Denuncian el reparto arbitrario de casi un millón de euros en 'pagas extras' a determinados funcionarios de prisiones

El sindicato de prisiones Acaip ha denunciado ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige el exmagistrado Ángel Luis Ortiz González, ha otorgado "de forma arbitraria y opaca" cerca de 900.000 euros a determinados funcionarios sin ninguna norma establecida en su reparto.

De los 22.000 funcionarios de prisiones solo unos cuantos 'privilegiados' han visto reforzada su nómina con una paga añadida de 375 euros. Así, por ejemplo, se ha denunciado que la dirección del Centro Penitenciario de Picassent (Valencia), que comanda Jesús Sánchez-Gadeo, ha otorgado "de forma arbitraria y opaca" esta ya famosa paga extra de 375 euros a tan solo 45 funcionarios de esa prisión.

En su comunicado, Acaip señala que solo 45 funcionarios han sido los 'privilegiados' sobre un total aproximado de 900 trabajadores que componen la plantilla del centro penitenciarios valenciano. Estos recibieron el pasado mes de diciembre la paga en concepto de "productividad coyuntural".

El sindicato Acaip, en su denuncia ante la Audiencia Nacional, señala que si bien es cierto que Instituciones Penitenciarias informó, en la reunión celebrada con los sindicatos el pasado 15 de noviembre, que había un remanente de productividad de entre 800.000 y 900.000 euros no se les informó cómo se iba a proceder a repartir ese dinero sobrante entre los funcionarios. Ni que norma iba a ser la escogida por cada centro.

Por parte de Acaip se indicó la posibilidad de repartir este montante económico entre los 22.000 trabajadores de prisiones que no hubieran estado de baja más de cinco días. Pero finalmente se ha concedido "como les ha dado la gana, a dedo y al mejor postor", afirman desde este sindicato a elcierredigital.com.

Denuncia interpuesta por ACAIP.

Las mismas fuentes señalan a este periódico que no se han establecido unos criterios lógicos (como, por ejemplo, llegar a determinados objetivos con las actividades que se siguen con los internos o programas de tratamiento, entre otros) para el reparto del remanente de la productividad. Por eso, Acaip ya ha denunciado judicialmente este reparto arbitrario de productividad vía el Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, "por violación de derechos fundamentales".

Por ejemplo, en el caso de la conflictiva cárcel valenciana de Picassent, una de las más mayoritarias de España, se decidió que el reparto del remanente de productividad se hiciera solo entre 45 funcionarios. Empleados públicos que a día de hoy todavía no saben cuál es su mérito para percibir esta paga extra.

Uno de los módulos de la cárcel de Picassent.

El sindicato Acaip señala que de haberse repartido este remanente consecuentemente entre todos los funcionarios de prisiones de España a cada uno le hubiera correspondido cerca de 40 euros de plus. Señalan que actualmente todavía no se sabe qué funcionario lo ha recibido y quién no, "ya que no hay ningún criterio lógico al respecto".

Un silencio cómplice

Desde Instituciones Penitenciarias han contestado que por la Ley de Protección de datos no se puede facilitar la identidad de las personas que lo cobran. Añaden que este pago de productividad se basa en que se ha apreciado en ellos "un especial rendimiento, actividad extraordinaria, interés o iniciativa en los ámbitos de programas, actividades, actuaciones y cumplimiento de objetivos reseñados en la misma resolución y que son especialmente relevantes para la Administración penitenciaria".

Pero, según el sindicato de prisiones, "la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido arbitrariamente que trabajadores son merecedores de este dinero, porque les ha dado la real gana". Por eso, "la identidad de los perceptores se mantiene en secreto ya que la Administración penitenciaria entiende que su conocimiento por el resto de los trabajadores podría ir en contra de ellos. Nosotros proponíamos un reparto equitativo con un criterio, por ejemplo, no estar más de cinco días de baja", asegura a elcierredigital.com un representante de este sindicato.

"No se pueden realizar interpretaciones parciales, retorcidas y manipuladas de la normativa vigente en materia de protección de datos para justificar este escándalo", añade. Y agrega que tanto Instituciones Penitenciarias como las Direcciones del Centro Penitenciario de Valencia y del Centro de Inserción Social Torre Espioca de Valencia  "han denegado las peticiones de información sobre la identidad de estos perceptores realizadas por las organizaciones sindicales, entre ellas Acaip, y por la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en la provincia de Valencia".

Una 'bufanda' navideña para los altos cargos 

También se ha denunciado que en el caso de los puestos directivos del centro penitenciario valenciano de Picassent se ha repartido entre ellos 'una 'bufanda' navideña que ha ascendido a 2.400 euros para cada uno de ellos.

"No estamos en contra de que trabajadores del centro perciban esas cantidades económicas, por supuesto que no, pero sí entendemos que todos tienen derecho a percibirlas, o al menos, a saber qué tienen que hacer para poder cobrarlas y así poder estar en igualdad de condiciones", aclaran los responsables de Acaip.

Estas resoluciones ya están recurridas judicialmente ante la Audiencia Nacional por entender que se ha producido una "vulneración de los derechos fundamentales, por falta de negociación, pero para nosotros lo fundamental es saber qué criterios han usado para el reparto".

"Mientras se otorgan estas gratificaciones arbitrarias, la Administración penitenciaria dice que no hay dinero para pagar un plus a todos los trabajadores que cada día ponen en riesgo su seguridad prestando servicio en los módulos que albergan a los internos más peligrosos, en los que los incidentes son contínuos", concluye. Ahora será la Audiencia Nacional la que decida.