La deriva de la empresa pública Correos: Le cortan el agua por impago de recibos en sus oficinas de Almería

La empresa pública estatal Correos no pasa por sus mejores momentos y el sindicato SIPCTE ha denunciado que la empresa Aqualia ha vuelto a cortarles el agua por impago de recibo en la provincia de Almería.

Como consecuencia de este nuevo corte, más de 80 empleados de varias unidades no pueden usar los servicios ya que estos no se pueden desinfectar. "No podemos usar los aseos y el olor en los baños comienza a ser insoportable, no tenemos agua ni para beber", aseguran.

El citado sindicato preguntó por escrito hace unos días a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos los motivos por lo que se ha cortado el suministro del agua a dos unidades de reparto aunque la empresa, según SIPCTE "sigue sin dar señales de vida y sigue sin contestar al sindicato".

Incumpliendo la ley

La central sindical ha recordado que "no es la primera vez que cortan el suministro del agua a Correos en Almería por falta de pago ya que el año pasado Aqualia también sucedió". Para el sindicato SIPCTE es muy grave lo ocurrido, ya que se puede estar comprometiendo la salud de los trabajadores, pues "la limpieza e higiene de estos centros de trabajo queda en entredicho por la falta del líquido elemento".

SIPCTE ha recordado que la empresa pública está incumpliendo el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, por este motivo el sindicato "valorará junto con los trabajadores llevar a cabo protestas así como poner estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, ya que entiende que no es de recibo que los trabajadores de la empresa pública sufran la negligencia o mala gestión por parte de los directivos de la empresa postal".

Derrota en los tribunales para Correos

La polémica del agua no es la única que salpica a Correos en la provincia andaluza, que ha visto como el titular del Juzgado de lo Social número 1 de Almería, Diego Zafra Mata, ha declarado improcedente la sanción de empleo y sueldo de seis meses impuesta por la dirección de la empresa pública a un cartero rural que se negó a repartir en una zona que no le correspondía.

Correos. 

SICPTE recuerda que "en junio del año 2020, Correos decidió ahorrarse la contratación por lo que la jefa de la unidad de Canjayar, siguiendo órdenes del Jefe de Sector exigió al cartero rural que se llevara el reparto de otra localidad".

El Juzgado de lo Social número 1 de Almería estima íntegramente la demanda del trabajador sancionado y señala en su resolución que no ha quedado acreditada "la certeza de los hechos imputados en la carta de sanción".

El sindicato ha celebrado "este nuevo varapalo judicial a Correos" y ha emplazado a la empresa pública estatal a que "no sobrecargue más al colectivo de trabajadores rurales de la provincia de Almería y que a la mayor brevedad cubra todas las plazas vacantes como la de Canjayar".