07 de julio de 2022
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FIN DE SEMANA

La Plataforma ‘Seguimos Viviendo’ reivindica frente a la sede de Derechos Sociales y Discapacidad los derechos de los afectados por el caso del aceite

Las víctimas de la colza se encadenan en la sede del IMSERSO para recordar su 'desamparo'

Víctimas del aceite de colza reivindican sus necesidades.
Víctimas del aceite de colza reivindican sus necesidades.
La Plataforma ‘Seguimos Viviendo’ sigue luchando por los derechos de las víctimas del aceite de colza. Para visibilizarlo, se han encadenado frente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El pasado 30 de mayo se reunieron con la Dirección General del IMSERSO y con la de Discapacidad y el 15 de marzo con Maite Ledo, directora del ministro Escrivá. En un comunicado han puesto de manifiesto las necesidades que todavía deben ser cubiertas para los afectados.

El pasado 30 de mayo la Plataforma ‘Seguimos Viviendo’ se reunió con la Dirección General del IMSERSO y con la de la Discapacidad, después de intentarlo durante años sin éxito, para discutir las necesidades de los afectados por el consumo de aceite de colza. Para ello, los afectados se encadenaron frente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. “El ministerio del que dependen dichas direcciones generales debería habernos conocido hace ya tiempo, según la sensibilidad que se le presupone. Al igual que los responsables de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto al de Sanidad, máximos implicados en las necesidades que desde hace 41 años seguimos sufriendo las víctimas de la colza, y con varios derechos conculcados frente al resto de la ciudadanía, entre otros, los referidos a seguros médicos, de vida, etc.”, expresaban en un comunicado.

En dicho escrito, además, ponían de manifiesto que las víctimas del síndrome del aceite tóxico (SAT) —enfermas, con diferentes grados de severidad, principalmente mujeres— que perciben ayudas siguen siendo obligadas a depender de sus maridos y familiares. “Queremos ser independientes, pero con la economía suficiente para vivir, necesitamos que se legisle de acuerdo con las necesidades que tenemos por el sufrimiento que seguimos soportando, de acuerdo a la sociedad actual”, ponían de manifiesto.

La plataforma ya mantuvo una reunión con María Teresa Ledo Turiel —directora de Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del ministro José Luis Escrivá— el pasado 15 de marzo, una en la que “todo fueron buenas palabras y ganas de agradar”, según explicaban, y en la que seguían sin darles respuestas “ni tomar decisiones que resuelvan” sus necesidades. Debido a ello, entregaron un documento solicitando varios puntos.

Las víctimas de la colza reivindican sus necesidades

El primero de ellos es la “reparación moral y homenaje de dignidad y respeto como Acto de Estado a víctimas, fallecidos, enfermos y enfermas, a nuestras familias, junto a los profesionales”, seguido del “reconocimiento como víctimas a nuestras familias, con nuestros derechos” y de la creación de un comisionado del SAT, víctimas de la colza.

Víctimas del aceite de colza.

Otro de los puntos que solicitaban era la “creación del Centro o Unidad de Referencia del SAT en el Hospital 12 de octubre en Madrid” y “que el Ministerio de Sanidad no siga eludiendo sus compromisos adquiridos por parte de la Sra. ministra Mª Luisa Carcedo y su responsabilidad, cuando la recomendación de quien conoce nuestra evolución, como es el Instituto de Enfermedades Raras Carlos III, así lo avala, encargado de nuestra vigilancia epidemiológica”.

Además, exponían la “ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 1999. Al dictar la Ley 55/1999 de 29 de diciembre de Medidas Fiscales administrativas y de orden social”. La Disposición Adicional 21ª de dicha ley “impone al Gobierno el estudiar la situación de los afectados por el SAT para establecer una cobertura económica y social, para aquellos que, tras percibir el importe determinado por la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo (26 de septiembre de 1997), se encuentren en situación de especial necesidad”. “Veinticuatro años después sigue sin cumplirse esta imposición legal y el colectivo de víctimas que, tras ejecutarse la sentencia penal, vimos reducido el importe de la indemnización. Al descontarnos lo percibido, no cobramos pensiones de invalidez y quedaron desprotegidos con las secuelas. Seguimos esperando la solución que proponemos al Estado: pensiones para permitir la independencia y autonomía que todo ser humano merece, sin estar ligado al vinculo económico familiar”, explicaban.

También ponían sobre la mesa que “las valoraciones de Incapacidad Permanente no deben ser un calvario para las víctimas enfermas que hicimos el esfuerzo de desarrollar una tarea profesional, entre demandas en Tribunales” y consideran que “la investigación de nuestra enfermedad es imprescindible. Con una dotación presupuestaria suficiente, nuestro Estado debe establecer los mecanismos necesarios”. Además, comentan que ahora tienen “una gran oportunidad con la posibilidad de los Fondos de Recuperación para la Investigación Sanitaria en Europa. Somos una enfermedad única en el mundo, no hay en otro lugar con quien podamos compartir experiencia, desafortunadamente”.

Entre sus últimas peticiones se encuentran “incluir el SAT en el baremo para la obtención del Grado de Discapacidad mediante la actualización (según Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre) del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía”; la “promoción y difusión de ‘Jornadas Estatales Médico-Científicas sobre el SAT’, con continuidad periódica y extensión a las diferentes Comunidades Autónomas” y la “igualdad a las víctimas del terrorismo en Derechos”.

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