El doble crimen de Almonte cometido en 2013 llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos seis años después

Los familiares de la niña de 8 años y su padre, asesinados en abril de 2013 en la localidad onubense de Almonte, presentaron el 16 de abril de 2019 una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional por entender que, durante el procedimiento judicial que exoneró al único acusado del doble asesinato de Miguel Ángel y María Domínguez el 27 de abril de 2013, Francisco Javier Medina, de 35 años, se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación particular ejercida por los familiares de las víctimas.

Padre e hija, victimas de un asesinato que todavía no ha encontrado el culpable judicialmente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había dado la razón al encausado en el recurso contra la sentencia de no culpabilidad, que presentaron los familiares de las victimas. También acudieron al Tribunal Supremo que desestimó su reclamación.

El abogado de la familia, Luis Romero, precisaba que la sentencia dictada entonces por la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmando la inocencia de Medina "no está suficientemente motivada por no responder adecuadamente a todos los planteamientos efectuados por esta parte en su recurso de casación ni tampoco a los argumentos expuestos en su escrito de adhesión por el Fiscal del Tribunal Supremo", según recogía el Huelva Información.  Y presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional.

Anibal Domínguez, portavoz de la familia y hermano del asesinado.

Finalmente, la sección Primera de la Sala Primera del Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el abogado de la familia Domínguez. Los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan José González Rivas y Alfredo Montoya Melgar expusieron en el breve documento firmado el 5 de julio que la Sala "ha examinado el recurso y ha acordado no admitirlo a trámite, toda vez que se ha incurrido en el defecto insubsanable de no haber satisfecho en modo alguno la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso", entendiendo que esta "requiere, ante todo, una argumentación específica". Cierto es que la estadística de recursos de anticonstitucionalidad refleja que solo son admitidos entre el 2 y 3 por ciento anualmente.

La familia de Miguel Ángel y María llevará el caso ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así lo ha confirmado Anibal Domínguez, hermano y tío de la víctimas a elcierredigital.com. El plazo para hacerlo son seis meses y es la última oportunidad de la familia Domínguez de obtener Justicia. Tal y como ya contamos un nuevo grupo de investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) retomó el caso desde el inicio para ver los fallos de la instrucción, si los hubiera y todo lo que se pudo pasar por alto a los primeros investigadores para tratar de encontrar alguna pista nueva.