La empresa gestora del agua de Barcelona bajo sospechas de irregularidades

Una nueva polémica salpicará en los próximos días el Abemcla, la sociedad de propiedad mixta (pública y privada) que gestiona el agua de Barcelona, llamada "Aigües de Barcelona y la Empresa Metropolitana del Cicle Integral de L´Aigua S.A." (Abemcla). Esta empresa mixta está formada al 15 por ciento por una empresa pública, el Área Metropolitana de Barcelona, al 70 por ciento por la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) y en otro 15 por ciento por la empresa privada Criteria, un holding de inversiones de La Caixa.

La empresa mixta da servicio a tres millones de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona, incluida la capital catalana e ingresa unos 350 millones de euros anuales. Se puso en marcha el 1 de agosto de 2013 después de que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), bajo la etapa en la alcaldía de Xavier Trias y con los votos a favor de CiU y PSC decidiese aliarse con Agbar y Criteria. Las abstenciones de PP y ERC sirvieron para aprobar dos documentos claves en la constitución de esa sociedad, una Memoria y un Convenio.

Ada Colau, presidenta del AMB y alcaldesa de Barcelona.

Pero esos documentos ya contaron con la postura contraria de la Agencia Catalana del Agua y otras empresas privadas del sector. Todas protestaron por varias irregularidades desde el principio, como la ausencia de un procedimiento de concurrencia pública para la concesión del servicio de agua y denunciaron la situación ante la Justicia. El AMB argumentó públicamente entonces que sólo había un licitador para dar el servicio, que era Agbar, al haberlo prestado con un contrato de prestación de servicio durante años.

En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su Sala de lo Contencioso-Administrativo sentenció la nulidad de la Memoria y el Convenio y anuló la concesión realizada de manera directa, pero la sentencia no se declaró firme y Aguas de Barcelona (Agbar) la recurrió en casación ante el Tribunal Supremo en Madrid. Extrañamente el AMB, presidido por la alcaldesa Ada Colau, no recurrió. Quizás porque cobra 20 millones de euros anuales por la concesión del servicio.

Así el problema llegó a Madrid y el 25 de mayo de 2017 el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo levanto actas de los acuerdos del análisis del carácter público o privado de los caudales de una sociedad mixta. Se trataba de dilucidar por parte del Alto Tribunal si la empresa tenía carácter público o no, para determinar los posibles delitos de malversación de caudales públicos.

Además, en el caso de Abemcla concluyen varias circunstancias que hacen pensar que la empresa está afectada por un carácter público en su totalidad no solo por el 15 por ciento de su capital público. El Tribunal Supremo explicó entonces en su decisión de estudiar el recurso que "los bienes afectados, caudales o cualesquiera otros de cualquier índole que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el Estado u otras Administraciones u Organismos Públicos, deben tener la consideración de patrimonio público y por tanto, pueden ser objeto material del delito de malversación siempre que concurra alguno de los supuestos siguientes".

Asimismo, el Alto Tribunal enumeraba entonces seis supuestos, de los que Abemcla cumple al menos dos, "que el objeto de la sociedad participada sea la prestación, directa o indirecta, de servicios públicos o participación del sector público" y "que la sociedad mixta se encuentre sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fiscalización del Estado o de otras Administraciones Públicas" y ambas circunstancias concurren. Hasta el momento Abemcla continúa dando servicio de aguas en Barcelona a la espera de la decisión definitiva del Tribunal Supremo, que lleva más de tres años dado vueltas de Sala en Sala sin que ninguna se pronuncie.

Uso irregular de fondos

Durante las próximas semanas elcierredigital.com publicará las pruebas del presunto uso irregular que Abemcla ha hecho de algunos fondos, con el consiguiente detrimento de los fondos públicos, como viajes de ocio sin justificación posible, pagos de eventos y festejos populares a ayuntamientos, gastos injustificables en publicidad y propaganda, prebendas para algún municipio o el gasto de 25 millones de euros en Investigación y Desarrollo en solo seis años, donaciones millonarias a dos fundaciones, pagos en cheques gourmets, o el gasto mensual en know how que asciende a 850.000 euros que se paga al socio mayoritario, Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar). El agua en el entorno de Barcelona es de las más caras de España, con una media de 1,91 euros el metro cúbico, frente a lugares como Soria, Guadalajara o Vitoria, donde cuesta menos de 1,30 euros el metro cúbico.

Ángel SImón, presidente de SGAB y Abemcla.

El know how hace referencia a una forma de transferencia de tecnología y se utiliza habitualmente en comercio internacional para denominar a los conocimientos que incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados, como clientes o proveedores y Abemcla se gasta unos 60 millones de euros al año en empresas del grupo Agbar por este concepto. Es decir, que paga a su propio socio mayoritario, que además de los ingresos comunes por el servicio de agua incluye estos otros por una prestaciones que antes eran inexistentes.

Ese servicio no existía antes de la creación de Abemcla y por tanto, ese gasto es nuevo y se ha incrementado en el presupuesto de Abemcla, que naturalmente, contribuye al incremento del precio del agua en la factura. Cierto es que ningún miembro del consejo de Administración de Abemcla cobra, ya que comparte gestión con SGAB, con Ángel Simón, su presidente, a la cabeza.

Sin embargo, todos los directores de la empresa, un total de nueve, cobran sueldos en torno a los 100.000 euros mensuales, en total, 995.000 euros anuales para todos. Quien menos cobra es la titular de la Dirección de Clientes, que percibe 92.918,52 euros brutos anuales y quien más el Director General, con un sueldo de 146.290,70 euros. La paradoja es que el grupo Abemcla paga a empresas del grupo Agbar para que investigue y luego paga de nuevo para que le cedan el "know how" fruto de esas investigaciones.

Elcierredigital.com también contará el destino de 1.025.000 euros que se gastaron en 2017 en abogados y procuradores, la mayor parte en pleitos contra la Generalitat de Catalunya para recurrir las tarifas, en su mayor parte.