El 'experimento Bukele': La iniciativa que podría convertir el Bitcoin en la moneda legal de Centroamérica

La arriesgada iniciativa de Nayib Bukele, aprobada vía exprés por su Parlamento, podría extenderse por toda Centroamérica. El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo que convierte la criptodivisa Bitcoin en moneda de circulación legal, una maniobra de la que ya alertan organismos internacionales pero cuya resonancia parece está atrayendo la atención de sus países vecinos. De hecho, Panamá estudia implementar la medida.

La ley, aprobada el pasado nueve de junio y que da a este tipo de criptoactivo curso legal y libre convertibilidad con el dólar estadounidense, moneda oficial del país desde el año 2000, pretende potenciar el mercado de remesas de sus emigrantes, “la inclusión financiera y el desarrollo económico” mediante una reducción en los costes de transacción. En este sentido, cabe señalar que el país recibió en 2020 unos 6.000 millones de dólares en concepto de remesas de salvadoreños en el exterior, un 24% de su PIB.

Para ello, el Estado asegura que garantizará la convertibilidad de los billetes americanos a través de un fideicomiso en uno de los bancos estatales. No obstante, el decreto a través del cual se aprueba esta medida deja algunas dudas al respecto. En primer lugar, un documento de tres páginas y dieciséis puntos no parece suficiente para responder a un cambio de tal envergadura, pionero a nivel a mundial y cuyas consecuencias para la economía son, de momento, difíciles de calcular.

Destaca, por ejemplo, que se deje claro que el tipo de cambio del Bitcoin y el dólar lo establecerá "libremente el mercado", con los riesgos que ello entraña dada la alta volatilidad de las monedas digitales. O que se establezca que todo agente económico deberá aceptar este medio de pago, aunque en este sentido se detalle que quedan exentos de tener que aceptar Bitcoins los que "de forma notoria y evidente" no tengan acceso a las herramientas tecnológicas que permitan la transacción, unos utensilios que el Estado se encargará de promover y extender.

La norma también libera al bitcoin de cualquier cargo adicional sobre las ganancias del capital, como cualquier otra moneda de curso legal, y anuncia la creación de un fondo que garantice el acceso de los ciudadanos, además de dejar claro que no será un sustituto del dólar sino otro activo en el sistema.

No obstante, que todos los que participen en la economía deban aceptar la criptomoneda ha suscitado la polémica y hay quienes cuestionan la medida porque pone en duda la libertad de elección.

En este sentido también se han pronunciado de forma crítica diversos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que ha advertido sobre los “significativos riesgos” de la iniciativa. Según el portavoz, Gerry Rice, serían necesarias medidas efectivas de regulación para responder a los cuestionamientos macroeconómicos, financieros y legales.

El Banco Mundial también ha expresado sus dudas, motivadas por lo que cree que es una falta de transparencia. Y es que fomentar la “bitcoinización” es formalizar legalmente el uso de una red de pagos en la que el rastreo de transacciones por parte de bancos centrales no es tan fácil y el bloqueo de las mismas es, hasta ahora, imposible. “Las criptos son demasiado volátiles y peligrosas como para que puedan cumplir las funciones básicas del dinero como reserva del dólar, medio de intercambio y unidad de cuenta” alertaba Carlos Alvarado, expresidente del Banco Central.

Criptomonedas. 

No hay que olvidar que tanto el Bitcoin como otros criptoactivos son elementos de especulación inversora de extrema volatilidad, cuyo valor depende prácticamente de forma exclusiva de la confianza de sus usuarios, de su popularidad y de su utilidad, que ahora mismo es mínima. Por si fuera poco, su custodia no está regulada ni supervisada, por lo que la pérdida o robo de las claves privadas puede suponer el menoscabo de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas, tanto si se gestiona personalmente como si su salvaguarda se deja en manos de terceros. Sin ir más lejos, el año pasado los robos en criptomonedas por parte de hackers superaron los 1.400 millones.

Asimismo, y como consecuencia de su propia naturaleza, desregulada y privada, son propicias a protagonizar operaciones cuestionables o incluso delictivas. No es ningún secreto que sirven de medio de pago en la ‘darknet’ para transacciones de artículos tales como drogas ilegales, armas y otros bienes restringidos.

Aún así, parece que la euforia suscitada en torno a la ley de Bukele ha atraído a países del entorno, y el diputado panameño Gabriel Silva ha asegurado en su cuenta de Twitter que propondrá una ley similar a la de El Salvador para introducir las criptomonedas en la economía de Panamá.

Del mismo modo, el diputado Carlos Rejala, de Paraguay, también aboga por una legislación benigna con el Bitcoin y otras criptos alegando que, si se consigue atraer la inversión de un sector que mueve miles de millones de dólares, el PIB de Paraguay puede aumentar enormemente.