30 de noviembre de 2020
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FIN DE SEMANA

Avaló con ese terreno el 49 por ciento de una sociedad mixta para construir un gran aparcamiento subterráneo

El exalcalde de IU Julio Setién acusado de vender la Plaza de España de San Fernando de Henares

A la iquierda el exconcejal Joaquín Martínez y a la derecha, el exalcalde Julio Setién.
A la iquierda el exconcejal Joaquín Martínez y a la derecha, el exalcalde Julio Setién.
El juzgado de Instrucción número 5 de Coslada que instruye la causa contra el exalcalde de San Fernando de Henares Julio Setién y su concejal de Politica Territorial, Joaquín Martínez, por varios presuntos delitos como delito contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y delito contra el patrimonio histórico, entre otros, ha pedido a las partes presentadas que presenten formalmente su acusaciones para iniciar la apertura de juicio oral contra ambos expolíticos.

El 13 de abril de 2011 la asociación "El Molino de San Fernando" presentó una querella por un presunto Delito contra la Ordenación del Territorio contra varios responsables municipales. Cuatro años más tarde, en 2015,  se continuaron las diligencias y se concretaron contra el exalcalde de San Fernando, su concejal de Política Territorial, Joaquín Martínez, y un empresario, Victoriano Cuesta Álvarez.

Entonces el juez vio “indicios de criminalidad” en la cesión por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en 2008, de la plaza del pueblo para cubrir el capital de una empresa semipública creada con el fin de remodelar ese entorno. El Ayuntamiento era propietario del 49 por ciento de esa empresa que se apropió del espacio público de la Plaza de España en San Fernando de Henares y más en concreto de su subsuelo para construir un aparcamiento (prohibido por las normas urbanísticas), cuya venta habría reportado 23 millones de euros a esa mercantil mixta.

La Plaza de España de San Fernando de Henares.

La remodelación de la plaza del pueblo de San Fernando de Henares y del casi centenar de casas del XVIII que la rodean ha conducido a la ciudad a un callejón de difícil salida. Para gestionar la reforma, el Ayuntamiento, gobernado entonces por IU, creó la empresa mixta Plaza de España San Fernando S.L. El 51% del capital lo cubrieron los vecinos con sus viviendas, que recuperarían reformadas en 2011, y el 49% restante el Consistorio. Para poder aportar el capital que le correspondía al Ayuntamiento, el equipo de gobierno decidió poner a nombre de la empresa los 10.900 metros cuadrados de la plaza del pueblo (declarada Bien de Interés Cultural) y su subsuelo.

En la actualidad, los inmuebles y el aparcamiento están finalizados, pero nadie puede acceder a ellos porque están hipotecados por Bankia, entidad a la que la empresa debe unos 60 millones. La deuda total, incluyendo a otros acreedores, asciende a 94 mllones de euros.

En este contexto, el juzgado de instrucción número 5 de Coslada ya ha finalizado la investigación de una denuncia que interpuso hace nueve años la asociación cultural El Molino de San Fernando. El auto de procedimiento abreviado, con fecha 6 de mayo de 2020, concluye que de los hechos estudiados se desprende la existencia de posibles delitos por parte de Julio Setién (exalcalde), Joaquín Martínez (exconcejal de Política Territorial) y el empresario Victoriano Cuesta. A los dos políticos les imputa un delito continuado contra la ordenación del territorio, un presunto delito de prevaricación administrativa, un delito sobre el patrimonio histórico y otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En cuanto al empresario el juez le acusa de un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio.

Julio Setién con el bastón de alcalde.

En la instrucción ha quedado demostrado, dice el juez, que siendo alcalde Setién dio la plaza del pueblo y su subsuelo a la sociedad Plaza de España “sin la debida autorización”. Se necesitaba un permiso del pleno, que supuestamente se habría producido el 28 de mayo de 2008, pero el auto aclara que “no consta adopción de ningún acuerdo expreso”. El escrito judicial incide en que la Junta de gobierno local ocultó que la plaza ya no pertenecía al Ayuntamiento cuando aprobó el plan de reordenación del entorno y una modificación del plan general en octubre de 2009. “El propio imputado” el exalcalde, explica en el auto el juez que reconoció no existió autorización expresa.

Otro de los imputados, Joaquín Martínez Martínez, concejal y delegado de Política Territorial, otorgó presuntamente licencias de segregación y de obra a favor de la sociedad Plaza de España, de la que era consejero delegado, antes de que se hubiera modificado el plan general. Por lo tanto, las obras autorizadas eran “contrarias a la normativa vigente”. El decreto que firmó el exconcejal incluye la agrupación de fincas, entre ellas la plaza de España, además de la segregación de los terrenos en los que se han construido trasteros y plazas de garaje. Una actuación que tampoco estaba autorizada.

En cuanto a la participación del empresario Victoriano Cuesta, administrador mancomunado de la mercantil Woodman SL, en la actuación urbanística de la Plaza de España, el juez ha detectado que asesoró a los propietarios privados de las fincas afectadas por la remodelación sin que nadie se lo ordenara. También confeccionó documentos, estudios e informes para el Ayuntamiento, entre ellos uno económico sobre la iniciativa urbanística.

En ese documento, el empresario introdujo una previsión de 8 millones de euros en concepto de gastos de gestión, que corresponderían, dice el auto judicial, a “los honorarios que iba a percibir Woodman por su irregular intervención en la actuación”, habiendo recibido 3.600.000 euros por su intervención en el proyecto, según declaró en sede judicial Carmen Criado Alcázar, exasesora jurídica de la Alcaldía.

Joaquín Martínez, exconcejal y delegado de Política Territorial de San Fernando de Henares.

El juzgado recuerda que el Ayuntamiento inició el aparcamiento sin haber presentado ningún proyecto en la Dirección General de Patrimonio. Por lo tanto, indica el auto, se abrió un expediente contra el municipio por infracción administrativa en materia de patrimonio histórico. Tampoco el entonces secretario del Ayuntamiento, Amando Guillén advirtió de ilegalidad alguna.

 Dice el juez que "todas las actuaciones indicadas permitieron que presuntamente la mercantil Plaza de España de San Fernando S.L. se apropiase de un espacio público con la finalidad de poder construir en el subsuelo del mismo una serie de plazas d aparcamiento -prohibidas por la normativa urbanística vigente- con cuya venta podrían haberse obtenido 23.000.000 de euros (...)".

El auto también describe a nuevos imputados, como a Enrique Hermoso Lera, acusado de un presunto delito contra la ordenación del territorio y también como cooperador necesario en el mismo presunto delito, como "redactor del Plan Especial de Reparcelación denominado "Edificación y Rehabilitación de la UE-1 del PGOU de San Fernando de Henares", constando asimismo acreditado tal hecho con la documental aportada por su propia defensa letrada".

El escrito judicial también imputa a Carmen Criado y Ana María González Aguirre, "la primera de ellas fue asesora jurídica de la Alcaldía (...). La sra. González Aguirre, por su parte, fue Directora del Área de Política Territorial del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (...) Ambas imputadas firmaron los informes jurídicos de fechas 2 y 27 de julio de 2009 (...)". Las dos son acusadas de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Al exsecretario Amando Guillén Olcina se le acusa de "cooperador necesario en un presunto delito contra la ordenación del territorio y en un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos".

Contra este auto judicial se puede presentar recurso de reforma y de apelación.

 

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