Varapalo al euskera: La Justicia considera "imposición" pedirlo a transportistas escolares

A través de una sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado como "imposición" exigir el mismo nivel de euskera a los trabajadores de una empresa privada respecto a la administración pública con personal funcionario. Esta sentencia enjuicia en parte el recurso de una empresa que se presentó a un concurso para prestar un servicio de transporte escolar en Bizkaia.

El Gobierno vasco exigía en el contrato de la empresa de trasporte público a la empresa contratista que "en las relaciones entre el poder adjudicador (la administración) y la contratista se empleará normalmente el euskera". Para poder hacer esto "la empresa habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera necesarias para que la relación pueda desarrollarse" respecto a este idioma.

En lo que respecta a la empresa afectada, considera que "estas exigencias vulneran el principio de igualdad, no discriminación, libre competencia, seguridad jurídica y trasparencia". Además, sopesa que en todo caso, "es el ente publico el que estaría obligado a poner a disposición del contratista trabajadores con capacidad para hablar euskera" y no al revés.

Sentencia

Según El Diario Vasco, el pasado 17 de febrero, en la sentencia, los magistrados de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo daban la razón a la empresa demandante, considerando el tribunal que "no cabe imponer a los trabajadores de una empresa privada las mismas exigencias que a los empleados públicos en lo que a requisitos lingüísticos se refiere". Aunque no es firme, la sentencia indica que los empleados "ostentan el estatuto y la libertad de elección lingüística en sus relaciones con la administración", de acuerdo con la Ley de normalización del euskera de 1982.

Transporte escolar.

Hasta este momento, la Justicia solo había dictado algunas sentencias que normalizaban los requisitos lingüísticos  entre las empresas y los clientes, pero ahora, la Justicia establece la diferencia entre los "requisitos exigibles" al personal funcionario y a los trabajadores particulares. Según indica la sentencia a la que ha tenido acceso El Diario Vasco, "el derecho de los funcionarios a desarrollar sus actividades profesionales en euskera ha de garantizarse por la administración en su ámbito interno". Aún así, "no puede traducirse en una imposición para el resto de los agentes que se relacionan con los entes públicos".

Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno vasco, estima que la sentencia abre el debate sobre los "requisitos lingüísticos a una empresa privada en sus relaciones con la administración". Este miércoles, a través de EiTB, el portavoz ha explicado que el Gobierno vasco estudiará la posibilidad de recurrir la sentencia.