El militante fascista Carlos García Juliá, detenido en Brasil, se había convertido en narcotraficante tras matar a los abogados de Atocha en 1977

El 24 de enero de 1977 Carlos García Juliá, de 24 años, en compañía de José Fernández Cerra y Fernando Lerdo de Tejada, todos militantes de Fuerza Nueva, irrumpieron  en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO y el PCE y mataron a los abogados Enrique Valdelvira Ibañez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de Derecho Serafin Holgado y a un administrativo que trabajaba en el despacho, Angel Rodríguez Leal.  Otra de las abogadas, Manuela Carmena, se libró al prestar aquel día su despacho para una reunión a otro de sus compañeros asesinado aquel día. Garcia Juliá  y sus compinches fueron condenados en 1980 a 193 años de prisión.

El 23 de septiembre de 1991, un juez decretó su libertad condicional tras 14 años de reclusión en la prisión de Villanubla (Valladolid). En agosto de 1994, el ultra solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido y García Juliá desapareció. Le quedaban por cumplir 3.855 días de condena

Ahora, pesaba sobre él una orden de extradicción de la Audiencia Nacional al gobierno de Bolivia. Porque dos años después de su huida de España Carlos García Juliá fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares, y encarcelado en la prisión de Palmasola, a 15 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Cuando la policía boliviana pidió información a Interpol española, se enteraron de que el detenido estaba en busca y captura porque un juez español había revocado su libertad condicional.

Carlos García Juliá junto a Blas Piñar en un mitin de Fuerza Nueva.

Pero García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a 6 años y 8 meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos.  El ultra se convirtió en el preso número 8981.

En 1998, García Juliá intentó fugarse de aquella prisión por un túnel que él mismo ordenó construir y financió de su bolsillo. Pero su tamaño –había engordado decenas de kilos desde que en los 70 era uno de los guardaespaldas personales de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva– le impidió llegar al exterior.

El fiscal Gordillo solicitó su extradicción en 1999

En abril de 1999 dos reporteros de la desaparecida revista Interviú lo encontraron y fotografiaron dentro de la prisión boliviana. El ultra había engordado, llevaba gafas oscuras y su guardaespaldas era un narco boliviano llamado Carlos Noguera, apodado Mil Caras.

Cuando se publicó el reportaje, el fiscal Ignacio Gordillo solicitó su extradicción y activó, supuestamente, toda la maquinaria judicial. Cuando el gobierno de Aznar quiso reclamar al ultra era 20 de abril de 2001 y García Juliá había aprovechado un permiso penitenciario para largarse del país en dirección a Brasil, según publicó entonces la revista.

Sus compinches corrieron diferentes suertes, Fernando Lerdo de Tejada huyó de la cárcel de Valladolid y se escondió en Paraguay y José Fernández Cerra cumplió 15 años de prisión y luego desapareció. El jueves, día del 40 aniversario de la Constitución española fue la Policía brasileña quien encontró milagrosamente a García Juliá.