01 de agosto de 2021
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EDICIÓN VERANO

La Audiencia Provincial confirma que el Pazo de Meirás es del Estado, aunque reconoce una indemnización a la familia Franco

Los Franco cifraron el mantenimiento del Pazo de Meirás en 300.000 euros anuales cuando intentaron su venta en 2018

El Pazo de Meirás ya se puede visitar.
El Pazo de Meirás ya se puede visitar.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado este viernes que el pazo de Meirás y sus fincas son propiedad del Estado y que los herederos de Francisco Franco deben desalojarla, tal y como dictó la juez de Primera Instancia en septiembre de 2020. De esta manera, la Audiencia desestima el recurso de la familia Franco, a la que reconoce el derecho a una indemnización por todos los arreglos realizados en la finca.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado este viernes que el pazo de Meirás y sus fincas son propiedad del Estado y que los herederos de Francisco Franco deben desalojarla, tal y como dictó la juez de Primera Instancia en septiembre.

No obstante, en la sentencia que ahora da respuesta al recurso de apelación presentado por los nietos del dictador tras una anterior sentencia desfavorable en Primera Instancia, se reconoce a la familia el derecho a ser indemnizada por las “múltiples obras” acometidas desde la muerte del Jefe del Estado. En concreto, en la sentencia se hace referencia a los gastos necesarios para “la rehabilitación y el mantenimiento” del inmueble, que sufrió un devastador incendio en 1978.

Vista aérea del Pazo de Meirás.

Este derecho existe, considera el tribunal, porque durante 45 años los Franco ocuparon la propiedad de manera “pacífica” y sin “mala fe”. Es decir, que no existen pruebas de que ellos supieran que el título de propiedad de su abuelo era inválido. Los jueces defienden que es “obvio” que si el edificio hubiera estado abandonado durante cuatro décadas “su estado actual sería ruinoso”. La cantidad que deberá abonar el Estado a la familia por estas “múltiples reparaciones” se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

El problema es calcular exactamente esos gastos. Por ejemplo, cuando en febrero de 2018 el Pazo se puso en venta por 8 millones de euros, la inmobiliaria Mikeli preguntó cuánto costaba el mantenimiento anual y la familia lo cifró entonces en 300.000 euros.

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