávila y cursó un módulo de Finanzas y Relaciones Internacionales en la Fordham University, de Nueva York.

Sin embargo, no siguió con su trayectoria académica y comenzó a vivir profesionalmente de la política. El 15 de enero de 2009, con 23 años, se convirtió en asesor de la concejala del PP en el distrito madrileño de Moratalaz, Begoña Larraínzar, con un sueldo de 46.625 euros al año. Con anterioridad había sido consejero técnico de la Junta Municipal de Latina, entre diciembre de 2008 y junio  de 2011, además de vocal vecino del PP en la Junta Municipal del distrito de Salamanca, hasta enero de 2009.

Antes de ser asesor municipal, Carromero era dueño de un gimnasio que abrió en el verano de 2009 en el distrito madrileño de Salamanca, donde vivía. Entonces ejercía como administrador único de la sociedad Lostic Investment S.L. que traspasó a su madre en marzo de 2010.

Àngel Carromero, Ana I. Pérez, Cristina Cifuentes y Pablo Casado.

Sólo pocos días después de salir de la cárcel, en febrero de 2013, se instaló de nuevo como asesor del grupo municipal del Partido Popular en el Consistorio madrileño con un sueldo de 53.589,06 euros anuales. Fue la entonces alcaldesa Ana Botella, esposa de José María Aznar y primer edil de la capital de 2011 a 2015, quien le dio cobijo y lo volvió a situar en la primera línea de la política de la formación conservadora en Madrid.

Así, en octubre de 2013 fue elegido por unanimidad Secretario General de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular en Madrid, el segundo puesto de mayor poder tras la presidenta Ana Isabel Pérez. También se le criticó que continuara en el puesto tras haber cumplido los 32 años, el 12 de noviembre de 2017, edad máxima para formar parte de esta organización juvenil del PP. 

Ángel Carromero enseña la fotografía del coche siniestrado en Cuba.

Pero Carromero saltó a la fama nacional por el accidente de circulación que sufrió en Cuba y que acabó con la vida de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Ángel Carromero, que conducía, y el dirigente de la Juventud Cristiano Demócrata de Suecia, Aron Modig, que también viajaba en el coche solo resultaron heridos.​

El gobierno de Cuba acusó entonces a Carromero de estar en la isla para financiar ilegalmente a la oposición con fondos del Partido Popular (PP) y otros partidos conservadores europeos. Carromero corría el riesgo de ser procesado como extranjero involucrado en actividades políticas ilegales, con penas de hasta 20 años de cárcel, según el artículo 91 del código penal cubano que recoge "sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte"

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